Caso Uribe: Fiscalía no halló mayor cosa en las “sim cards” del testigo Monsalve

Entre las múltiples pruebas que decretó el fiscal Gabriel Jaimes previo a decidir que pediría la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe, hay unos elementos a los que les prestó mucha atención: siete tarjetas SIM que le decomisaron en la cárcel al hombre que ha señalado supuestos vínculos de Uribe con grupos paramilitares, Juan Guillermo Monsalve. En el expediente de la Fiscalía, conocido en su integridad por El Espectador y Blu Radio, se muestra cómo la Fiscalía no tuvo mayor éxito en determinar con quién hablaba Monsalve por teléfono desde la cárcel La Picota. Esto es lo que muestran los documentos.

(En contexto: Los primeros hallazgos sobre las siete sim cards del testigo Monsalve)

La fijación de la Fiscalía con las tarjetas SIM se remonta al 12 de enero de este año, cuando el fiscal Jaimes le ordenó al CTI dirigirse hasta la cárcel La Picota, al sur de Bogotá, a recuperar elementos que el Inpec le había decomisado a Monsalve el año pasado. Además de las siete sim cards, al testigo le habían quitado en febrero de 2020 $152.000 en efectivo, un celular y un computador. Estos dos últimos aparatos ya estaban en poder de la Corte Suprema, por lo que lo único de lo que el ente investigador pudo echar mano, el 21 de enero pasado, fue de las tarjetas.

La Fiscalía de inmediato puso a un investigador de delitos informáticos a acceder a la información del testigo que ha hablado contra el expresidente Álvaro Uribe, quien lo tilda abiertamente de mentiroso. Y, el 8 de febrero pasado, el experto dio sus conclusiones: en cinco tarjetas no había información alguna, pese a que estaban en buen estado, en una había 246 contactos guardados y, en la restante, 142 contactos. El perito, asimismo, dio un consejo: “Puede solicitar a la empresa prestadora de telefonía celular que informe el número telefónico que tenían adjudicados las tarjetas Sim, (…) puede requerir: datos biográficos, llamadas entrantes, salientes, mensajes de texto y de voz”.

(Le puede interesar: Los millones que habría entregado a testigos Diego Cadena, el exabogado de Uribe)

El fiscal del caso contra el expresidente Uribe siguió la recomendación y, el 9 de febrero de este año, un juez de control de garantías dio autorización para acceder a los mensajes y llamadas de Monsalve. Tres investigadores del CTI se pusieron a la tarea de pedirle información a todos los operadores móviles de Colombia, como contó El Espectador el pasado 23 de febrero. La mayoría de las compañías respondieron que no tenían información alguna sobre las SIM en sus registros. En los documentos que conoció este diario, se refleja que solo dos empresas reportaron algo entre las siete tarjetas: Claro y Movistar.

Como había contado este diario, Movistar reportó dos números que están registrados como prepago. En el primero de ellos “no se registró información de tráfico de voz entrante y saliente durante el período solicitado (entre el 1 de enero de 2017 y el 5 de febrero de 2020)”, según le respondió la empresa a la Fiscalía. En el caso de la segunda línea sí hay llamadas para el período que consultó el ente investigador: ese número recibió una llamada el 18 de febrero de 2019 que duró un segundo e hizo otra llamada el 21 de marzo del mismo año que duró 17 segundos. Las dos de números distintos. Nada más se halló.

Otras dos tarjetas decomisadas a Monsalve eran de Claro y la compañía, indica el expediente de la Fiscalía, respondió algo similar: en una de ellas no hubo comunicación alguna, mientras que en la segunda se intercambiaron algunas llamadas. Entre mayo y octubre de 2017, esta línea reporta haber hecho once llamadas a diferentes números, muchos de ellos privados, en duraciones que fueron desde los 3 segundos hasta los 2 minutos. La mayoría en horas de la noche. La misma línea recibió exactamente once llamadas de diferentes números y en un periodo similar: entre enero y noviembre de 2017.

Es decir, hizo exactamente el mismo número de llamadas que contestó. Según los registros de Claro, gran parte de las comunicaciones rebotaron en antenas del barrio Providencia Alta, en Ciudad Bolívar, ubicado a unos 3 kilómetros de La Picota, donde está recluido el testigo contra el expresidente Uribe. Las demás, en sectores cercanos como Molinos Sur o en la misma Picota.

Así las cosas, todo este esfuerzo investigativo de la Fiscalía solo arrojó doce llamadas hechas, doce recibidas. Y, en los documentos que ha revisado este diario, no hay indicios de a quiénes pertenecían las líneas con las que se comunicaba Monsalve. El testigo denunció ante la Corte Suprema, en 2018, que lo estaban presionando para cambiar su versión y favorecer al expresidente Álvaro Uribe. Monsalve, aludiendo a que de nuevo era objeto de presiones, se negó a declarar ante el fiscal Gabriel Jaimes, quien le recordó que estaba obligado por ley a hacerlo. Su nuevo abogado, Miguel del Río, dijo que Monsalve solo hablaría en juicio.

*Este informe especial sobre el caso Uribe lo trabajó la sección judicial de El Espectador, conformada por Diana Durán (editora judicial) y los reporteros Felipe Morales, David Escobar, Alejandra Bonilla, Kelly Rodríguez y Sebastian Cote. De parte de Blu Radio están la periodista Silvia Charry y Ricardo Ospina (director de Servicios Informativos).

