Fuentes en la Fiscalía le confirmaron a El Espectador que Andrés Escobar, empresario que trabaja con publicidad en Cali, fue citado a interrogatorio ante el ente investigador. El nombre de Escobar salió a la luz hace menos de una semana, luego de que fuera identificado como uno de los civiles que disparó en plena vía pública el fin de semana pasado en el barrio Ciudad Jardín de la capital del Valle, en el marco de las protestas por el Paro Nacional.
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Andrés Escobar fue citado para esclarecer las circunstancias por las cuales disparó un arma que, según el empresario, no es de fuego, si no traumática o de fogueo. En videos ampliamente difundidos en redes sociales quedó registrado cuando Escobar, ante la omisión de un puñado de policías del lugar, desenfundó su arma y realizó tiros al aire libre. Aún se desconoce si algún manifestante resultó herido y si el arma en realidad era no letal, como lo explicó el investigado.
Tal ha sido el revuelo por las imágenes difundidas en redes y medios de comunicación, que Escobar dio explicaciones a través de un video de conocimiento público. “El camino no son las armas. El camino no es una guerra civil. Mi intención no es hacer un llamado al odio ni al resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada en el marco del paro nacional”, dijo Escobar, quien además afirmó que se trataba de un arma traumática, incluso mostrando su supuesto registro de importación.
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Escobar deberá presentarse ante la Fiscalía en compañía de su abogado y probar que se trataba de un arma de fogueo, dado que ese tipo de elementos no representan una penalización en la legislación colombiana, a menos que sean el medio por el cual se cometa un delito. En dado caso de que la Fiscalía encuentre que se trataba de un arma de fuego, Escobar podría ser investigado y pagar una pena de entre 4 y 8 años de cárcel, como está escrito para el delito de porte fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego.
Mientras Escobar insiste en que no es “un paramilitar” y que ha sido victima de “injurias y calumnias”, en la mañana de este 1 de junio el fiscal general Francisco Barbosa pidió al ministro de Defensa Diego Molano, que entregue información relacionada con las investigaciones de la Justicia Penal Militar. En una de las peticiones, Barbosa le exigió a la justicia castrense que dé cuenta por las investigaciones contra civiles armados con presencia en el barrio Ciudad Jardín de Cali.
La Fiscalía incluso tiene información sobre otra incursión de civiles armados el pasado 9 de mayo, denuncia que fue elevada por la Minga Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Mientras las comparsas indígenas llevaban a cabo una manifestación pública, en la cual habrían bloqueado las vías de acceso a Jamundí (Valle), civiles armados con lo que parecían fusiles y revólveres atacaron al CRIC. En su momento, el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina acusó a los indígenas de “tomarse la ciudad”.
Antecedentes: Choques entre civiles y Guardia Indígena en la vía Cali - Jamundí
“La arremetida inició la noche del día 8 de mayo y la madrugada del 9 de mayo del 2021, donde se registraron actuaciones por parte de civiles armados localizados en la vía Jamundí, identificados con camisetas blancas que exigieron se levantara supuestos bloqueos desconociendo la labor humanitaria de la guardia Indígena como gestores de Paz, Garantes y Defensores de la Vida y el Territorio”, expusieron en un comunicado desde el CRIC, el pasado 9 de mayo. Días después salieron de la ciudad, con el apoyo del padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.