Colombia admite responsabilidad parcial y pide perdón a Jineth Bedoya en Corte IDH

A la izquierda, Jineth Bedoya, lideresa del movimiento "No Es Hora de Callar". A la derecha, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Foto: El Espectador

El “caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia”, como quedó rotulado el expediente de la periodista Jineth Bedoya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cerró su cuarto y último día de audiencia pública con el peritaje de una autoridad en materia de reparación integral y justicia transicional, Clara Sandoval, y los alegatos finales de las partes involucradas: Jineth Bedoya, Estado colombiano y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), entre otros.

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Desde las últimas tres sesiones, en su momento suspendidas por recursos del Gobierno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) evalúa la responsabilidad del Estado antes, durante y tras la pesadilla que ha vivido la periodista Jineth Bedoya, quien en mayo de 2000 fue secuestrada por paramilitares condenados en la cárcel La Modelo (Bogotá), para luego ser accedida y abandonada en vía pública. La subeditora de El Tiempo se ha sentido igual de desprotegida por la justicia colombiana y, por tanto, elevó su caso al sistema interamericano. Durante años ha denunciado amenazas en contra suya y de su familia, lo cual, asegura, le ha dado fuerzas para ser la voz de otras víctimas.

Luego de un par de horas en audiencia, Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa del Estado, entregó la declaración más importante del día: “En nombre del Estado Colombiano reconozco la responsabilidad internacional por las fallas del sistema judicial, que no realizó una investigación penal digna para la víctima, al recaudar doce declaraciones, y le pide perdón a Jineth Bedoya por estos hechos y por el daño que el causaron. El Estado reconoce que estas actuaciones vulneraron sus derechos a la integridad personal y a las garantías judiciales, en relación con la obligación de garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Gómez siguió así con su declaración: “Señores jueces, Jineth, el Estado de Colombia reconoce su responsabilidad internacional y le pide perdón nuevamente a Jineth Bedoya y a su señora madre por el incumplimiento del deber de debida diligencia en la investigación de las amenazas en contra de Jineth Bedoya, a partir del momento en el cual las conoció el Estado, y por la falta de investigación del ataque recibido por su madre y ella en el año 1999”.

Sin embargo, la representación de Jineth Bedoya sostuvo ante los jueces de la Corte IDH que el reconocimiento parcial del Estado, en su criterio, es insuficiente. “Nos parece lamentable teniendo en cuenta la gravedad de las violaciones. Si bien reconocemos las políticas públicas, también hemos probado la inefectividad de todas estas medidas. En la práctica no han ayudado a disminuir las estadísticas de violencia sexual contra las mujeres periodistas”, dijo una de las abogadas de Jineth Bedoya.

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Por su parte, la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que envió el expediente en 2019 a la Corte IDH, explicó en sus alegatos finales que el solo hecho de que Camilo Gómez se haya retirado, en audiencia del pasado 15 de mayo, representó una vulneración para Jineth Bedoya. El Gobierno denunció una presunta falta de objetividad, sin embargo, para la CIDH “los juzgadores deben brindar confianza a las víctimas y las muestras de empatía y solidaridad no deben ser tomadas como muestras de imparcialidad”.

Luego de eso, uno de los jueces de la Corte IDH le pidió a la representación del Estado desglosar por qué no reconoce una eventual responsabilidad total ante los alegatos de la CIDH y de Jineth Bedoya. La respuesta fue así: “el Estado tiene unas particularidades muy específicas sobre los cuales considera deberá continuar el litigio -debate judicial-. Sobre la investigación penal, sobre el deber de prevención y sobre algunas reparaciones. El Estado presentará sus argumentos por escrito, de acuerdo a los alegatos finales. Lo ampliaremos por escrito.

Durante sus alegatos, el Gobierno respondió sobre su actuación en cuanto a la prevención del riesgo potencial de la víctima. Expuso que una vez Bedoya denunció amenazas de muerte, en razón a su trabajo como periodista, el 23 de julio de 1999 el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ordenó un estudio de nivel de riesgo y grado de amenazas. El 25 de agosto de ese año, tras un resultado “medio”, el Gobierno le ofreció a la periodista un esquema de seguridad, sin embargo, según la documentación revisada, Bedoya no hizo los trámites para obtener el acompañamiento.

En el 2000, Jineth Bedoya y otros periodistas de El Espectador cubrieron la masacre perpetrada en La Modelo, el 27 de abril de ese año. De hecho, la periodista durante meses indagó sobre la guerra interna entre “paras” y guerrilleros, que incluso llegaba ráfagas de armas de fuego y lanzamiento de granadas entre patios. En medio de las investigaciones, sobres cerrados llegaron a los casilleros de los periodistas, cuyo contenido eran copias del periódico resaltadas en los apartes donde se denunció tal situación en esa cárcel. Instigaciones.

