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El escándalo de las “carpetas secretas”, revelado por la revista Semana, ya generó un primer pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este ente internacional en el pasado ya ha expresado su preocupación, en 2004, 2009 y 2014, por otros casos de interceptaciones ilegales y seguimientos desde organismos de inteligencia colombianos. Y esta semana, nuevamente, se pronunció y pidió que se disponga de todos los mecanismos que garanticen la independencia e imparcialidad en la investigación por estos nuevos seguimientos a periodistas, políticos y sindicalistas.
(Vea: A responder por las “carpetas secretas”)
En un comunicado, la Comisión dijo que Colombia debe investigar “la posible vinculación de altas autoridades dentro y fuera de la cadena de mando con intereses particulares o políticos”. Asimismo, recalcó que las investigaciones deben llevar a la identificación de los destinatarios finales interesados en la información de las “carpetas secretas“. Por estos seguimientos, que se dieron en por lo menos cuatro batallones y brigadas de inteligencia y contrainteligencia, ya fueron destituidos de sus cargos 11 uniformados y la Procuraduría ya llamó a juicio disciplinario a trece militares. No obstante, la CIDH recomienda llegar hasta el fondo del asunto.
Según el documento, los periodistas, defensores de derechos humanos y todo aquellos cuyos nombres aparecieron entre los perfilados, deben tener un rol activo en la recolección de pruebas y peritaje técnico. Asimismo, deben estar informados y participar del proceso penal. Se deben “garantizar mecanismos para que las personas sobre quienes existe información de inteligencia tengan acceso a ella y de esa forma puedan solicitar su corrección, actualización o en su caso la eliminación de los archivos de inteligencia”, añadió la CIDH.
(En contexto: Las “carpetas secretas” de inteligencia militar: ¿a quiénes iban dirigidas y para qué?)
Al no ser un episodio nuevo en el país, la CIDH y su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión pidieron al Gobierno adoptar medidas y correctivos para detener estas prácticas ilegales por parte de organismos estatales. A comienzos de este año, el ente internacional ya había señalado que, “el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación, y contar con control judicial previo”.
Asimismo, la Comisión reiteró que la intervención a la información de dominio público proporcionada por las víctimas también constituye una violación a la vida privada de estas personas. Así lo confirmó la Comisión al recordar que “el hecho de que la persona deje rastros públicos de sus actividades –en internet de manera inevitable– no habilita al Estado a recolectarla sistemáticamente, salvo en las circunstancias específicas donde dicha injerencia estuviera justificada”.
(Lea también: El reporte de lo que se halló en el Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá)
Como en los tiempos de las “chuzadas” del DAS y otros tantos escándalos de la inteligencia colombiana, la Comisión hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas que el Estado asegure el derecho a la intimidad e integridad de los afectados con los perfilamientos de las “carpetas secretas”. Además, la instancia internacional pidió que el resultado de las investigaciones sea conocido públicamente en aras de que “la sociedad colombiana conozca la verdad de los hechos y asegurar que no se repitan”.