Claudio Javier Silva Otálora. Nombres y apellidos de pila del hombre que llegó a ser el socio principal de Luis Agustín Caicedo Velandia, con quien estableció la organización de drogas más poderosa que haya visto el país después de los carteles de Cali y Medellín. Durante más de 15 años, Otálora, Caicedo y sus ‘subalternos’ —entre ellos Daniel El Loco Barrera— habrían negociado a sus anchas con estupefacientes que se producían en Colombia y enviaban a Estados Unidos. Pero Silva Otálora no sólo tiene cuentas pendientes con la justicia norteamericana. La Fiscalía acaba de ratificar su llamado a juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y testaferrato.
En un detallado documento de 48 páginas, conocido por este diario, la Fiscalía hace un pormenorizado recorrido por la vida de quien fue uno de los mayores capos de este país. Silva Otálora es el hijo de Odilio Silva Quiroga y Graciela Otálora de Silva, una pareja que provenía de zona rural de Cundinamarca. Antes de ingresar en el mundo del narcotráfico, sostienen los investigadores de la Fiscalía, Claudio Javier Silva Otálora hizo parte del bando que años más tarde lo perseguiría: fue funcionario del DAS y de la propia Fiscalía, de donde fue retirado en 1993.
El currículo que reposaba en la oficina de personal de la Fiscalía incluía varios detalles de su vida privada que las autoridades han encontrado muy valiosos. Quizá por eso trató de extraerlo de la sede central del ente investigativo. Yesid González, quien fungía como jefe de seguridad del búnker de la Fiscalía, le propuso a una funcionaria de recursos humanos que le entregara la hoja de vida a cambio de $10 millones. Pero Silva Otálora falló en el intento y González resultó condenado a 44 meses de prisión, aceptando cargos de antemano por el delito de cohecho.
Fue por esa hoja de vida que quienes seguían sus pasos supieron que, en 1992, el patrimonio de Silva Otálora consistía en una casa en la localidad popular de Bosa, en Bogotá, avaluada en $8 millones y adquirida a través de un crédito del Fondo Nacional del Ahorro. Su salario al salir de la Fiscalía era de $375.000. En el DAS, donde ejerció como agente entre 1981 y 1986, ganaba mensualmente al entrar $14.200 y, al dejar la entidad, $35.000. Estudió tres semestres de una carrera técnica. En otras palabras, ni su origen, ni su formación profesional ni sus ingresos eran suficientes para que años más tarde emergiera como un próspero hombre de negocios y agricultor, conocido en Corabastos como el ‘rey de la papa’.
Poseía propiedades rurales en Cota, Zipaquirá, Nemocón, Pacho, La Dorada; cuantiosos bienes urbanos en Bogotá y Zipaquirá; cultivos, sociedades, ganado vacuno, caballos de paso, vehículos y hasta una plaza de toros en Patio Bonito, una de sus tantas fincas. La tesis de la Fiscalía es que esos bienes fueron adquiridos a través de un carrusel familiar, en el que participaron sus padres, esposa, hijo y varios otros familiares de sangre o políticos. Ejemplos de este carrusel serían su propiedad rural de Puerto Salgar, que Irma Edith Otálora compró en $500 millones a pesar de que su sueldo era de $800.000. A la Fiscalía le dijo que había comercializado la propiedad por petición de su padrino, Odilio Silva Quiroga.
Son varios los inmuebles en los que se aplicó el mismo modus operandi. Propiedades que terminaron a nombre de un cuñado de Silva Otálora, sus padres, su esposa u otros parientes de ella, su suegro, su hijo o sus empleados. La madre de este capo, Graciela Otálora de Silva, fue llamada a declarar en 2009. Para sorpresa de la Fiscalía, la mujer resultó admitiendo: “Todo es de mi hijo Claudio Javier”. Además, agregó que en su casa tenían guardados $1.000 millones. Según la Fiscalía, la flagrante confesión se produjo porque doña Graciela ya era una mujer senil.
Son varios los interrogantes que la Fiscalía aún tiene por resolver con respecto al proceso judicial que se llevaba contra Otálora, sospechando que éste pudo haber influido más de la cuenta. Por eso se compulsaron también copias para que se investigue a Constanza Tovar, fiscal que en 2010 precluyó la investigación a favor de los padres, la esposa y otros familiares del capo. Lo mismo hizo con Amelia Oviedo, funcionaria del CTI que hizo un análisis patrimonial de Silva Otero en 2009 y que, al año siguiente, se retractó en otro informe. Mientras todo esto ocurre, Silva Otero enfrenta un juicio en una corte federal de Nueva York, luego de ser extraditado el pasado 14 de mayo y de que se allanaran 100 de sus propiedades, avaluadas en más de $72.000 millones.