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El 24 de mayo del 2000, esas amenazas fueron denunciadas ante el teniente Henry Molina, enviado por la Dirección de Inteligencia de la Policía a petición de los periodistas. Esa tarde se reunieron y, según el Gobierno, sobre las declaraciones recogidas durante el proceso, el policía le explicó a Bedoya que, en caso de entrevistar a Mario Jaime Mejía, alias el Panadero, con quien se había cuadrado una cita días antes, primero avisara para configurar un esquema de seguridad. Sin embargo, el Estado alega que Jineth Bedoya no avisó al teniente Mejía sobre su visita a La Modelo, el día que ocurrieron los hechos.

“El 25 de mayo de 2000 la periodista acudió a la cárcel La Modelo, de Bogotá, sin haberle informado al Estado como se había sugerido. Teniendo en cuenta lo señalado, la Corte IDH deberá resolver: si a la luz del estándar antes mencionado se puede responsabilizar al Estado por la violación del deber de prevención frente al secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya”, explicó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Sin embargo, Jonathan Bock, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), controvirtió al Estado sobre la oferta de protección que habría sido declinada por Jineth Bedoya en agosto de 1999. De acuerdo con el representante de Bedoya, quien ha estado al frente del expediente, la periodista sí aceptó la protección, sin embargo, el Estado se ha escudado en que no recibió la comunicación. “Aún después de esa fecha Jineth recurrió nuevamente al DAS para reportar una nueva amenaza y la única respuesta que recibió fue la entrega de una cartilla de seguridad”, dijo Bock.

“A lo anterior, se suma que para la época de los hechos el DAS estaba implicado directamente en violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos como el del periodista Jaime Garzón, en agosto de 1999 (…) con el tiempo quedó demostrado que dicha entidad realizaba labores ilegales de espionaje, estigmatización, amedrentamiento, filtración de información sensibles a grupos paramilitares y actos de intimidación. Por lo sostenido, la falta de protección a la periodista genera responsabilidad Estatal por faltas al deber de prevención”, concluyó el presidente de la Flip.

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En la mañana de este 23 de marzo también rindió declaración Clara Sandoval, quien es codirectora de la Red de Justicia Transicional de la Universidad de Essex (Inglaterra). Desde Berna (Suiza), Sandoval se presentó como un peso pesado en materia de reparación para víctimas, pues ha sido escuchada incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI). Cuestionada por la representación de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la perita aseguró que Jineth Bedoya podrá ser reparada integralmente, entre otras estrategias, si Colombia combate el contexto de violencia cíclico.

“Los hechos deben ser establecidos con claridad, teniendo en cuenta el contexto. Se debe tener claridad si existen elementos estructurales que expliquen esos hechos. De existir se deben tener muy presentes que se necesita transformar el contexto. Las víctimas deben estar en el centro. La teoría tanto en materia de reparación como en justicia transicional dicen que es imposible reparar totalmente el daño, se deben buscar objetivos como empoderar a la víctima, reconocerla como agente de derechos”, concluyó Clara Sandoval.

Jineth Bedoya: “creo en el poder transformador de la justicia”

Minutos después de la intervención de las organizaciones sociales que han acompañado a Jineth Bedoya, como la Flip y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la presidenta de la Corte IDH, Elizabeth Odio Benito, dio la palabra a la periodista y activista social, lideresa del movimiento “No Es Hora de Callar”. Bedoya inició sus alegatos explicando que la “impunidad” no le ha permitido cerrar el ciclo de violencia y recuperar una vida que, con el tiempo, ha direccionado hacía la denuncia y la protección de colegas que han pasado por episodios similares.

“Creo en el poder transformador de la justicia. Esa es la principal razón por la que estoy hoy frente a ustedes. Lo que pido es que se le ordene al Estado colombiano romper el pacto de impunidad que ha rodeado mi caso por casi 21 años. Asimismo, que esta honorable corte ordene que se investiguen diligentemente todas las vulneraciones a mis derechos, se establezca la necesidad de agotar las investigaciones para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de los mismos, incluyendo a los agentes del Estado, a esos intocables del poder”, dijo.

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Por otro lado, Jineth Bedoya pidió pronta protección para su madre, pues también recibe constantes amenazas y no cuenta con un esquema de seguridad, a diferencia de ella. Siguiendo esa idea, la subeditora de El Tiempo solicitó a la Corte IDH que ordene a Colombia mantener esa protección hasta que los hostigamientos sean investigados y sancionados. Además, Bedoya pidió al Estado que publique datos integrales sobre violencia de género y contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Al final entregó una idea que, Camilo Gómez, en defensa del Gobierno, desechó de tajo.

“Considero esencial que la Corte ordene al Estado colombiano cerrar y reivindicar el espacio físico de la cárcel nacional La Modelo. En Colombia ya se ha discutido la necesidad del cierre de este centro de reclusión, en diversos niveles. Lugar que simboliza la concentración del crimen y de la impunidad, y no de la resocialización. Incluso desde el 2013, la Corte Constitucional solicitó al Gobierno considerar el cierre de esta cárcel y señaló que esta debería pasar a ser un símbolo de lo que nunca más se debe repetir”, concluyó la periodista.