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El pasado11 de abril de 2018 una adolescente de 16 años habría sido abusada sexualmente presuntamente por un habitante de la misma vereda. El hombre fue capturado casi un año después por el abuso sexual y fue llevado a la cárcel. Lo que en la mayoría de los casos representa un alivio para las víctimas, para esta familia fue solo el principio de una serie de represalias. “Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía, donde les indicaron que (...) eso no constituía amenaza ni agresión ni delito alguno”. La familia acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humnos (CIDH) que acaba de ordenar medidas cautelares en el caso.
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Los familiares del hombre empezaron a enviar recados para advertirle a la familia sobre su peligrosidad. Las amenazas tenían un solo propósito: retirar la denuncia. A raíz de la negativa de la familia en retirar los cargos contra el abusador, la familia encontró a su perro y su yegua envenenados, este último animal incluso fue apuñalado. La familia de la joven interpretó los hechos como una nueva amenaza y las cosas no quedaron allí.
La familia le dijo a la Comisión que “el 20 de enero de 2020 por la madrugada, hombres al parecer armados habrían ingresado al lote, intentando entrar a la casa y, ante la reacción de la madre de la adolescente y de los perros, al ver que los niños no se encontraban solos, se habrían ahuyentado”. No obstante, no era la primera vez que hombres extraños intentaban irrumpir en la vivienda, según el documento, que advirtió que los hechos empezaron el 14 de enero de 2020 (ambas fechas coincidiendo con audiencias contra el presunto abusador).
La familia acudió a la Policía del municipio pero la respuesta fue que no podrían ofrecerles una protección adecuada y les aconsejó pedir apoyo del Ejército. De acuerdo con las investigaciones, no solo la familia estaría siendo objeto de hostigamientos. Como se puede leer en el documento, “la defensora en el proceso penal ha sido objeto de seguimientos el 4 de febrero por una persona motorizada en su oficina y en su vivienda, y el 10 de febrero por una camioneta gris con vidrios polarizados mientras se dirigía al Palacio de Justicia”.
En la comunidad tampoco recibieron ayuda. Según el expediente allegado a la CIDH, el pasado 6 de marzo de 2020, la Junta de Acción Comunal de la vereda donde vivía la familia ordenó su expulsión. Los líderes veredales alegaban que las denuncias contra el abusador eran falsas y ponían en riesgo a su familia.
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Ante la situación, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le dijo a la CIDH que la familia no se encontraba en su base de datos y que los beneficiados deben suministrar “información con miras a recibir atención del Estado”. Asimismo, el Estado colombiano señaló que la Policía “hizo entrega el 1 de enero de 2020 a la madre de una Guía de Recomendaciones de Autoprotección de la Policía Nacional”. Además, se brindó el acompañamiento de la institución que patrullaría haciendo registros, identificación de personas y vehículos.
La situación preocupó a la Comisión que afirmó que “pese al conocimiento de diferentes autoridades de la presunta situación de riesgo, no se desprende de la información aportada por las partes que se haya realizado un análisis de riesgo o evaluación de la situación de la familia”. Las medidas cautelares también deberán ser aplicadas a los representantes de la familia, en este caso, la abogada que lleva el proceso. Además, indicó que el Estado colombiano debe dar el reporte de las medidas en 15 días e informar cómo avanza la investigación de este caso.
La orden de esta instancia es que el estado colombiano deberá proteger a la menor de edad y su familia de ahora en adelante. Según el documento, la CIDH exigió medidas para preservar la vida e integridad de esta familia “con perspectiva de género y considerando su condición de adolescente o los enfoques diferenciados que resulten pertinentes”.