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Eudaldo Díaz será recordado como el primer alcalde de El Roble (Sucre) y por las palabras que dijo ante el expresidente Álvaro Uribe y uno de sus victimarios, el exgobernador del departamento Salvador Arana, el 2 de febrero de 2003. En un consejo comunitario, advirtió que era blanco probable de paramilitares, quienes tendrían alianzas con altos funcionarios del departamento. “Ahora viene el otro paso y es que a mí me van a matar”, dijo. Hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió estudiar su caso y la responsabilidad del Estado colombiano.
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En un reciente informe de admisibilidad, la CIDH decidió estudiar una denuncia contra Colombia interpuesta, hace más de una década, por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). La representación judicial de la familia de Eudaldo Díaz, la cual aparte ha alertado una persecución por exigir justicia, pretende que el Estado sea condenado por permitir la violación de derechos como la vida, integridad personal, protección judicial o libertad de pensamiento y expresión.
“Tras examinar los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes la Comisión estima que las alegaciones de la parte peticionaria, relacionadas con la muerte de la presunta víctima (Díaz) y la alegada impunidad parcial en la que se encontrarían los hechos, no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo, pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos podrían caracterizar violaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos”, explicó la CIDH.
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La defensa de la familia de Díaz expuso ante la CIDH que el exalcalde fue electo para el periodo 2001-2004. Que sus contrincantes políticos obstaculizaron su paso, interponiendo denuncias ante la Procuraduría, Fiscalía y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). De hecho, para la fecha en que Eudaldo Díaz avisó públicamente sobre su condición de seguridad, estaba suspendido por el Ministerio Público, sanción que fue revocada años después.
El 5 de abril de 2003, el exalcalde Díaz salió de su casa a una reunión con funcionarios del departamento de Sucre, entre quienes estaba infiltrado el exparamilitar Rodrigo Mercado, alias Cadena, uno de los jefes del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc. Cinco días después, el cuerpo de Díaz fue hallado en la “boca del zorro”, a las afueras de Sincelejo, con signos de tortura y con impactos de arma de fuego.
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Entre los que cayeron por el crimen fue el mismísimo gobernador de Sucre, Salvador Arana, quien fue sentenciado en todas las instancias por alisarse con paramilitares para airear, con sangre de por medio, su proyecto político en la región. Una condena de más de 30 años pesaba en su contra, hasta que entró a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en 2020, comprometiéndose a revelar verdades sobre las alianzas criminales entre estadistas y autodefensas.
“Los peticionarios argumentan que la investigación penal no ha sido eficaz, puesto que, a la fecha, más de 17 años desde que ocurrieron los hechos, solo existen dos condenas en firme, contra: la exdirectora de la cárcel de Sincelejo, quien se encuentra prófuga de la justicia; y el exgobernador de Sucre, que se sometió a la JEP. Agregan que tampoco han sido sancionados la totalidad de los autores materiales o intelectuales, y concluyen que existen preocupaciones generales en torno a la efectividad de las sanciones impuestas en contra de paramilitares”, se lee en el informe.
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Asimismo, los familiares del exalcalde cuestionaron el avance de la justicia en el ámbito administrativo, pues aunque resultaron favorecidos en una demanda de reparación, el mismo proceso tardó más de 14 años. El Estado, por su parte, intentó que la CIDH desestimara la solicitud de Cajar, pues el proceso penal ha sido un recurso importante para evitar que se vulneren los derechos invocados. Explicó, además, que desde 2003 se han ordenado casi una decena de medidas de aseguramiento, una de ellas contra alias Cadena, de quien se sabe está desaparecido.
La CIDH recopiló las acciones penales y administrativas que ha adelantado la justicia y consideró que los trámites internos podrían estar agotados. Admitió el caso para su estudio y, así, evaluará los avances que ha tenido el expediente en relación con las condenas emitidas (dos) y las medidas de reparación ordenadas al Estado. El exalcalde Eudaldo Tito Díaz, no solo advirtió que su vida estaba en peligro ante el expresidente Uribe, también intentó hablar con el mismo Cadena. El día que levantaron su cuerpo fue encontrada una carta dirigida al exparamilitar, en la cual clamaba por su vida. Nadie lo escuchó, nadie lo ayudó y hoy sus hijos siguen siendo perseguidos.
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