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Luego de mes y medio en el que el proceso penal del expresidente Álvaro Uribe, por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal, estuvo congelado, el Tribunal Superior de Bogotá citó a las partes para el próximo viernes 28 de mayo. ¿La razón? Ese día, a las 9:00 a.m., el despacho judicial entrará a decidir si Deyanira Gómez, expareja del testigo Juan Guillermo Monsalve, es acreditada -o no- como víctima en el expediente judicial más importante de los últimos años.
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La jueza 28 Penal de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, envió el expediente al Tribunal Superior de Bogotá, el pasado 9 de abril, luego de que tanto la Fiscalía como la defensa del expresidente Uribe apelaran su decisión de reconocer provisionalmente a la exesposa de Monsalve como víctima. De acuerdo con Deyanira Gómez, entre otras irregularidades, a ella la mencionan constantemente comunicaciones interceptadas entre Uribe y su exabogado Diego Cadena, hoy en juicio por los mismos hechos.
La jueza Ortiz está surtiendo los trámites de acreditación a posibles víctimas antes de escuchar los argumentos del fiscal delegado Gabriel Jaimes, quien el pasado 5 de marzo solicitó audiencia para precluir -archivar- la investigación contra el máximo líder del Centro Democrático. De acuerdo con Jaimes, encargado de la pesquisa desde que Uribe renunció al Congreso, las conductas que se le imputan al político “no tienen características de delito, y otros que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”.
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Aunque la solicitud de preclusión fue anunciada hace más de dos meses, el proceso sigue trabado en el reconocimiento a posibles víctimas y poco y nada se ha discutido sobre la presunta manipulación a testigos en la que Uribe habría incurrido a través de sus abogados, para que supuestamente lo favorecieran en procesos penales por nexos con el paramilitarismo. Deyanira Gómez alega que el expediente ha tenido consecuencias negativas a su vida, como que la Fiscalía inició extinción de dominio -el pasado 23 de octubre- a una finca que estaba a su nombre, asegurando que había sido conseguida por medios ilícitos. También habría perdido su trabajo como médica.
“Se infiere que Deyanira Gómez ha sufrido daños a raíz de no entregar la retractación (sobre supuestos nexos de Uribe con el paramilitarismo en Antioquia) de Juan Guillermo Monsalve al abogado Diego Cadena”, explicó la jueza Ortiz, quien reconoció provisionalmente a Gómez como víctima, situación que fue apelada por la defensa del exmandatario. Por ejemplo, Jaime Granados, abogado de Uribe, alega que Gómez nunca fue mencionada en el expediente llevado a cabo en la Corte Suprema de Justicia, antes de que el caso aterrizara en la justicia ordinaria en agosto de 2020.
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La Fiscalía, por su parte, también apeló el reconocimiento de Deyanira Gómez, pues considera que “el soborno de testigos implica que la acción recae y debe recaer sobre el testigo”, explicó el fiscal Gabriel Jaimes. Como las presuntas conductas recayeron sobre Juan Guillermo Monsalve, insistió el representante del ente investigador, él es el sujeto pasivo del presunto soborno. Es decir, que quien sería la víctima de los supuestos delitos cometidos por Álvaro Uribe y Diego Cadena sería el testigo Monsalve, no su exesposa.
Una vez resuelto el conflicto por el reconocimiento de Deyanira Gómez, el fiscal Gabriel Jaimes deberá sustentar su solicitud de preclusión, en la investigación más avanzada que existe contra el expresidente. Mientras la defensa de Uribe alega que el senador Iván Cepeda estaría tras las acusaciones de sus presuntos nexos con grupos paramilitares, a través de promesas y millonarios sobornos, el congresista del Polo ha denunciado que abogados del exmandatario habrían buscado comprar a testigos como Monsalve.
Lo último que se sabe sobre Juan Guillermo Monsalve, hijo de un antiguo mayordomo de la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez hasta 1996, es que la Corte Suprema de Justicia le ordenó al Inpec no reducir su seguridad. El director del instituto penitenciario, el general Mariano Botero, pidió sacar a Monsalve de la casa fiscal de la cárcel La Picota (en Bogotá) el pasado 13 de abril, sin embargo, el magistrado César Augusto Reyes negó la petición y, al contrario, reiteró las medidas especiales a favor de uno de los testigos clave del expediente.