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6 Oct 2021 - 11:39 p. m.

Colombia debe proteger el derecho a la salud: catedrática mexicana sobre el aborto

En el marco del Congreso Internacional de derecho Constitucional que se adelanta por esos días en Cúcuta (Norte de Santander), El Espectador habló con Sandra Gisella Gómez, abogada y experta en derechos humanos, quien invitó al país a seguir el ejemplo de México frente a la despenalización total del aborto.
Sandra Gisella Gómez vistió Cúcuta (Norte de Santander) en el marco del Congreso Internacional sobre Derecho Constitucional organizado por la Universidad Libre de Colombia y la Corte Constitucional / Archivo El Espectador
Sandra Gisella Gómez vistió Cúcuta (Norte de Santander) en el marco del Congreso Internacional sobre Derecho Constitucional organizado por la Universidad Libre de Colombia y la Corte Constitucional / Archivo El Espectador
Foto: El Espectador

Si hay un país a la vanguardia de la defensa de los derechos de las mujeres, frente al aborto, es México. En septiembre pasado, la Suprema Corte de este país despenalizó por completo este procedimiento médico, con el argumento de que, seguir criminalizando a las mujeres que recurren a esta práctica, va en contra de sus derechos fundamentales. La Corte Constitucional en Colombia se enfrenta ahora a una discusión similar. Como lo reveló este diario, una ponencia que ya tienen los magistrados de este alto tribunal propone, como en México, que el aborto sea libre.

La abogada mexicana y experta en derechos humanos, Sandra Gisella Gómez, en diálogo con El Espectador, reflexionó sobre lo ocurrido en su país y también habló, precisamente, sobre la discusión que se apresta a iniciar la Corte. La jurista, quien tiene un doctorado en derechos humanos y ha trabajado durante más de 20 años en la consolidación de esta materia, aseguró que los países latinoamericanos se están abriendo paso a nuevos ordenamientos jurídicos que son importantes en un Estado social de derecho.

El aborto libre en México se convirtió en un hecho. ¿Desde lo constitucional lo concibieron para que esta práctica no vulnere los derechos de las mujeres?

En mi país desde hace mucho tiempo se tiene permitido el aborto hasta las 12 semanas de gestación en casos de violación y de riesgo inminente. La Suprema Corte señaló recientemente que ninguna mujer sea criminalizada por decidir sobre su cuerpo y poder interrumpir un embarazo sin estar en algunas de estas justificaciones. Se amplió para que las mujeres no tengan que explicar las razones por las que quieren abortar. Había muchas mujeres que buscaban el aborto. Había personas que padecían enfermedades y era necesario la interrupción del embarazo. Ha habido casos muy graves en la región que ha provocado este avance en los derechos.

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En Colombia está latente el debate del aborto. Con base en la experiencia que ya tuvo México ¿cuál es la recomendación para los magistrados en esta discusión?

Que protejan el derecho de las mujeres a la salud. Los abortos clandestinos son un problema de salud pública. Considero que realmente que tener una legislación permisiva respecto del aborto no va a aumentar las cifras de aborto y sí va a reducir ampliamente las cifras de mujeres que mueren por la práctica de malos procedimientos. Quienes pueden tener acceso a servicios privados tienen abortos en condiciones idóneas y sin que nadie se entere, pero las mujeres pobres son quienes arriesgan la vida para no ser criminalizadas. En ese orden, lo que se debe reforzar y tener en cuenta el Estado es la salud pública que se le brinda a la mujer.

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Usted ha dicho que los países de la región se están abriendo paso en nuevas etapas que debe tener los ordenamientos jurídicos. En Colombia recientemente se habló sobre la cadena perpetua y el debate sopesó entre la dignidad humana y el derecho de los niños ¿Qué opinión le merece?

En América Latina tendremos estos falsos debates. Porque incluso se llega a decir que quienes defendemos los derechos humanos, defendemos delincuentes porque no tomamos en consideración a las víctimas. Lo cierto es que quien es garante de la seguridad de las personas es el Estado. Quien debe ponderar todas estas herramientas de educación, trabajo y de desincentivar el delito es el Estado. Si existe una comunidad donde haya impunidad y donde exista una persona que cometió una agresión y no es denunciada, se va perpetuando y eso queda en perjuicio de las víctimas. Si ellas no tienen acceso a un sistema, con pleno respeto a los derechos humanos y que garantice su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, se queda en su imaginario el concepto de impunidad. Recordemos que en casos donde hay delitos, lo que debe hacer el Estado no es venganza, sino justicia. Lo que se debe hacer es respetar los derechos fundamentales.

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¿Entonces no cabría la posibilidad de darle vida a la cadena perpetua desde su visión?

El fin de la prisión es la reinserción social, la educación y el deporte. Tener una cadena perpetua sería incompatible con nuestros principios. Por eso en México no existe.

En materia de avances en los derechos fundamentales en Latinoamérica, ¿qué ha cambiado en términos de violencia?

La nueva apertura de los ordenamientos jurídicos hacia un estrato común de derecho de internacional público afecta y transforma la esencia del constitucionalismo. Y en ese orden, los derechos se encuentran en un fortalecimiento ya que están llamados a realizar garantías que ahora están inmersos en lo que se llama el bloque de constitucionalidad. El IUS constitucional, una plataforma de trabajo para académicos juristas, muestra una serie de características específicas que han generado cambios: la primera es la importancia de la injusticia sobre todo la violencia. Esto explica algunas innovaciones latinoamericanas que han sido acogidas internacionalmente. Entre ellas se encuentra la prohibición de amnistías por violaciones graves a derechos humanos, el femicidio y desapariciones forzadas. Aunque hemos tenido un avance, aún estamos en deuda con algunos grupos que históricamente han sido vulnerados.

¿Cuál considera que son los derechos más violados en Latinoamérica?

El derecho a la salud. Con este se está condicionado a que tengas un trabajo salarial. No se tiene en cuenta a quiénes se dedican al comercio informal con pocos insumos. Hay una gran deuda con el derecho a la salud y hay una gran deuda con el derecho a la vivienda.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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