CIDH otorga medidas cautelares a familia de líder social por amenazas en su contra

Tras varias amenazas y el asesinato de varios integrantes de su movimiento, un líder social y ambiental de Cali recibió a su favor medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además de esto, la CIDH también cobijó con estas medidas al núcleo familiar de este líder social. De acuerdo con la Comisión, se pudo identificar que tanto él como su familia se encuentran en “una situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

Lea: Un año de la visita de la CIDH en el paro: ¿en qué van sus recomendaciones?

La solicitud ante la CIDH fue presentada por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, quienes le pidieron a la Comisión que instara al Estado a que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad de este líder social y su núcleo familiar. De acuerdo con la solicitud, el líder social y su familia se encuentran en riesgo debido a su liderazgo social y ambiental a favor de la población afrocolombiana.

De acuerdo con la organización que solicitó las medidas, este líder social participó como miembro del Movimiento Ciudadano Orientados en las manifestaciones del Paro Nacional del 2021. Allí fue el vocero del punto de resistencia que se encontraba en la Institución Educativa Nuevo Latir y también hizo parte la primera línea de resistencia. Su participación buscaba “poner en el debate público las demandas asociadas a la restitución de tierras, la protección de los humedales y al trabajo realizado en la Huerta Étnica Retorno al Campo quien está proyectado como un centro de innovación socio ambiental y agroecológico del oriente caleño” afirmaron los solicitantes.

Lea aquí: CIDH insta a Estado a cumplir recomendaciones de la Comisión de la Verdad

Además, el líder había sido electo como Consejero Distrital de Juventudes por los próximos cuatro años en noviembre de 2021. Este también sería víctima de desplazamiento forzado y amenazas por parte de hombres armados en el municipio de López de Micay (Cauca). Este líder se encontraba enfocado en liderar la protección de los humedales que conectan al río Cauca y en la exigencia de restitución de tierras a la población afrocolombiana, especialmente los asentados en la zona rural de Navarro y el oriente de Cali (Valle del Cauca).

Las amenazas contra este líder social se presentaron después de que rechazara “financiamiento, drogas, armas y recursos” para que no levantaran el punto de resistencia que lideraba por parte de individuos que se identificaron como miembros de las disidencias de las Farc. Tras esto, el Movimiento Orientados comenzó a recibir amenazas que se fueron materializando con la muerte de cuatro de sus miembros. A pesar de las denuncias presentadas por el líder social, el Estado afirmó que la Unidad Nacional de Protección no tiene una ruta activa para atender el caso.

Lea también: CIDH pide proteger a líderes sociales y redoblar esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz

Por estos hechos, la CIDH, tras valorar las acciones que tomó el Estado y la situación de vulnerabilidad del líder social, decidió otorgar la medida cautelar solicitada y le pidió al Estado colombiano que adopte las medidas necesarias para proteger su vida e integridad con un enfoque étnico-racial. Además, le pidió que adopte las medidas de protección para que este líder pueda continuar en sus labores de defensa de los derechos humanos y también investigue los hechos que rodean las amenazas y asesinatos que mencionó la solicitud.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Tras varias amenazas y el asesinato de varios integrantes de su movimiento, un líder social y ambiental de Cali recibió a su favor medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además de esto, la CIDH también cobijó con estas medidas al núcleo familiar de este líder social. De acuerdo con la Comisión, se pudo identificar que tanto él como su familia se encuentran en “una situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

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La solicitud ante la CIDH fue presentada por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, quienes le pidieron a la Comisión que instara al Estado a que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad de este líder social y su núcleo familiar. De acuerdo con la solicitud, el líder social y su familia se encuentran en riesgo debido a su liderazgo social y ambiental a favor de la población afrocolombiana.

De acuerdo con la organización que solicitó las medidas, este líder social participó como miembro del Movimiento Ciudadano Orientados en las manifestaciones del Paro Nacional del 2021. Allí fue el vocero del punto de resistencia que se encontraba en la Institución Educativa Nuevo Latir y también hizo parte la primera línea de resistencia. Su participación buscaba “poner en el debate público las demandas asociadas a la restitución de tierras, la protección de los humedales y al trabajo realizado en la Huerta Étnica Retorno al Campo quien está proyectado como un centro de innovación socio ambiental y agroecológico del oriente caleño” afirmaron los solicitantes.

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Además, el líder había sido electo como Consejero Distrital de Juventudes por los próximos cuatro años en noviembre de 2021. Este también sería víctima de desplazamiento forzado y amenazas por parte de hombres armados en el municipio de López de Micay (Cauca). Este líder se encontraba enfocado en liderar la protección de los humedales que conectan al río Cauca y en la exigencia de restitución de tierras a la población afrocolombiana, especialmente los asentados en la zona rural de Navarro y el oriente de Cali (Valle del Cauca).

Las amenazas contra este líder social se presentaron después de que rechazara “financiamiento, drogas, armas y recursos” para que no levantaran el punto de resistencia que lideraba por parte de individuos que se identificaron como miembros de las disidencias de las Farc. Tras esto, el Movimiento Orientados comenzó a recibir amenazas que se fueron materializando con la muerte de cuatro de sus miembros. A pesar de las denuncias presentadas por el líder social, el Estado afirmó que la Unidad Nacional de Protección no tiene una ruta activa para atender el caso.

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Por estos hechos, la CIDH, tras valorar las acciones que tomó el Estado y la situación de vulnerabilidad del líder social, decidió otorgar la medida cautelar solicitada y le pidió al Estado colombiano que adopte las medidas necesarias para proteger su vida e integridad con un enfoque étnico-racial. Además, le pidió que adopte las medidas de protección para que este líder pueda continuar en sus labores de defensa de los derechos humanos y también investigue los hechos que rodean las amenazas y asesinatos que mencionó la solicitud.

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