El Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, condenó a César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa de la Casa de Nariño, y a Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico del entonces presidente Álvaro Uribe. Ambos fueron procesados por hacer parte de un plan para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia en 2007, la cual estaba en plena investigación de la “parapolítica”, en el que participó el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
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El magistrado del Tribunal, Dagoberto Hernández, explicó que el juez de primera instancia tuvo argumentaciones insuficientes para declararlos inocentes, pues en realidad se puede constatar toda una organización criminal para, con objetivos particulares, lejos de las funciones constitucionales, escarbar información privilegiada para usarla en contra de la Corte Suprema. Además, para enlodar el nombre de la exrepresentante a la Cámara, Yidis Medina, conocida por revelar haber otorgado su voto —decisivo— a la reelección presidencial de Álvaro Uribe de 2006.
César Mauricio Velásquez y Edmundo del Casillo fueron condenados a 63 meses de prisión (poco más de cinco años) por el delito de concierto para delinquir. Sin embargo, del Castillo purgará su pena en casa, pues ha asistido a todas las audiencias y tiene “vínculos con la comunidad”, lo cual permite prever que no evadirá su castigo. Para entender la condena contra ambos, la cual tendría una tercera ronda en la Corte Suprema, hay que remontarse a septiembre de 2007, cuando se dio luz verde ilegalmente al “proyecto escalera”, para escrudiñar precisamente en la alta corte, que entonces indagaba sobre los políticos que se aliaron con paramilitares.
En el Club Metropolitan, en Bogotá, se realizó un desayuno en el cual Bernardo Moreno —condenado—, antiguo director del Departamento Administrativo De La Presidencia De La República (Dapre), le comunicó a María del Pilar Hurtado —condenada—, exdirectora del DAS, que la mismísima Presidencia tenía un requerimiento para recopilar información de la Corte Suprema. Se asignó personal y recursos para llevar a cabo el “proyecto escalera”. Se ubicaron fuentes al interior de la Corte, se usaron grabadoras secretas y “se extraían copias de expediente que resultaban ser de interés para el gobierno de turno”, como lo dijo el Tribunal.
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Bajo la fachada de que la Corte Suprema estaba infiltrada por el narcotráfico, se activó inteligencia del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para averiguar por unos dineros con los cuales se había pagado un viaje de los togados a Neiva, en 2006. Sin embargo, solo era un homenaje al exmagistrado Yesid Ramírez Bastidas. Para socializar los avances de la investigación irregular, se realizaron tres reuniones en la Casa de Nariño, durante el gobierno Uribe Vélez, que contaron con la participación de del Castillo, como secretario jurídico del presidente, y Velásquez, como secretario de prensa.
Pero las chuzadas no se quedaron en la Casa de Nariño, a través del trabajo de los condenados, llegaron a medios de comunicación. Por ejemplo, los datos sobre el viaje a Neiva quedaron retratados en “El mecenas de la justicia”, publicado en Semana por la periodista Gloria Congote. Tiempo después, en una declaración juramentada, el curtido periodista Ricardo Calderón admitió que Congote, fuera del país, le pidió el favor que le entregara unos CD’s que reposaban en su escritorio a Ximena Paternina, subalterna de del Castillo. ¿Qué información contenían? La filtración ilegal de las autoridades de inteligencia a los magistrados, con la cual se intentó enlodar su nombre.
Pero hubo un problema. La noticia salió con la imagen principal de una persona que no tenía nada ver y por la cual Semana tuvo que rectificarse, como lo confesó Calderón. Según el Tribunal, altos funcionarios de Gobierno intentaron, filtrando información a Semana, salpicar a los magistrados por narcotráfico. Por otro lado, contra Yidis Medina, quien en Noticias Uno reveló haber entregado su voto a cambio de ofrecimientos económicos, se inició una fuerte búsqueda de información con el objetivo de desprestigiarla y crear ante la opinión pública un discurso en el que ella, crucial en la reelección de Uribe, tenía vínculos con el Eln o las antiguar Farc.
“Se puso ilegítimamente al servicio de intereses particulares al aparato de inteligencia y contrainteligencia del Estado, a efecto de desacreditar a una persona que estaba poniendo en conocimiento de la opinión pública, la realización del delito de cohecho en la votación del acto legislativo que permitió la reelección del primer mandatorio (Uribe Vélez)”, explicó el Tribunal. Por lo menos ocho testigos coinciden en que, la inteligencia colombiana, llegó a unas supuestas “autoamenazas” plasmadas en un expediente en la Inspección Primera de Policía de Barrancabermeja. Buscaron usar esa información en su contra.
El DAS buscó, a toda costa, bajo el requerimiento de altas personalidades del gobierno, fotografías que vincularan a Yidis Medina con la guerrilla. Un primo de la exrepresentante, Julio César Almaza, confesó que un ciudadano de nombre Fabián Méndez lo contacto con el DAS y lo llevó a la Casa de Nariño para que conversara con Edmundo del Castillo. Méndez habría intentado que Almaza dijera que Yidis Medina estaba vinculada con la subversión e, incluso, lo llevó al búnker de la Fiscalía para que declarara en su contra. Esas declaraciones, luego, según el Tribunal, salieron en el programa La Noche de RCN, dirigido por la periodista Claudia Gurisatti.
