Caso Uribe: las movidas de su defensa ante la Fiscalía
La investigación contra el expresidente Álvaro Uribe llegó a la Fiscalía a comienzos de septiembre de 2020. Desde entonces, el abogado Jaime Granados pidió la libertad de Uribe, que su proceso iniciara desde cero, entre otras solicitudes que han sido tanto negadas como aceptadas por la justicia. Hoy la Fiscalía anunció que pedirá que el proceso precluya, es decir, que se archive.
La enrevesada investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos y que pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía el año pasado, ha tenido a sus abogados en constante movimiento en los últimos meses. Desde que Uribe Vélez renunció a su cargo como congresista el 18 de agosto de 2020, días después de que la Corte Suprema le dictara una medida de aseguramiento domiciliaria, hasta este viernes que la Fiscalía anunció que pedirá precluir la investigación, el caso se volvió aún más enredado.
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El 31 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte, luego de que la defensa de Uribe lo solicitara, envió el expediente a la Fiscalía. Fue en este punto que el caso se convirtió en todo un laberinto judicial sin precedentes. El siguiente paso que dio el equipo jurídico de Uribe, a comienzos de septiembre de 2020, fue solicitar su libertad ante la Fiscalía. Sin embargo, esa determinación no estaba en manos del fiscal general, Francisco Barbosa. Por eso, solo fue hasta el 16 de septiembre que el abogado Granados presentó esa solicitud ante una jueza de control de garantías de Bogotá.
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Además, solicitó que el proceso se llevara a través del Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004) y no con el antiguo régimen de juzgamiento (Ley 600 de 2000) que era con el que la Corte Suprema llevaba su proceso. Granados, la Procuraduría y la Fiscalía concordaron en que el procedimiento más nuevo era más garantista. La jueza del caso, entre finales de septiembre y comienzos de octubre de 2020, durante extensas audiencias que acapararon la atención del país, le dio la razón a la defensa de Uribe en estos dos puntos que controvirtieron.
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La jueza del caso señaló que “tal y como fue deprecado por la defensa, la Fiscalía y la Procuraduría, se presentan diferencias entre la indagatoria y la imputación que tienen incidencia sobre las garantías judiciales”. Es decir, no podrían asimilarse y, por ende, la medida de detención preventiva contra Uribe quedó sin efectos. En cuanto a qué proceso era el aplicable en este crucial caso, la togada se los hechos bajo investigación son de 2018 y que, por ende, el proceso contra Álvaro Uribe se llevaría a través del Sistema Penal Acusatorio.
Pero, a renglón seguido, señaló que esta determinación debía ser confirmada por su superior jerárquico, es decir, la Corte Suprema de Justicia. El 5 de octubre de 2020, 21 de los 23 magistrados del alto tribunal avalaron la decisión, que fue clave para determinar que el juez natural de Álvaro Uribe sería, en primera instancia, un juez penal de Bogotá y con esto, salir —por el momento— de la órbita de la Sala Penal de la Corte Suprema, en la que el expresidente señaló no contar con garantías procesales.
El 6 de noviembre la defensa del expresidente recibió un revés cuando un juez penal tomó la decisión de tumbar un punto clave que tomó la jueza de primera instancia. Resolviendo un recurso de apelación interpuesto por el senador Iván Cepeda, quien funge como víctima en el caso, el juez Cuarto Penal de Conocimiento de Bogotá determinó que la indagatoria sí equivale a una imputación de cargos y, por lo tanto, Uribe quedó investigado formalmente. Además le dio un plazo de 90 días a la Fiscalía para determinar si llama a juicio o le precluye la investigación, término que se vencía mañana: 6 de marzo de 2021.
En lo que restó de 2020, el caso Uribe no se movió más. Solo fue hasta el 15 de enero de este año que los abogados de Uribe presentaron una tutela contra la decisión del juez Cuarto. Sin embargo, el 26 de enero el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente esta acción judicial, pues el proceso estaba en curso y, según los magistrados, había otros métodos para reclamar la protección de los derechos al debido proceso y defensa. Jaime Granados, abogado de Uribe, apeló esta decisión y la tutela volvió a terreno de la Corte Suprema.
Esa determinación estaba en manos del alto tribunal hasta hace pocos días, pero la defensa de Álvaro Uribe retiró la tutela y la Corte Suprema lo aceptó. “El accionante Álvaro Uribe Vélez y su apoderado Jaime Granados mediante escrito de 2 de marzo de 2021 reiteraron su pretensión de desistir del recurso de impugnación presentado contra la sentencia de tutela de 26 de enero de 2021, indicando que tal desistimiento no estaba condicionado a la demostración de ninguna circunstancia en particular. En vista de lo anterior y sumado a la la inexistencia de vicio de consentimiento alguno en su manifestación, se accederá a la pretensión”, señaló la Sala Penal.