Entre las múltiples pruebas que decretó el fiscal Gabriel Jaimes previo a decidir que pediría la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe, hay unos elementos a los que les prestó mucha atención: siete tarjetas SIM que le decomisaron en la cárcel al hombre que ha señalado supuestos vínculos de Uribe con grupos paramilitares, Juan Guillermo Monsalve. En el expediente de la Fiscalía, conocido en su integridad por El Espectador y Blu Radio, se muestra cómo la Fiscalía no tuvo mayor éxito en determinar con quién hablaba Monsalve por teléfono desde la cárcel La Picota. Esto es lo que muestran los documentos.

(En contexto: Los primeros hallazgos sobre las siete sim cards del testigo Monsalve)

La fijación de la Fiscalía con las tarjetas SIM se remonta al 12 de enero de este año, cuando el fiscal Jaimes le ordenó al CTI dirigirse hasta la cárcel La Picota, al sur de Bogotá, a recuperar elementos que el Inpec le había decomisado a Monsalve el año pasado. Además de las siete sim cards, al testigo le habían quitado en febrero de 2020 $152.000 en efectivo, un celular y un computador. Estos dos últimos aparatos ya estaban en poder de la Corte Suprema, por lo que lo único de lo que el ente investigador pudo echar mano, el 21 de enero pasado, fue de las tarjetas.

La Fiscalía de inmediato puso a un investigador de delitos informáticos a acceder a la información del testigo que ha hablado contra el expresidente Álvaro Uribe, quien lo tilda abiertamente de mentiroso. Y, el 8 de febrero pasado, el experto dio sus conclusiones: en cinco tarjetas no había información alguna, pese a que estaban en buen estado, en una había 246 contactos guardados y, en la restante, 142 contactos. El perito, asimismo, dio un consejo: “Puede solicitar a la empresa prestadora de telefonía celular que informe el número telefónico que tenían adjudicados las tarjetas Sim, (…) puede requerir: datos biográficos, llamadas entrantes, salientes, mensajes de texto y de voz”.

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El fiscal del caso contra el expresidente Uribe siguió la recomendación y, el 9 de febrero de este año, un juez de control de garantías dio autorización para acceder a los mensajes y llamadas de Monsalve. Tres investigadores del CTI se pusieron a la tarea de pedirle información a todos los operadores móviles de Colombia, como contó El Espectador el pasado 23 de febrero. La mayoría de las compañías respondieron que no tenían información alguna sobre las SIM en sus registros. En los documentos que conoció este diario, se refleja que solo dos empresas reportaron algo entre las siete tarjetas: Claro y Movistar.

Como había contado este diario, Movistar reportó dos números que están registrados como prepago. En el primero de ellos “no se registró información de tráfico de voz entrante y saliente durante el período solicitado (entre el 1 de enero de 2017 y el 5 de febrero de 2020)”, según le respondió la empresa a la Fiscalía. En el caso de la segunda línea sí hay llamadas para el período que consultó el ente investigador: ese número recibió una llamada el 18 de febrero de 2019 que duró un segundo e hizo otra llamada el 21 de marzo del mismo año que duró 17 segundos. Las dos de números distintos. Nada más se halló.

Otras dos tarjetas decomisadas a Monsalve eran de Claro y la compañía, indica el expediente de la Fiscalía, respondió algo similar: en una de ellas no hubo comunicación alguna, mientras que en la segunda se intercambiaron algunas llamadas. Entre mayo y octubre de 2017, esta línea reporta haber hecho once llamadas a diferentes números, muchos de ellos privados, en duraciones que fueron desde los 3 segundos hasta los 2 minutos. La mayoría en horas de la noche. La misma línea recibió exactamente once llamadas de diferentes números y en un periodo similar: entre enero y noviembre de 2017.

Es decir, hizo exactamente el mismo número de llamadas que contestó. Según los registros de Claro, gran parte de las comunicaciones rebotaron en antenas del barrio Providencia Alta, en Ciudad Bolívar, ubicado a unos 3 kilómetros de La Picota, donde está recluido el testigo contra el expresidente Uribe. Las demás, en sectores cercanos como Molinos Sur o en la misma Picota.

Así las cosas, todo este esfuerzo investigativo de la Fiscalía solo arrojó doce llamadas hechas, doce recibidas. Y, en los documentos que ha revisado este diario, no hay indicios de a quiénes pertenecían las líneas con las que se comunicaba Monsalve. El testigo denunció ante la Corte Suprema, en 2018, que lo estaban presionando para cambiar su versión y favorecer al expresidente Álvaro Uribe. Monsalve, aludiendo a que de nuevo era objeto de presiones, se negó a declarar ante el fiscal Gabriel Jaimes, quien le recordó que estaba obligado por ley a hacerlo. Su nuevo abogado, Miguel del Río, dijo que Monsalve solo hablaría en juicio.

*Este informe especial sobre el caso Uribe lo trabajó la sección judicial de El Espectador, conformada por Diana Durán (editora judicial) y los reporteros Felipe Morales, David Escobar, Alejandra Bonilla, Kelly Rodríguez y Sebastian Cote. De parte de Blu Radio están la periodista Silvia Charry y Ricardo Ospina (director de Servicios Informativos).