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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su "grave preocupación" ante denuncias de una presunta red de espionaje ilegal a medios de comunicación, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, magistradas y magistrados, y dirigentes políticos, que habría sido desarrollada por agentes estatales en Colombia. "La CIDH insta al Estado a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente respecto a estas actividades y sus responsables", señaló el organismo internacional.
Ver: Colombia, el país donde las entidades terminan en escándalos de “chuzadas”
Según una investigación periodística de la revista Semana, estas actividades se habrían realizado a través de equipos especiales que permiten captar las llamadas de teléfonos celulares y la instalación de un malware denominado "Hombre Invisible" en los dispositivos hackeados. Además, se habrían interceptado llamadas telefónicas y mensajes de texto de varios periodistas, magistrados, políticos y activistas. Según la publicación periodística, las denuncias implicarían a agentes de los batallones de ciberinteligencia militar (Bacib) y al batallón de contrainteligencia de seguridad de la información del Ejército (Bacsi).
El 18 de diciembre, una comisión de la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría allanaron las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia del Ejército en Facatativá, en busca de evidencia respecto a la denuncia de vigilancia ilegal. Los oficiales que se encontraban en las instalaciones habrían negado realizar actividades ilegales y tener software o herramientas informáticas para estos fines. Miembros de la Procuraduría General que acompañaron esa diligencia habrían incautado varios equipos.
La Fiscalía y la Procuraduría de Colombia anunciaron el martes pasado que iniciarán una pesquisa para establecer si se realizaron estas actividades ilegales y si el excomandante del Ejército, Nicasio Martínez, estuvo involucrado o conocía los hechos. "Habrá primero que mirar cuáles son los sistemas que se utilizan, si se han utilizado. Cuáles son las labores y los resultados de esa auditoría interna para empezar a tomar una decisión", aseguró Fabio Espitia, fiscal general encargado. El presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunciaron una investigación interna para establecer si hubo interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema, políticos y periodistas desde oficinas del Ejército.
"La CIDH y su Relatoría recuerdan que el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación y contar con control judicial previo. La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas", señaló la instancia internacional.
La CIDH recordó que en los últimos años en Colombia se ha reportado el uso ilegal de intercepciones por parte de distintos servicios de inteligencia y ciberseguridad como son los casos de las "Chuzadas del DAS" y la Operación Andrómeda en 2014, ésta última hecha a las comunicaciones de los negociadores de Paz. "Las investigaciones sobre las actividades del DAS avanzaron con lentitud, en cuanto a la Operación Andrómeda no se registraron resultados hasta la fecha", señaló la CIDH por medio de un comunicado de prensa.
En ambas oportunidades la CIDH y su Relatoría Especial recordaron que "la injerencia ilegítima incluye aquellas realizadas contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación tanto por motivos políticos, como para conocer sus fuentes de información. La CIDH insta al Estado a garantizar una investigación exhaustiva e independiente respecto de los hechos denunciados y, en su caso, juzgar y sancionar a los responsables". En particular, la Relatoría Especial llamó al Estado a investigar la posible vinculación de entidades estatales en estos hechos .
El Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, emitió en 2019 un informe sobre "La industria de la vigilancia y los derechos humanos" y señaló que los periodistas están expuestos a estas metodologías de vigilancia, convirtiéndose en blanco deliberado de ellas. Destacó que los tres principales tipos de vigilancia son interceptar comunicaciones, hackear aparatos electrónicos (móviles y computadores) y vigilar de forma masiva los flujos de comunicación. "La vigilancia selectiva incentiva la autocensura y menoscaba de manera directa la capacidad de los periodistas y los defensores de derechos humanos para realizar sus investigaciones y para forjar y mantener relaciones con sus fuentes de información", puntualizó.