“Colombia ha dado cátedra en la lucha contra las drogas”: Aldo Lale-Demoz

Aldo Lale-Demoz plantea que la represión debe ir acompañada del respeto por los derechos humanos. / EFE

Aldo Lale-Demoz vivió en Colombia por cuatro años y sabe cómo ha sido la transformación de la lucha contra las drogas en el país. Hoy es el director ejecutivo adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc) y también el director de Operaciones. En el marco de la VI Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Caribeña sobre Política de Drogas, habló con El Espectador sobre la experiencia que tiene el país en este campo y considera que, además de ser uno de los líderes en la concepción de una estrategia menos represiva, puede dar cátedra sobre cómo desarticular grandes organizaciones criminales. Es decir, para el funcionario de Naciones Unidas, Colombia tiene la mayor experiencia en cómo se debe combinar la represión con políticas públicas que protejan al consumidor.

¿Cómo ve la reaparición en Colombia de la discusión sobre las aspersiones aéreas, a pesar de las recomendaciones de evitar políticas represivas?

Con el documento Ungass 2016, un texto bastante complejo porque sale del consenso de países con constituciones muy diversas, se llegó a la conclusión de que la problemática de las drogas no puede ser sólo represión y que, si bien es necesaria, para que esa represión sea eficiente debe estar aliada con factores como el derecho a la salud, un énfasis en los derechos humanos y el enfoque de género. Colombia está liderando esa vocación y ha jugado un papel muy importante con otros países para abogar por esta simetría. Se ha dejado el sueño de que se va a lograr erradicar todos los cultivos y la problemática. Todos somos conscientes de que eso no va a suceder. Se puede controlar y dar una mano al usuario, que exige tratamiento y que el sistema de justicia penal se dedique a perseguir los grandes delitos, como el lavado de activos y la corrupción.

Si bien en Colombia se han logrado avances en combinar las estrategias y no ver al consumidor o cultivador como un delincuente, el crimen organizado sigue fortaleciéndose. ¿Colombia tiene la capacidad de desarticular las grandes redes del narcotráfico?

Colombia ha entendido que donde no hay justicia social ni oportunidades de desarrollo en zonas marginales, el delito va a seguir. Creo que Colombia tiene la autoridad moral y ha dado cátedra en muchas medidas que han bajado el número de organizaciones criminales, que han implementado el derecho de Estado y apresado a mucha gente. Pero el que piense que es una acción que se toma por cinco años y que va a solucionar los problemas del país está equivocado, porque es un trabajo continuo. No se puede criticar la labor que se ha realizado en Colombia porque hay grandes avances frente al resto del mundo. Se entiende que es una labor permanente. Colombia ha entendido que donde no hay justicia social, oportunidades de desarrollo en zonas marginales, el delito va a seguir.

Muchos debates en la conferencia han girado en torno a la regulación del mercado y el respeto de los derechos de los consumidores. ¿Es esa la balanza simétrica que plantea el Ungass?

Creo que va en esa medida. Pero ojo, cada país tiene su sistema judicial y cultura, y cada uno tiene que analizar sus particularidades para lograr la asimetría y en qué tiempos. Se habla muy poco de lo que ha logrado el Ungass, y es que la comunidad internacional está más dispuesta a aceptar que los problemas internos de los países son únicos y que no todas las metodologías que se han aplicado para solucionar el problema sirven. China es diferente a Colombia, por ejemplo.

El documento Ungass es una hoja de ruta…

Da pautas y es una hoja de ruta general, en la que se reconoce que cada país debe encontrar con su ciudadanía los métodos que les son útiles y eficaces.

¿La deuda del documento de Ungass es que no habla sobre la pena de muerte?

Tiene varias deudas. Una de ellas es la pena de muerte y recalcamos que es un obstáculo muy grande a la cooperación judicial entre países. No hay ninguna evidencia de que la pena de muerte por narcotráfico nos lleve a una mejoría. Pero la más grande es que no habla de los recursos que necesitan destinar los países para implementar todo esto. Tenemos países de renta media alta, como Colombia, que se pueden permitir estar inversiones. Pero ni le cuento cuántos países, algo más de 100, no saben por dónde empezar a implementar los objetivos de Ungass.

¿Este consenso ha logrado cambiar las lógicas de la lucha contra las drogas?

Justamente hay muchos países que ven en el documento un punto de partida. Pero no seamos ingenuos. Hay regiones en el mundo que apenas están considerando que lo que leen en Ungass tiene sentido para sus propios países. Y no faltan algunos, como Filipinas, a los que todavía les cuesta entender de que no podemos llegar a desaparecer el problema del crimen internacional organizado con represión y menos con órdenes extrajudiciales.

¿Cómo logra una persona del común entender que un consumidor no es un criminal?

Eso requiere mucha pedagogía y abogacía. Creo que todos hemos tenido una persona cercana que ha caído en problemas de adicciones. Ahí la responsabilidad no sólo es del Gobierno y la sociedad civil entra a tener un rol, porque son los encargados de educar respecto a derechos humanos y a la importancia de tener una comunidad sana.

Por eso se ha trabajado, por ejemplo, el tema de VIH sida por la transmisión intravenosa, y los mismos que no quieren entender y no tienen corazón por el adicto que se inyecta drogas, terminan entendiendo que eso es una amenaza para toda la sociedad.

¿Cómo entender que no es un tema que sólo le compete al Gobierno sino también a la sociedad, por ejemplo, las madres, los padres y los maestros?

Estamos convencidos de que debe ser así. En las primeras dos Ungass ni siquiera se hablaba de sociedad civil. Ahora muchas organizaciones siguen molestas porque piensan que no han sido escuchadas lo suficiente, y eso hay que aceptarlo. Al revisar el proceso se ve que ahora hay grandes diferencias con el pasado, porque se ha abierto el debate. Creo que todavía hay mucho por hacer y vamos por el buen camino. Pero al fin y al cabo quienes tienen que implementar las convenciones internacionales terminan siendo los gobiernos, y eso no se puede olvidar. Tiene que ser un asocio equilibrado.

¿Se puede evitar que en procesos como el colombiano las ideologías terminen minando los avances?

Ahí están la ciudadanía y la pedagogía. No hay receta para eso y uno puede caer en tentaciones que no estaban previstas. Yo tengo confianza en que la sociedad civil y el pueblo colombiano pueden darse cuenta de cuando las cosas van por mal camino.