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La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que nació en febrero de este año como resultado del Acuerdo de Paz con las Farc, se pronunció en contra de las declaraciones que entregó hace unos días el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sobre por qué están asesinando a líderes sociales en el país. "Como integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en calidad de expertos y delegados de las Plataformas de Derechos Humanos, lamentamos el pronunciamiento del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicando que la 'inmensa mayoría de muertes de líderes sociales se deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas'".
(Vea: Fiscal admite "algún grado de sistematicidad" en crímenes a líderes sociales)
"Estas palabras trivializan uno de los problemas más graves que está viviendo nuestro país y ponen en evidencia una actitud de desconfianza hacia las denuncias de los líderes y defensores de derechos sobre multiplicidad de asesinatos y demás hechos victimizantes que son un ataque generalizado. La historia del país está colmada de denuncias desesperadas e indiferencia, en suma, de muertes que pudieron ser evitadas. Muchos de los hechos victimizantes contra la población en mención no son espontáneos y están relacionados con procesos de exigibilidad de derechos que afectan los intereses de agentes privados implicados o beneficiarios de la usurpación en el marco de la guerra; o han ocurrido en escenarios que deberían ser de construcción de la paz".
El documento fue firmado por Gustavo Gallón, Camilo González Posso, Franklin Castañeda, Vilma Franco y Jaime Caycedo. "Los recientes hechos sucedidos en las comunidades de La Larga Tumaradó y Pedeguita Mancilla en el Bajo Atrato Chocoano son ejemplo de lo primero. Por eso, es importante el reciente pronunciamiento del Procurador General de la Nación, según el cual: “a diferencia de lo que se ha venido diciendo durante los últimos meses y por tantas personas, aquí sí existe una sistematicidad en relación con el asesinato de estos líderes sociales [de los consejos comunitarios] porque la relación con el conflicto de tierras es evidente. Aquí hay derechos territoriales de estas comunidades que están ligados a la forma como los están eliminando”.
Según la Comisión, "el Ministro de Defensa guarda silencio sobre otros hechos victimizantes que cotidianamente son denunciados y que determinan el devenir de esta democracia. Abundan las amenazas individuales y colectivas contra poblaciones que en muchos casos fueron víctimas directas o indirectas en el pasado. Para ello, sus autores, sobre los que ninguna autoridad parece tener noticia, se sirven de panfletos (apócrifos o no), utilizados como un mecanismo de terror porque apelan a la memoria viva de la violencia ejercida por los grupos paramilitares (de antes y de ahora). Algunas de ellas se han materializado y en otros casos han restaurado el miedo que modifica comportamientos, conducido al desplazamiento forzado y suprimido las libertades de expresión y asociación. Resulta, por eso, turbador que no se reconozca la gravedad de lo que es una práctica generalizada contra poblaciones específicas".
(En contexto: Más de 280 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2016)