Cecilia Cubas, la paraguaya por cuyo asesinato señalan a Rodrigo Granda

Cecilia Cubas, víctima de un crimen atroz en Paraguay (izquierda). Rodrigo Granda, denominado canciller de las Farc (derecha).

Foto: AFP y El Espectador

En Paraguay hay un crimen que nadie olvida: el secuestro, tortura y asesinato de Cecilia Cubas Gusinky, de 31 años. La hija del expresidente Raúl Cubas Grau (1998-1999), fue raptada el 21 de septiembre de 2004 por el brazo armado del Partido Patria Libre, que luego se convirtió en el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El canciller de las Farc Rodrigo Granda ha sido señalado por 17 años como colaborador de la guerrilla guaraní y la familia Cubas pide con urgencia su captura.

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Granda fue detenido ayer en Ciudad de México, cuando se dirigía al XXV Seminario Internacional “Los Partidos y la Nueva Sociedad”. El senador de Comunes Carlos Antonio Lozada alertó a la comunidad colombiana y, tras la confusa situación, se supo que Paraguay había emitido una circular roja de Interpol para capturar al excombatiente de las Farc. En la noche de ayer 20 de octubre se conoció que Granda contaba con el permiso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no obstante, en el país guaraní lo quieren tener a toda costa.

“Espero que ahora como Estado reaccionemos como corresponde y no con una tibieza y demostrando al mundo que pueden hacer lo que quieren con nuestra orden porque realmente no estamos exigiendo nada fuera de lugar. Tenía una orden de captura internacional que solamente tenía que ser cumplida. No es solo Cecilia, él es el que instaló la historia terrorífica del secuestro en Paraguay”, denunció Silvia Cubas, hermana de Cecilia Cubas en el medio paraguayo Radio 1000 AM.

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Cecilia Cubas fue secuestrada cuando caía la tarde del 21 de septiembre de 2004. La raptaron en el barrio Laguna Grande de San Lorenzo, en Asunción. Durante el proceso de plagio, la familia Cubas Gusinky entrego US$ 300.000 en concepto de rescate, una estrategia de guerra calcada a lo que, a la vez, sucedía en Colombia. El 15 de febrero de 2005, cinco meses después, el cuerpo de Cubas fue hallado tras un allanamiento del Ministerio Público en el barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby, al sur de Asunción.

Los análisis forenses dieron cuenta de que Cecilia Cubas fue torturada. Los guerrilleros del Partido Patria Libre le tomaron fotos maltratada para cobrar un jugoso rescate que nunca se dio. En la navidad de 2004 fue enterrada con vida en una fosa. Según reportó recientemente el diario Abc de Paraguay, a la fecha permanecen condenados casi 20 personas por el secuestro de Cecilia Cubas, con penas que oscilan entre los cinco y 35 años por secuestro. En junio pasado, el líder de secuestradores Óscar Luis Benítez fue sentenciado a 24 años de prisión.

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Según explica La Nación de Paraguay, Rodrigo Granda, “conocido canciller de las Farc, está vinculado de manera directa al secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas Gusinky”. Esa información estaría contenida en los computadores que fueron recuperados del campamento bombardeado por la fuerza pública en Ecuador en 2008, cuando resultó muerto el líder de las Farc alias Raúl Reyes. Según el medio, se encontró que el guerrillero paraguayo Osmar Martínez, fundador del Partido Patria Libre, habría visitado Venezuela junto a Rodrigo Granda y otros miembros de las Farc.

Las autoridades paraguayas tendrían en su poder corros electrónicos entre Granda, Osmar Martínez y otro exguerrillero colombiano de nombre Orley Jurado Palomino, alias Comandante Santiago, quienes habrían coordinado, según La Nación, el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas. Tales son los detalles del crimen que la vivienda donde fue hallada la víctima lleva el nombre de “casa del horror”. La fuerza pública guaraní llegó al lugar, alertada por los vecinos quienes denunciaron que, al interior, se realizaban actividades de entrenamiento guerrillero.

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¿Qué pasa con los procesos internacionales de los exmiembros de las Farc?

A su llegada a Colombia, Rodrigo Granda aseguró que los excombatientes están exigiendo a la JEP que los procesos en el extranjero, como el caso Cecilia Cubas, queden en poder de la jurisdicción transicional. “Esto (su regreso al país) lo que demuestra es que el Acuerdo de Paz vino para quedarse. Es un Acuerdo muy robusto en contraposición de lo que piensan algunos. Estamos dando la cara. Nosotros estamos pidiendo que todos los procesos que están en el exterior vengan a la JEP”, aseguró el excombatiente.

No obstante, abogados conocedores de los procesos en la JEP consideran que esa petición no es posible. El abogado Juan Camilo Sanclemente, defensor de familiares de los diputados del Valle asesinados en cautiverio por las Farc, agrega que el Acuerdo de Paz fue un proceso entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla, hoy partido Comunes. Se abordan delitos que los excombatientes cometieron dentro del territorio nacional y, por tanto, la JEP no tiene injerencia para exigir a determinado país que no emita una circular roja de Interpol, bien sea contra Granda en este caso que conmocionó a Paraguay o contra cualquier otro compareciente JEP.

“La circular roja, de todas formas, no quiere decir que estos países estén en contra del proceso de paz, pasa que no están dentro del sistema y no se rigen por sus reglas. Colombia garantiza que no los va a extraditar y eso es lo que el Estado ha respetado hasta el momento. En otros países el Acuerdo de Paz no aplica. Por ejemplo, en el caso de Granda, Paraguay emite la circular y la persona estaba en tránsito. Entonces, México debía decidir entre enviarlo al país que lo solicitó o respetar el Acuerdo”, agrega el defensor Sanclemente.

Otro abogado cercano a la JEP, en casos de falsos positivos y quien decidió omitir su nombre, considera que México actuó “desde la óptica de la extranjería” y no desde lo penal-policial. “La JEP cumple su obligación desde acá, pero no debería ser vinculante a terceros países”, señaló. Por otro lado, en el Acuerdo Final de Paz quedó claro que no se podrá conceder la extradición, ni tomar medidas de aseguramiento con esos fines, respecto de hechos o conductas estudiadas por el sistema de justicia transicional.

“Dicha garantía de no de extradición alcanza a todos los integrantes de las Farc y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final, para aquellas personas que se sometan al Sistema”, quedó firmado tras los diálogos. Por tanto, la JEP es un sistema cerrado que conoce hechos del conflicto armado hasta ante de la conclusión de los diálogos entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. La justicia transicional promete no extraditar a sus comparecientes, no obstante, no tiene voz ante los órganos investigadores internacionales que adelantan procesos de la talla del caso Cecilia Cubas.

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