En medio de la expansión armada que lidera el Clan del Golfo y que ha agravado la situación de orden público en distintas regiones del país, el presidente Gustavo Petro solicitó la suspensión de las órdenes de captura contra 29 de sus integrantes para facilitar su traslado a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). El anuncio se da en el marco de los diálogos que se adelantan con dicho grupo a través de la política de paz total.
Relacionado: La demanda que busca tumbar las zonas especiales que creó el gobierno para el Clan de Golfo
La solicitud se dio en la Resolución 120 del 29 de abril de 2026, expedida por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP), que aceptó un listado de 29 personas entregado por Clan del Golfo. Según el documento, el ingreso a las ZUT —ubicadas en Tierralta y Belén de Bajirá— está previsto para el 25 de junio de 2026. La resolución establece que la suspensión de capturas se mantendrá mientras se desarrolla el desplazamiento de estos hombres, entre ellos Jesús Ávila Villadiego, conocido con el alias de “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo.
Esta medida ocurre en paralelo a las alertas de la Defensoría del Pueblo sobre la expansión del grupo armado y su influencia en amplias zonas del país. A esto se suma la inestabilidad del proceso, evidenciada el pasado 13 de marzo, cuando el mismo Gobierno revocó la resolución con la que había suspendido las órdenes de captura de “Chiquito Malo” y de otros integrantes del grupo delincuencial.
Lea: Gobierno revoca suspensión de órdenes de captura contra alias “Chiquito Malo”
Tan solo en 2026, la Defensoría ha emitido cuatro alertas tempranas por la expansión de este grupo armado. Las alertas no se concentran en una sola región. Desde el Pacífico hasta el Caribe, la Defensoría ha advertido patrones similares de expansión territorial, control de economías ilícitas y disputas armadas.
Risaralda
La primera alerta se emitió en enero para los municipios de Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría. De acuerdo con la entidad, el riesgo responde a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Eln, actores con mayor presencia en el departamento. Según la Defensoría, en los tres municipios se han presentado vulneraciones a derechos fundamentales “como la vida, la integridad personal, la libertad, la movilidad y la seguridad de la población residente y en tránsito, así como infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.
La entidad señala que, en el territorio, el Clan del Golfo mantiene su presencia mediante la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle. Asimismo, advierte que la situación de violencia se evidencia en “el considerable aumento de los homicidios intencionales con arma de fuego en zonas de clara influencia de estos dos Grupos Armados Organizados (GAO); el incremento de desplazamientos forzados y confinamientos que afectan principalmente a los pueblos étnicos (indígenas y afrodescendientes) y comunidades campesinas”.
Sucre
La segunda alerta fue emitida ante el recrudecimiento del conflicto armado y el aumento de desplazamientos forzados en el municipio de El Roble. Según indicó la entidad, se encuentran en riesgo los corregimientos de Tierra Santa, El Sitio, Grillo Alegre, Palmital, Callejón y Patillal, que limitan con los municipios sucreños de Galeras y San Benito Abad, debido a la incidencia del Clan del Golfo, tanto en áreas rurales como en la cabecera municipal.
La Defensoría explicó que este escenario de riesgo está asociado a la ubicación del municipio dentro de la subregión de La Sabana, que conecta las zonas del sur, San Jorge y La Mojana sucreña con las salidas al mar Caribe a través del Golfo de Morrosquillo. “Esta ubicación ha convertido al territorio en un paso estratégico para economías ilegales, particularmente para el tráfico de drogas y otras actividades criminales”, indicó la entidad.
La Defensoría advirtió que, en este contexto, “no se descarta la posible incursión de otros grupos armados ilegales interesados en disputar el control territorial, dada la importancia estratégica (geográfica) del municipio en las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas”. Según la entidad, la situación resulta especialmente crítica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes están en riesgo de ser reclutados por grupos armados.
Bolívar
En enero se completó la tercera alerta por la expansión del Clan del Golfo para los municipios de Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo, en el departamento de Bolívar. La entidad advirtió que en esta zona se intensifica la disputa entre grupos armados por el control de un corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca.
El panorama está marcado por la pugna por las rentas ilegales derivadas de la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión. Esta situación se agrava, según la alerta, por la suspensión del cese al fuego bilateral con el Eln y la expansión del Clan del Golfo, particularmente a través del Bloque Arístides Manuel Mesa Páez y la Subestructura Frente Erlin Pino Duarte.
Las confrontaciones han generado graves afectaciones como la contaminación del territorio con minas antipersonal, así como el uso de drones para ataques con explosivos. También se reportan presiones y amenazas contra líderes sociales, miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC) y funcionarios públicos.
Chocó
La más reciente alerta de la Defensoría relacionada con el Clan del Golfo fue emitida el pasado 23 de abril para el municipio de Atrato (Chocó). En el documento, la entidad alertó sobre el control territorial histórico del Eln sobre comunidades afrocolombianas asentadas en zonas rurales del río Atrato; la expansión del Clan del Golfo, desde áreas urbanas hacia sectores rurales por corredores fluviales y terrestres; y la llegada de estructuras criminales como Los Mexicanos y Los Zetas.
La Defensoría advirtió además que la ubicación geográfica de Atrato convierte al municipio en un corredor estratégico para la movilidad de grupos armados y el tránsito de economías ilegales. La zona es utilizada para el transporte de armas, municiones, drogas, derivados de coca e incluso personas secuestradas.
En ese contexto, la entidad aseguró que el Clan del Golfo, a través de su Bloque Pacífico y la subestructura Carreteras, ha extendido su presencia desde el sur de Quibdó hacia la cabecera municipal de Atrato y centros poblados como Tanandó, Villa Lenina, Yuto y Arenal. La Defensoría agregó que el interés del Clan del Golfo en la región está relacionado especialmente a la minería de oro, de donde obtienen recursos mediante cobros extorsivos a propietarios de entables mineros y maquinaria.
Le puede interesar: “Es más fácil vender oro ilegal que droga”: radiografía de la minería ilícita en Colombia
A la espera de que la Fiscalía suspenda las órdenes de captura a petición del presidente Petro para facilitar el traslado de integrantes del Clan del Golfo a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), se mantienen las alertas por la expansión territorial y armada de esa estructura criminal en distintas regiones del país.
Mientras el Gobierno insiste en avanzar con los diálogos bajo la política de paz total, la Defensoría sostiene que el grupo continúa fortaleciendo su presencia mediante una guerra sin cuartel que sigue afectando la seguridad de la población.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
