La Fiscalía General le imputó cargos a ocho personas señaladas de liderar una presunta estructura dedicada al contrabando y al lavado de activos. Según el ente investigador, esa organización tenía como fachada a la reconocida empresa bogotana de ropa interior Lili Pink. Durante la audiencia de imputación de cargos, realizada en la tarde de este 21 de julio, las ocho personas no aceptaron cargos.
Entre ellos está Max Marvin Abadi Harari (cofundador de la compañía), Merlín Roxana Mendoza Arias, David Max Abadi Homsani (hijo del cofundador), Luz Adriana López López, Jonnatan Villamil Soler, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Lorena Bernal Castro y Malaquilla Bismar Hernández (reconocido empresario nicaragüense).
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Según detalló el ente investigador, estas personas habrían integrado una estructura que utilizó empresas fachada para ingresar mercancía al país y ocultar el origen de recursos millonarios.
Durante la audiencia, la Fiscalía mostró interceptaciones a las comunicaciones entre Max Marvin Abadi y Merlín Roxana Mendoza (directora de recusos humanos de la empresa). En esas escuchas telefónicas, el empresario habla de “sacar la porquería” haciendo referencia a funcionarios que estarían filtrando información desde adentro.
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El pasado 27 de abril, el ente investigador adelantó las primeras operaciones de extinción de dominio en más de 400 tiendas donde se comercializa esta marca bogotana. Asimismo, realizó varias capturas. Entre las personas detenidas está el abogado Walter Martínez Martínez, a quien el ente investigador le imputó, el pasado 14 de mayo, los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. Sin embargo, el capturado, quien presenta problemas de salud, no aceptó los cargos.
En ese momento, cuando la Fiscalía ocupó los locales de Lili Pink señaló que se “habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”.
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Además, señaló que la presunta forma de operar de Lili Pink consistía en maniobras “orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”.
Para la Fiscalía, la presunta estructura estaría relacionada con operaciones de lavado de activos por más de COP 730.000 millones, un presunto enriquecimiento ilícito superior a COP 430.000 millones y hechos de contrabando que superarían los COP 75.000 millones.
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