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Que el 79% de los colombianos tienen una imagen negativa de la justicia formal en Colombia, de acuerdo con la más reciente encuesta de Gallup, no es una gran revelación. Que el 74%, según el Latinobarómetro de 2015, no confía en que la justicia le pueda solucionar sus conflictos, tampoco. Que además, de acuerdo a los estudios realizados por Latinobarómetro en 2014, el 61% cree que la impunidad es la norma, ya es casi vox populi. Pero que son cinco las metas que debería cumplir la Rama Judicial para que en 20 años los colombianos cambien cómo piensan sobre ella, es tal vez, el hallazgo más descatado de la investigación que realizó la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y cuyos resultados acaban de hacerse públicos.
La Agenda Estratégica de Justicia (AEJ), que fue como la CEJ llamó a los cinco objetivos que desenlodarían la legitimidad de la justicia, se armó después de revisar “un total de 133 acciones para solucionar los problemas que afectan los diferentes atributos de la justicia formal en Colombia”, dice el documento. Luego de entrevistar a expertos y cruzar datos, la CEJ llegó a la conclusión de que, si se seguían cinco objetivos en un plazo de 20 años, en 2036 la mayoría de colombianos tendría una opinión favorable del sistema judicial ordinario. Dichos objetivos: mejoras en el órgano de gobierno (es decir, el Consejo Superior de la Judicatura), fortalecimiento de la imagen de los jueces, la simplificación del sistema de justicia formal, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y, por último, el empoderamiento del ciudadano en sus derechos.
El informe de la CEJ es enfático en la necesidad de transformar a fondo la Rama Judicial. Lamentó que el pasado 1° de junio la Corte Constitucional sepultara la posibilidad de crear el Consejo deGobierno Judicial, uno de los puntos clave de la reforma al Equilibrio de Poderes. La CEJ propuso planear y desarrollar el sistema judicial concibiendo al ciudadano como cliente, tal como se defendía en la reforma. Pidió además un control a la carga de trabajo de los jueces, que hoy se encuentran desbordados: según el Consejo Superior de la Judicatura, desde 1993, la demanda de justicia ha aumentado en un 303%, mientras que el crecimiento de despachos judiciales permanentes tan solo fue del 24%. Además, señaló la necesidad de mejorar la implementación de las TIC en el sistema. Planteó que para 2036 todos los despachos deben gestionarse bajo una política de cero papel. Y reducir la impunidad, que hoy supera el 90%, según el Ministerio de Justicia.
La organización dijo además que para reconstruir la confianza de los colombianos en los procesos, es indispensable que los tiempos procesales se cumplan. Para esto, dijo la CEJ, resulta clave revisar el papel que juega la tutela en el sistema jurídico colombiano. De acuerdo a sus hallazgos, el 32% de los procesos que ingresan a la Rama son vía tutela, y, como estas tienen prioridad, la solución de los demás casos se aplaza. Para resolver esta dificultad, la CEJ plantea una solución: cambiar el reglamento de la tutela y suprimir su uso contra sentencias. El planteamiento es, cuando menos, polémico. Al respecto, Gloria Borrero, señaló que: “Lo que queremos es plantear ese debate”. Aun así, la CEJ reconoce en el documento que “el extendido uso de la tutela también puede ser un indicativo de una percepción ciudadana de la ineficacia del sistema”.
Por último, la CEJ planteó la necesidad de simplificar el sistema de justicia formal, para hacerlo accesible al ciudadano de a pie a quien, también se le debe empoderar en el reconocimiento de sus derechos y deberes. Y es que en un país con 10.234 leyes, que a su vez deben ser reguladas por normas de rango menor, y donde de acuerdo con el estudio la Constitución se modifica 1,5 veces al año en promedio, acceder a la justicia se convierte en una odisea, más aun si desconocen sus derechos.
Es por esto que, además de apostarle a una mejor formación de los abogados y a la simplificación del ordenamiento legal, el Estado debería implementar una cátedra obligatoria de cívica y cultura de la legalidad en la educación primaria y secundaria y crear un “triage” que oriente y clasifique el reparto de procesos que entran al sistema.
“La Junta Directiva nos pidió en marzo del año pasado que recogiéramos nuestra experiencia y que hiciéramos una propuesta para emprender el fortalecimiento del justicia”, contó Gloria María Borrero, directora de la CEJ. “Luego, presentamos ese programa de investigación al premio Luis Carlos Sarmiento y nos lo ganamos. Con los $100 millones del reconocimiento, desde septiembre hasta hoy, lo desarrollamos”, dijo Borrero. La directora calificó la investigación como un “estado del arte” que, espera, sirva para hacer las reformas necesarias en la Rama. Señaló que desde la CEJ esperan que las ideas sean acogidas por el Plan decenal de Justicia, que el Ministerio de Justicia debe presentar ante la Corte Suprema el próximo año.
La Corporación Excelencia en la Justicia ya le comunicó al Ministerio de Justicia los resultados del informe. Habrá que esperar si las cinco claves que propone la Corporación Excelencia en la Justicia pueden ser el salvavidas que tanto necesita esta Rama de poder público.