“Fabián Méndez me contactó con alguien del DAS, la persona del DAS me llevaba inclusive con unas personas detectives …que eran del DAS…el DAS fue el que pagó todo esto, me llevaba, me traían… cuando me llevaron hasta el DAS fui maltratado, porque me trataron muy feo a mí cuando llegué allá, porque ellos querían que yo diera declaraciones fuertes en contra de la señora Medina, pero yo nunca, yo dije: por qué voy a decir cosas que yo no, no sé, cosas que no son así, que ella tenía vínculos con la guerrilla, que ella una cantidad de cosas”, dijo Almaza en audiencia de juicio oral contra Velásquez y del Castillo.
Durante el proceso de segunda instancia, Edmundo del Castillo exigió que se respetara el fallo de primera instancia, pues según su defensa la Fiscalía no tenía el material probatorio para hablar de concierto delinquir, siendo que actuó bajo sus funciones constitucionales como exsecretario jurídico de la Presidencia. César Mauricio Velásquez, por su parte, aseguró que nunca participó del escándalo de las “Chuzadas del Das”. Incluso, que de haber asistido a las reuniones, cumpliría de todas formas con sus funciones como exsecretario de prensa.
Antecedentes de las “Chuzadas del DAS”
En julio de 2021, en primera instancia, un juzgado de Bogotá los absolvió, pues consideró que la labor de la Fiscalía no apuntó a demostrar el supuesto papel de los exfuncionarios de la Presidencia en el plan para desprestigiar a la Corte, sino a describir el caso conocido como las “chuzadas del DAS”. El expresidente Uribe, por su parte, ha negado haber entregado instrucciones para enlodar el nombre de la alta corte.
“Los testigos realizaron una extensa lectura de documentos y expresaron apreciaciones subjetivas sobre los mismos, en lugar de formularles interrogantes sobre los hechos que pretendían ser demostrados. (La Fiscalía) no contextualizó a los declarantes sobre los hechos materia de juzgamiento, puesto que extendió el campo de análisis a la generalidad que representa el caso ‘Chuzadas del DAS’ y no apuntó a demostrar la intervención y responsabilidad de los enjuiciados”, explicó el Juzgado.
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La acusación sobre Velásquez y del Castillo, que se había cerrado en 2010, pero reabierta en 2013, apuntaba a que ambos recibieron y utilizaron información recaudada por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en siete hechos, entre los que se destaca la reunión que tuvieron en 2008 con el exjefe paramilitar Antonio López Jiménez, alias Job, en la Casa de Nariño.
En esa polémica reunión, este hombre, mano derecha del exjefe paramilitar Diego Murillo, alias Don Berna, les comentó sobre un supuesto complot para desprestigiar al entonces presidente Álvaro Uribe orquestado por el entonces magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien era el coordinador de la investigación de la parapolítica a nivel nacional. Sin embargo, distintas sentencias e investigaciones judiciales han demostrado que, en realidad, contra Velásquez y los magistrados de la Corte Suprema hubo todo un complot para ensuciar su nombre.
Por ejemplo, en julio de 2020, el Tribunal Superior de Cundinamarca condenó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) por los seguimientos en interceptaciones ilegales de las que fue víctima el exmagistrado Velásquez. Por otro lado, permanece condenada María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, quien en 2015 fue declarada culpable por avalar la búsqueda de información privilegiada contra magistrados, periodistas y políticos de oposición.
El pasado 7 de abril, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Bogotá rechazó la solicitud de libertad condicional de María del Pilar Hurtado, por cuyo expediente fue condenada a 14 años de prisión. Asimismo, Bernardo Moreno, exdirector del Dapre, fue condenado en 2011 a ocho años de cárcel, por los delitos de abuso de función pública, concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones.
El capitán Fernando Tabares, exdirector de inteligencia del DAS, también tiene una condena en su contra por perseguir a magistrados, periodistas y opositores de Álvaro Uribe. Entre los “chuzados” estaban congresistas como Piedad Córdoba, Carlos Gaviria y Antonio Navarro Wolff, también los periodistas Daniel Coronell y Holman Morris. El escándalo de las “chuzadas del DAS”, dejó episodios como el de la detective del DAS Alba Luz Flórez, la conocida Mata Hari, quien enamoró a un capitán de la policía para reclutar fuentes al interior de la Corte Suprema.
En contexto: Los condenados y absueltos por el caso de “chuzadas” del DAS
La Mata Hari se logró contactar con el escolta del exmagistrado Iván Velásquez y con el jefe de seguridad de todos los magistrados de la alta corte. Tal fue la red de contactos que logró la Mata Hari, como funcionaria del DAS, que incluso reclutó a dos operarias de servicios generales, que servían los tintos en las salas plenas de la Corte Suprema, a quienes se les entregó una pequeña grabadora que debían poner horas antes de las reuniones reservadas.
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