Durante este comienzo de año, Granados y su equipo de abogados también presentaron un nuevo testigo ante el ente investigador. El pasado 2 de marzo, la defensa del expresidente Álvaro Uribe radicó ante la Fiscalía las declaraciones de Francisco Javier Taborda, un exparamilitar condenado en 2015 por falso testimonio y que hoy cuestiona la versión contra Uribe de Juan Guillermo Monsalve, otro hombre con pasado criminal que señala a Uribe de participar de la fundación de un grupo paramilitar en el nordeste antioqueño.
El origen del caso contra Uribe
A comienzos de 2012, durante un debate de control político sobre la génesis y auge del paramilitarismo en Antioquia, el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda presentó graves denuncias relacionadas con la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de los Uribe, ubicada entre los municipios antioqueños de San Roque y Yolombó. Cepeda reveló que, según testimonios de Juan Guillermo Monsalve, extrabajador de esa finca -testigo estrella en este caso-, y de un paramilitar conocido como Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, excomandante del Bloque Cacique Pipintá de las Auc, la finca había sido sede del Bloque Metro de los paramilitares.
“Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando el Bloque Metro son el señor expresidente Ávaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”, reveló alias Alberto Guerrero al congresista Cepeda en agosto de 2011. En el curso del debate de 2012, lo presentó como una prueba de sus denuncias. Álvaro Uribe negó los señalamientos, reiteró que desde 1983 había dejado de ir a la hacienda, y para demostrar su desacuerdo con Cepeda, el mismo día del debate acudió a la Corte Suprema para denunciar al congresista del Polo por la presunta manipulación de las versiones de los exparamilitares.
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En septiembre de 2014, cuando ya Uribe ejercía como senador, Cepeda promovió un nuevo debate en el Congreso sobre paramilitarismo en Antioquia, y volvió a chocar con el expresidente. Uribe radicó en la Corte Suprema un memorial para que se tuvieran en cuenta varias entrevistas realizadas por un investigador privado a los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, que señalaron a Cepeda de hacer ofrecimientos a cambio de declarar contra Uribe. El expresidente y exsenador, por su parte, ha reiterado hasta el cansancio que nunca ha cometido delitos. “La libertad es un bien inapreciable, pero para mí la honorabilidad es lo prioritario, por eso el énfasis en las pruebas”, ha dicho el exmandatario.
La Corte Suprema se tomó seis años -desde la primera denuncia- para adoptar una decisión, y en febrero de 2018, se inhibió de seguir investigando a Cepeda, señalando para avanzar en la indagación se requerían más evidencias de las existentes. Asimismo, ordenó que quien debía ser investigado por presunta manipulación de testigos y soborno era el expresidente Álvaro Uribe. Seis días después, el alto tribunal recibió información de la defensa de Iván Cepeda sobre supuestas presiones a Juan Guillermo Monsalve para cambiar su testimonio, razón por la cual la Corte Suprema lo llamó a indagatoria, junto al representante a la Cámara por el Huila, Álvaro Hernán Prada, quien también habría participado en las presiones.
La enrevesada investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos y que pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía el año pasado, ha tenido a sus abogados en constante movimiento en los últimos meses. Desde que Uribe Vélez renunció a su cargo como congresista el 18 de agosto de 2020, días después de que la Corte Suprema le dictara una medida de aseguramiento domiciliaria, hasta este viernes que la Fiscalía anunció que pedirá precluir la investigación, el caso se volvió aún más enredado.
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El 31 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte, luego de que la defensa de Uribe lo solicitara, envió el expediente a la Fiscalía. Fue en este punto que el caso se convirtió en todo un laberinto judicial sin precedentes. El siguiente paso que dio el equipo jurídico de Uribe, a comienzos de septiembre de 2020, fue solicitar su libertad ante la Fiscalía. Sin embargo, esa determinación no estaba en manos del fiscal general, Francisco Barbosa. Por eso, solo fue hasta el 16 de septiembre que el abogado Granados presentó esa solicitud ante una jueza de control de garantías de Bogotá.
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Además, solicitó que el proceso se llevara a través del Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004) y no con el antiguo régimen de juzgamiento (Ley 600 de 2000) que era con el que la Corte Suprema llevaba su proceso. Granados, la Procuraduría y la Fiscalía concordaron en que el procedimiento más nuevo era más garantista. La jueza del caso, entre finales de septiembre y comienzos de octubre de 2020, durante extensas audiencias que acapararon la atención del país, le dio la razón a la defensa de Uribe en estos dos puntos que controvirtieron.
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La jueza del caso señaló que “tal y como fue deprecado por la defensa, la Fiscalía y la Procuraduría, se presentan diferencias entre la indagatoria y la imputación que tienen incidencia sobre las garantías judiciales”. Es decir, no podrían asimilarse y, por ende, la medida de detención preventiva contra Uribe quedó sin efectos. En cuanto a qué proceso era el aplicable en este crucial caso, la togada se los hechos bajo investigación son de 2018 y que, por ende, el proceso contra Álvaro Uribe se llevaría a través del Sistema Penal Acusatorio.
Pero, a renglón seguido, señaló que esta determinación debía ser confirmada por su superior jerárquico, es decir, la Corte Suprema de Justicia. El 5 de octubre de 2020, 21 de los 23 magistrados del alto tribunal avalaron la decisión, que fue clave para determinar que el juez natural de Álvaro Uribe sería, en primera instancia, un juez penal de Bogotá y con esto, salir —por el momento— de la órbita de la Sala Penal de la Corte Suprema, en la que el expresidente señaló no contar con garantías procesales.
