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La Comisión de Verificación Humanitaria hizo un llamado urgente para atender la crisis que se mantiene en el Catatumbo a raíz de las confrontaciones entre el Eln, el Frente 33 de la disidencia Estado Mayor de Bloques y Frente, y la fuerza pública, un conflicto que se mantiene latente desde inicios de enero de este año y que ha dejado afectadas a las comunidades de municipios como Tibú y El Tarra.
Una de las principales exigencias es que se de una respuesta urgente y coordinada para aplicar el Derecho Internacional Humanitario y proteger la vida, la dignidad y la permanencia en el territorio de las comunidades. La Comisión conformada por el Comité impulsor de la Estrategia de Mínimos, Alivios y Acciones Humanitarias Inmediatas para el Catatumbo, que reúne a organizaciones como Vivamos Humanos, la Coordinadora Humanitaria, la Mesa Humanitaria del Catatumbo, la Asociación Campesina del Catatumbo, firmante de paz y los resguardos indígenas Motilón Barí y Barí Catalaura.
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Tras un recorrido de tres días por zonas como Campo Seis, Bertrania y Versalles, del municipio de Tibú, y Filogringo del municipio de El Tarra, la Comisión evidenció la degradación del conflicto armado y lanzó llamados de atención urgentes como la necesidad de desplegar una estrategia institucional inmediata para atender la alerta de un nuevo escalamiento de confrontación en diciembre.
Precisamente, este viernes, 28 de noviembre, en el corregimiento Filogringo se registraron combates entre disidencias de las Farc y la guerrilla del Eln que habrían dejado al menos siete personas muertas y varias heridas. En ese mismo contexto, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana el pasado 10 de noviembre, en la que pidió acciones de protección ante la intensificación de las disputas entre el Eln y las disidencias de las extintas Farc, grupos con presencia en esa zona del país.
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Dentro de los llamados urgentes de la Comisión está el pedido de atención inmediata a las comunidades que se encuentran confinadas; cese al fuego y de hostilidades; brigada urgente de salud mental; así como el ingreso inmediato de equipos de desminado humanitario.
El contexto de violencia en el Catatumbo
La Comisión de Verificación evidenció graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los Derechos Humanos. “Se constató el uso sistemático e indiscriminado de artefactos explosivos, drones con cargas explosivas y minas antipersonal en zonas pobladas, afectando viviendas, escuelas, caminos, cementerios y fuentes hídricas. Esta conducta provoca la destrucción de la infraestructura, lesiones a civiles, afectaciones psicológicas severas y un riesgo persistente por artefactos sin explosionar”, señaló la Comisión en un informe.
Asimismo, las comunidades han denunciado confrontaciones en cascos urbanos, ocupación de viviendas por actores armados, saqueos, robo de bienes y enseres y uso de casas o bienes civiles por parte de actores armados para las confrontaciones. “También se documentaron impactos atribuibles a la Fuerza Pública, incluyendo bombardeos o lanzamientos de artefactos explosivos que destruyeron viviendas civiles y bienes de subsistencia básica”, señaló la Comisión.
La crisis educativa y el estado crítico de la salud mental son otros de los puntos que se resaltaron en el informe debido a su gravedad. Según reportó la Comisión, hay cierres totales de escuelas y se han documentado casos de reclutamiento forzado de niñas y adolescentes. La ansiedad, la depresión, el insomnio, las parálisis y la ruptura del tejido comunitario son los principales síntomas que las comunidades han reportado en cuanto a la crisis de salud mental.
“La Comisión alerta sobre la respuesta institucional insuficiente, la falta de acciones humanitarias coordinadas, la ausencia de rutas de atención, las demoras en ayudas humanitarias, y poca la presencia integral sostenida del Estado”, concluyó el informe.
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