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La Defensoría del Pueblo emitió una alerta urgente sobre la grave crisis humanitaria que afecta a diversas regiones del país debido al recrudecimiento del conflicto armado. De acuerdo con el organismo, al menos once focos de emergencia han impactado de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niños, niñas y adolescentes. Esta situación ha generado el desplazamiento forzado de 5.452 personas, el confinamiento de 11.896 personas y 27 homicidios, afectando gravemente la seguridad y bienestar de la población civil.
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El informe presentado por la Defensoría señala que al menos diez grupos armados ilegales están detrás de esta crisis, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc lideradas por alias Mordisco y alias Calarcá, así como organizaciones criminales como los Shottas y los Espartanos. Estos grupos han intensificado sus acciones violentas, desafiando la presencia del Estado y vulnerando los derechos fundamentales de miles de personas.
Chocó: epicentro de la violencia y el desplazamiento
Uno de los casos más críticos se registra en la subregión del San Juan (Chocó), donde enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo han obligado al desplazamiento y confinamiento de al menos 1.600 personas. La Defensoría ha documentado la presencia de minas antipersona cerca de caseríos y escuelas, lo que representa un grave riesgo para la población civil, especialmente para los niños y adolescentes.
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Además, el ELN ha decretado un paro armado de 72 horas a partir del 18 de febrero, lo que agrava la crisis humanitaria y limita aún más la movilidad de los habitantes. La situación del pueblo Wounan es particularmente preocupante, ya que enfrenta restricciones de movilidad, escasez de alimentos y dificultades en el acceso a servicios básicos de salud. Líderes comunitarios han denunciado amenazas constantes y la falta de una respuesta eficaz por parte del Estado.
Expansión del conflicto
La violencia no se limita a Chocó. La Defensoría del Pueblo ha identificado focos de emergencia en Nariño, Cauca, el Pacífico Vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo. En esta última región, la violencia representa un alto riesgo para las elecciones atípicas programadas para el 23 de febrero, ya que los grupos armados han intensificado las amenazas contra líderes políticos y sociales.
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“Este panorama, tristemente, es el reflejo de la expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales en los últimos 5 años. El grupo armado que más se ha expandido es el Clan del Golfo, pero todos lo han hecho. Los grupos armados hoy tienen influencia en el 73% de los municipios del país: 809″, advirtió la Defensora del Pueblo.
En varias zonas, la población civil ha quedado atrapada en medio del fuego cruzado, con restricciones en el acceso a alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Organizaciones humanitarias han denunciado que la crisis se agrava por la falta de presencia efectiva del Estado y la incapacidad de las autoridades para responder a la magnitud del problema.
Ante este panorama desolador, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente a las autoridades nacionales e internacionales para tomar medidas inmediatas que permitan mitigar la crisis humanitaria y garantizar la protección de las comunidades afectadas. “Esta situación es grave, pero no es irremediable. Lo peor que nos puede pasar es entrar en fatalismos. Por muy crudo y delicado que sea este panorama, nuestro país cuenta con las instituciones necesarias, con la capacidad suficiente para enfrentar el avance de los grupos armados y dar garantías a las comunidades y dar paso a la presencia integral del Estado de Derecho en los territorios”, precisó Marín.
Entre las principales acciones propuestas por el organismo, se encuentra implementar estrategias efectivas que prioricen la protección de la población en riesgo, con base en las alertas tempranas y diagnósticos existentes. Fortalecer la cooperación internacional para aumentar la asistencia humanitaria y exigir el respeto a los derechos humanos en los territorios afectados.
También, la defensoría señaló que es urgente instar a los grupos armados ilegales a cesar la instrumentalización de la población civil y a respetar el derecho internacional humanitario. Exigir en las mesas de diálogo con actores armados el respeto irrestricto a la población civil, la liberación inmediata de menores reclutados y el cese de esta práctica que vulnera los derechos de la infancia. Además, se debe aumentar la presencia institucional en las zonas más golpeadas por el conflicto, garantizando la seguridad de los habitantes y promoviendo la inversión en proyectos de desarrollo social y económico.
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