El 6 de noviembre la defensa del expresidente recibió un revés cuando un juez penal tomó la decisión de tumbar un punto clave que tomó la jueza de primera instancia. Resolviendo un recurso de apelación interpuesto por el senador Iván Cepeda, quien funge como víctima en el caso, el juez Cuarto Penal de Conocimiento de Bogotá determinó que la indagatoria sí equivale a una imputación de cargos y, por lo tanto, Uribe quedó investigado formalmente. Además le dio un plazo de 90 días a la Fiscalía para determinar si llama a juicio o le precluye la investigación, término que se vencía mañana: 6 de marzo de 2021.
En lo que restó de 2020, el caso Uribe no se movió más. Solo fue hasta el 15 de enero de este año que los abogados de Uribe presentaron una tutela contra la decisión del juez Cuarto. Sin embargo, el 26 de enero el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente esta acción judicial, pues el proceso estaba en curso y, según los magistrados, había otros métodos para reclamar la protección de los derechos al debido proceso y defensa. Jaime Granados, abogado de Uribe, apeló esta decisión y la tutela volvió a terreno de la Corte Suprema.
Esa determinación estaba en manos del alto tribunal hasta hace pocos días, pero la defensa de Álvaro Uribe retiró la tutela y la Corte Suprema lo aceptó. “El accionante Álvaro Uribe Vélez y su apoderado Jaime Granados mediante escrito de 2 de marzo de 2021 reiteraron su pretensión de desistir del recurso de impugnación presentado contra la sentencia de tutela de 26 de enero de 2021, indicando que tal desistimiento no estaba condicionado a la demostración de ninguna circunstancia en particular. En vista de lo anterior y sumado a la la inexistencia de vicio de consentimiento alguno en su manifestación, se accederá a la pretensión”, señaló la Sala Penal.
Durante este comienzo de año, Granados y su equipo de abogados también presentaron un nuevo testigo ante el ente investigador. El pasado 2 de marzo, la defensa del expresidente Álvaro Uribe radicó ante la Fiscalía las declaraciones de Francisco Javier Taborda, un exparamilitar condenado en 2015 por falso testimonio y que hoy cuestiona la versión contra Uribe de Juan Guillermo Monsalve, otro hombre con pasado criminal que señala a Uribe de participar de la fundación de un grupo paramilitar en el nordeste antioqueño.
El origen del caso contra Uribe
A comienzos de 2012, durante un debate de control político sobre la génesis y auge del paramilitarismo en Antioquia, el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda presentó graves denuncias relacionadas con la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de los Uribe, ubicada entre los municipios antioqueños de San Roque y Yolombó. Cepeda reveló que, según testimonios de Juan Guillermo Monsalve, extrabajador de esa finca -testigo estrella en este caso-, y de un paramilitar conocido como Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, excomandante del Bloque Cacique Pipintá de las Auc, la finca había sido sede del Bloque Metro de los paramilitares.
“Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando el Bloque Metro son el señor expresidente Ávaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”, reveló alias Alberto Guerrero al congresista Cepeda en agosto de 2011. En el curso del debate de 2012, lo presentó como una prueba de sus denuncias. Álvaro Uribe negó los señalamientos, reiteró que desde 1983 había dejado de ir a la hacienda, y para demostrar su desacuerdo con Cepeda, el mismo día del debate acudió a la Corte Suprema para denunciar al congresista del Polo por la presunta manipulación de las versiones de los exparamilitares.
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En septiembre de 2014, cuando ya Uribe ejercía como senador, Cepeda promovió un nuevo debate en el Congreso sobre paramilitarismo en Antioquia, y volvió a chocar con el expresidente. Uribe radicó en la Corte Suprema un memorial para que se tuvieran en cuenta varias entrevistas realizadas por un investigador privado a los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, que señalaron a Cepeda de hacer ofrecimientos a cambio de declarar contra Uribe. El expresidente y exsenador, por su parte, ha reiterado hasta el cansancio que nunca ha cometido delitos. “La libertad es un bien inapreciable, pero para mí la honorabilidad es lo prioritario, por eso el énfasis en las pruebas”, ha dicho el exmandatario.
La Corte Suprema se tomó seis años -desde la primera denuncia- para adoptar una decisión, y en febrero de 2018, se inhibió de seguir investigando a Cepeda, señalando para avanzar en la indagación se requerían más evidencias de las existentes. Asimismo, ordenó que quien debía ser investigado por presunta manipulación de testigos y soborno era el expresidente Álvaro Uribe. Seis días después, el alto tribunal recibió información de la defensa de Iván Cepeda sobre supuestas presiones a Juan Guillermo Monsalve para cambiar su testimonio, razón por la cual la Corte Suprema lo llamó a indagatoria, junto al representante a la Cámara por el Huila, Álvaro Hernán Prada, quien también habría participado en las presiones.