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Cuatro días después de que Colombia presentara el Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hoy se conocieron cuáles fueron las recomendaciones que aceptó el Gobierno y de cuáles tomó nota, es decir, cuáles rechazó. De entrada, Colombia reafirmó su compromiso con las medidas para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes enfrentan un aumento exponencial de asesinatos y amenazas; su compromiso con seguir implementando el Acuerdo de Paz; y con los esfuerzos para continuar con los diálogos con el Eln. Pero uno de los temas que rechazó el gobierno fue el que tiene que ver con un tema clave que tiene que ver con el hacinamiento carcelario. (Aquí puede ver el documento completo en inglés con las recomendaciones aceptadas y rechazadas)
Se trata de un protocolo adicional relacionado con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Países como Austria, Dinamarca, Alemania, Portugal, Turquía, Brasil, Chile, o España, dedicaron sus intervenciones en la sesión del pasado 10 de mayo en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), para pedirle a Colombia que ratificara de alguna manera el protocolo adicional de esta convención, más conocido como el Protocolo de Estambul. Se trata de un documento que aprobó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en 2000 con el objetivo de investigar casos de posible tortura y reportar los hallazgos a la justicia.
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Hace 18 años, cuando el protocolo fue aprobado, se habló de que su último propósito era crear un manual de estándares y procedimientos, reconocidos internacionalmente, de cómo reconocer y documentar síntomas de tortura. ¿Cómo lo harían? A través de visitas de expertos de un subcomité a centros de reclusión de los países que firmaron la Convención Contra la Tortura. Las investigaciones que este grupo de analistas ha logrado realizar en países como México, que ya ratificaron el protocolo, es que cuando hay condiciones de hacinamiento en las cárceles, cuando no hay agua potable o cuando el servicio de salud es deficiente, esto ocasiona una violación a los derechos humanos de los prisioneros y, en consecuencia, casos de tortura.
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El problema es de talla mayor para países que tienen altos niveles de hacinamiento, como Colombia. ¿La razón? El Estado es el responsable del bienestar y el estado de todos los presos del país que podrían estar en condiciones que son consideradas como una tortura por la ONU. El problema no es para nada fácil de enfrentar si se tienen en cuenta las cifras alarmantes que entidades como la Defensoría del Pueblo han publicado en los últimos años. Según sus registros, en 120 de las 142 cárceles que hay en el país, hay niveles de hacinamiento que alcanzan el 47 %. No por nada la Corte Constitucional declaró hace más de cinco años que la situación en las prisiones de Colombia iba en contra de los derechos de los ciudadanos.
Ratificar o no el protocolo adicional a la Convención contra la Tortura no es un tema para nada nuevo en el país. Hace cinco años, la última vez que Colombia estuvo en el EPU, varias naciones le hicieron la misma recomendación de adoptar el protocolo. En esa ocasión, la delegación colombiana también dijo que no aceptaba la idea de firmarlo. Aunque el país ha sido tajante al no aceptar la recomendación, no cerró del todo la puerta a mejorar la situación en las cárceles. Por mencionar algunos comentarios que sí aceptó Colombia está de Turquía, que le pidió que desarrollara procedimientos penales alternos para controlar el hacinamiento; y la de Perú, que recomendó fortalecer las políticas en las cárceles y sus condiciones.
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Como el rechazo a no ratificar el protocolo adicional sobre tortura, Colombia rechazó en total 28 de las 211 recomendaciones que realizaron las 86 naciones durante el EPU de la semana pasada. Algunos de los puntos no aceptados son: el que hizo Uruguay, de aceptar la petición del relator especial sobre violencia contra la mujer de visitar Colombia; la de Paraguay sobre promover esfuerzos para establecer unas garantías de reparación y reintegración de refugiados colombianos en todo el mundo que quieren regresar voluntariamente al país; o las de Chipre, Nigeria, Portugal y Chile, sobre ratificar otro protocolo opcional, pero sobre la Convención de los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad.
En cuanto a las aceptadas, el balance es positivo. Hay recomendaciones como la de Francia que le pidió a Colombia “combatir la impunidad de crímenes cometidos durante el conflicto” a través de una justicia independiente; también la de Finlandia que se enfocó en que se asegure que las autoridades judiciales, de acuerdo a los estándares judiciales internacionales, desarrollen de manera imparcial y a su debido tiempo, investigaciones criminales en contra de crímenes en contra de defensores de derechos humanos. Asimismo, Colombia aceptó la recomendación que hizo Estados Unidos sobre la necesidad de intensificar los esfuerzos para investigar y judicializar a todos los responsables de ejecuciones extrajudiciales, incluyendo a militares de altos rangos.
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Las razones de aceptar o rechazar -en el mundo diplomático se dice: “tomar nota”- sobre las recomendaciones son inciertas. Dentro del manual del EPU, los estados no están obligados a explicar cuáles son los criterios de elección cuáles son los puntos que se comprometen a cumplir. Aunque todavía hace falta que se apruebe el documento oficial, que se estima se hará en el mes de septiembre, el balance del examen a Colombia ya quedó consignado en un documento oficial que se aprobará en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra (Suiza) el próximo 15 de mayo. Aunque es el gobierno del presidente Juan Manuel Santos el que ratificará los compromisos ante la ONU en materia de derechos humanos, se trata de una tarea que tendrá que cumplir el próximo gobierno.
*El Espectador está cubriendo el EPU desde Ginebra, Suiza, gracias a una invitación de la Red Internacional de Derechos Humanos.