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4 Sep 2020 - 8:39 p. m.

Caso Uribe: Corte Suprema se apega al trámite y le pregunta al fiscal si se declarará impedido

Al recibir la recusación que presentó el senador Iván Cepeda, el alto tribunal dice que se saltaron un paso: darle la oportunidad al fiscal Francisco Barbosa de que decida si se va a apartar de la investigación.
Cepeda considera que el fiscal Barbosa (foto) no da apariencia de imparcialidad.
Cepeda considera que el fiscal Barbosa (foto) no da apariencia de imparcialidad.
Foto: Jorge Londoño - Fiscalía

La Corte Suprema de Justicia le corrió traslado al fiscal Francisco Barbosa para que se pronuncie formalmente sobre la recusación que presentó en su contra el senador Iván Cepeda, buscando quitar de su poder el caso por presunta manipulación de testigos que hasta hace poco llevaba el alto tribunal contra el expresidente Álvaro Uribe. El anuncio se dio apenas horas después de que Barbosa anunciara que le deja todo el caso Uribe a una de sus manos derechas, el coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes.

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El tema es procesal: Cepeda, quien funge como víctima en el caso Uribe, recusó a Barbosa. Es decir, le pidió a la Corte que lo aparte de la investigación. El argumento central de Cepeda es que, al llegar al expediente a la Fiscalía de Barbosa se violan los estándares internacionales de independencia e imparcialidad que contempla la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según el órgano internacional, no solo se debe garantizar que los funcionarios judiciales tengan imparcialidad e independencia, sino también que haya apariencia de ello.

Cepeda radicó el recurso en la Corte Suprema el 2 de septiembre y, se supone, debería resolverlo la Sala Plena del alto tribunal. Pero la Corte considera que el senador se saltó un paso: pedirle primero directamente al fiscal que se declare impedido. “Tratándose de recusación, el procedimiento impone la manifestación previa del funcionario respecto del alcance de la misma –para el presente asunto, del Fiscal General-, acto seguido, corresponde el envío de la actuación a la Sala Plena de esta Corporación para resolver de plano”, escribió la Sala Plena en un auto.

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“En este caso, sin embargo, se omitió tal procedimiento, razón por la cual, antes de decidir sobre el particular, por Secretaría General se remitirá el asunto al despacho del Señor Fiscal para que actúe de conformidad”, continúa diciendo el documento judicial que expidieron los magistrados este viernes y que aparece firmado por la presidenta de la Sala Penal, magistrada Patricia Salazar. Es decir, la Corte le envió la recusación presentada por Cepeda al fiscal Barbosa para que sea el alto funcionario quien, primero, se pronuncie sobre si debería declararse impedido o no.

Cepeda respondió al cabo de un rato, pues al parecer considera que su defensa no se saltó este paso. “Al fiscal Francisco Barbosa se le hizo saber por escrito el pasado 2 de septiembre que estaba recusado”, escribió en su Twitter. Es decir, el senador consideraría que Barbosa ya conoció el recurso y ya se pronunció al haberle entregado el expediente al coordinador de fiscales ante la Corte, Gabriel Jaimes.

Es decir que, por ahora, será Jaimes quien resuelva la solicitud de libertad que presentó la defensa del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, quien por orden de la Corte Suprema se encuentra en casa por cárcel. Jaime Granados, abogado de Uribe, también pidió que el proceso adopte el procedimiento penal de la ley 906 de 2004 y no continúe con la ley 600 de 2000, bajo la cual la Sala de Instrucción estaba investigando a Uribe Vélez por de fraude procesal y soborno en actuación penal.

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La comisión de estos delitos se habría dado en el primer semestre de 2018 cuando Uribe era senador, cargo al que renunció recientemente, lo que hizo que su caso pasara a la justicia ordinaria. Al parecer, él y personas cercanas siguiendo órdenes suyas, como el abogado Diego Cadena, habrían presionado a testigos que han señalado a Uribe Vélez de vínculos con paramilitares para que cambiaran su versión. Además, que habrían entregado dineros y ofrecido dádivas judiciales a personas como el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y el hijo del exmayordomo de una finca que perteneció a los Uribe, Juan Guillermo Monsalve.

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