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El Espectador tuvo acceso al documento final discutido entre ministros y ministras de relaciones exteriores, altas autoridades, y jefes de las delegaciones de 19 países, entre ellos Colombia, sobre los acuerdos a los que llegaron como grupo durante la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas. Todos se comprometieron a abordar desde un nuevo enfoque el problema mundial de las drogas, adoptando medidas concertadas y sostenidas a nivel nacional, regional e internacional. Entre los acuerdos más llamativos, buscar espacios de diálogo para legitimar internacionalmente a las plantas de uso ancestral como la coca.
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En principio, los 19 países establecieron la necesidad de equilibrar los esfuerzos y las cargas políticas, económicas, punitivas, institucionales y sociales que dicen enfrentar en la carrera por afrontar el problema mundial de las drogas. “Reconocemos la necesidad de fortalecer e implementar efectivamente el principio de responsabilidad común y compartida para el desarrollo de políticas públicas”, señalan en el documento. Tras llegar a acuerdos durante los últimos tres días, los países firmantes concretaron nuevos espacios de diálogo donde se afinen decenas de puntos. Entre ellos, la revalorización de las plantas de uso ancestral.
“Las plantas de uso ancestral requieren su revalorización para usos tradicionales, médicos, industriales y científicos, con vistas a mejorar la coherencia y efectiva implementación del sistema de tratados con respecto al control de plantas y sus productos transformados”, se lee en el documento conocido por El Espectador. En ese sentido, este diario conoció de fuentes cercanas a la construcción del texto que una de las propuestas más controversiales que se discutieron durante la conferencia, aunque no quedó por escrito, es la de intentar sacar la hoja de coca de la lista amarilla de estupefacientes. Un lugar que ocupa desde 1961 cuando se celebró la Convención Única sobre Estupefacientes en Viena (Austria).
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Según el documento, este punto se fortalece en el segmento denominado “hoja de ruta”, que establece los pasos a seguir en cuando al régimen internacional jurídico de los diferentes tratados internacionales sobre el problema mundial de las drogas. Los países firmantes se comprometieron a crear un “grupo de seguimiento” que estudies los desafíos actuales y emergentes, así como las obligaciones y compromisos internacionales de los países integrantes. Este “grupo de seguimiento” tendrá su primera reunión a nivel técnico a finales de 2023 y buscará llevar mensajes y propuestas ante instancias internacionales como la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se realizará en marzo de 2024.
“Propiciar, a partir de la reflexión colectiva que realice el Grupo de seguimiento, las consultas necesarias para la convocatoria de una Cumbre Internacional sobre Drogas a nivel de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, y con miras a celebrarse durante el año 2025″, es otro de los puntos. Los acuerdos fueron firmados por representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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Otro de los temas que serán de la mayor importancia para los países es encontrar un enfoque equilibrado de estrategias de desarrollo alternativo, que sea complementario a la reducción de cultivos ilícitos, y que tenga como objetivo primordial la inclusión social y económica. También la conservación del medio ambiente. En este punto cobra relevancia la frase “impulsando medios de subsistencia lícitos para las familias más vulnerables de la cadena delictiva del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos”. Como lo ha contado El Espectador, la nueva política de drogas del gobierno Petro plantea la titulación masiva a campesinos cocaleros que quieran migrar a economías lícitas. Otra fuente cercana a la construcción del texto final reconoció que, incluso, Colombia habría planteado entregar subsidios.
El grupo de países, además, prevé dialogar sobre medidas alternativas al encarcelamiento por delitos no violentos relacionados con drogas, específicamente sobre personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad o bajo coacción de grupos armados. Y, hacia el final de los temas a tratar a futuro, se encuentra quizás la más palpable estrategia de cooperación, pues los países tienen pensado combatir el problema de las drogas a través de lo siguiente: “Investigaciones conjuntas, operaciones coordinadas y simultáneas, según sea viable, de conformidad con la legislación interna de cada país sin dejar de lado los programas y proyectos multilaterales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”.
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El documento refleja un apoyo consolidado a la nueva política de drogas del gobierno de Gustavo Petro, que se espera sea lanzado durante la tarde de este 9 de septiembre o en los siguientes días. Al tiempo, el presidente Petro y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, darán las conclusiones de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, luego de que los cancilleres de ambos países firmaran la “Carta de Intención” en materia de cooperación bilateral. Esta tiene por propósito contribuir con la implementación del Acuerdo de Paz del 2016 y la Política de Paz Total en Colombia, promoviendo acciones en los sectores de agricultura, educación, juventud, asuntos étnicos y comercio.
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