La pelea entre Canal 1 y el Gobierno dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un pulso de poder con implicaciones mucho más amplias. Lo que comenzó como una investigación administrativa terminó escalando a una tutela que hoy pone sobre la mesa una discusión delicada: ¿cuándo el peso del Estado empieza a sentirse como presión sobre un medio de comunicación? Plural Comunicaciones, operador de Canal 1, interpuso el recurso, que ya fue aceptado, alegando que decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) no solo afectan su actividad empresarial, sino que golpean de frente el ejercicio del periodismo. Un escenario que, además, recuerda otras disputas entre el Gobierno y sectores económicos, como ocurrió con el contrato de los pasaportes.
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La tutela fue radicada el 25 de noviembre de 2025 por Plural Comunicaciones y dos de sus directivos. En ella señalan a la SIC y al Mintic como responsables de vulnerar derechos fundamentales tras la apertura de una investigación por una supuesta integración empresarial no informada con Caracol Radio. Para los accionantes, el problema no es que el Estado vigile el mercado, sino la forma en que lo hizo. Según los cargos, ambas empresas se “fusionaron” sin la autorización que supuestamente exigía la ley y, por eso, les formuló cargos el pasado 9 de septiembre. Sin embargo, lo que alegan los tutelantes es que no solo no necesitaban el visto bueno de la SIC, porque nunca se “fusionaron”, sino que la propia entidad, en cabeza de Cielo Rusinque, les expresó en una reunión en agosto de 2024 que ese aval no era necesario.
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Sin embargo, dos meses después, la superintendencia cambió de opinión y, de manera inexplicable, dice la tutela, dijo que Caracol Radio y Canal 1 sí necesitaban la autorización para su integración. Así empezaron las investigaciones que ya derivaron en el pliego de cargos en contra de las empresas. Unas pesquisas que, además, se lee en la tutela, habrían tenido varias irregularidades que afectaron el debido proceso de las partes porque no solo les habrían negado el acceso al expediente, sino que la SIC publicó información reservada y sensible, como comunicaciones con abogados, que terminó afectando la imagen del canal. Según la tutela, esas actuaciones generaron un ambiente de señalamiento público que impactó la operación del medio, su relación con anunciantes y su credibilidad frente a las audiencias.
Además, sostiene que la investigación cruzó una línea delicada al tocar directamente aspectos ligados al funcionamiento editorial de un canal de televisión. Uno de los puntos centrales del reclamo es que la actuación de la SIC habría generado un efecto de presión sobre la libertad de prensa. Canal 1 sostiene que la Superintendencia no se limitó a revisar contratos o cifras, sino que entró a valorar decisiones relacionadas con la programación y la pauta publicitaria del canal. Al hacerlo, dicen, terminó enviando un mensaje polémico: que un ente administrativo puede cuestionar públicamente cómo se estructura un medio antes de que exista una decisión definitiva. Para la empresa, ese tipo de afirmaciones afectan la autonomía editorial y generan un clima de autocensura, especialmente en un medio que depende de la publicidad.
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La tutela advierte que cuando una autoridad estatal pone en entredicho la independencia de un canal, no solo impacta a sus directivos, sino también a periodistas, productores y a las audiencias. Y, volviendo al problema que motivó la investigación de la SIC, Canal 1 recordó que no solo la superintendencia les dijo en una reunión que no necesitaban la autorización para fusionarse con Caracol Radio, sino que el propio superintendente de Sociedades, Billy Escobar, explicó que el tipo de vínculo entre ambas empresas era uno meramente contractual, nunca cambio de accionistas y, por eso, no era necesaria ninguna autorización. Además, por un hecho fundamental: Canal 1 compite en el mercado de la televisión y Caracol Radio, en el de la radio. En consecuencia, explicaron, no podría existir ninguna violación a la competencia del mercado.
La investigación de la SIC tardó un año en dar resultados. Para septiembre de 2025, la entidad publicó el pliego de cargos, pero quien firmó el documento no fue la persona que adelantó la investigación. El cambio de funcionario causó sorpresa, pues la abogada Ingrid Ortiz Baquero había seguido el caso desde sus inicios y, sin mayor explicación, nueve días antes de la publicación del documento, la funcionara salió de la superintendencia. En su reemplazo llegó Francisco Melo Rodríguez, quien enfrenta un juicio en la Procuraduría. Ese proceso tiene que ver con las presuntas irregularidades en las visitas que realizó a la Registraduría y a la Cancillería, como funcionario de la SIC, en las que habría solicitado y extraído información de computadores institucionales y celulares personales de los funcionarios que nada tenían que ver con la averiguación preliminar que adelantaban.
El episodio Mintic
Esas visitas se dieron en un contexto en el que aumentaron las visitas de la SIC a varias empresas y entidades, como lo documentó La Silla Vacía. Ese contexto es clave para el recurso de Plural Comunicaciones, pues sostiene que la investigación en la SIC no ocurrió en el vacío, sino que sucedió en un momento político marcado por choques entre el Gobierno y distintos sectores económicos y mediáticos.
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Con un ingrediente adicional: el propio presidente Petro le pidió al Mintic organizar una licitación que le quitara a Canal 1 la concesión para usar el espacio de televisión que adquirió en 2017. Esa determinación se volvió oficial en un consejo de ministros el 15 de agosto de 2025, cuando el primer mandatario le dio la orden expresa al entonces ministro de las TIC, Julián Molina, de realizar un proceso licitatorio. “Una nueva forma de manejar la televisión, que no es del gobierno, pero tampoco de un potentado económico (…) Esa es una orden ya, ministro, porque ojo, allá hay incluso irregularidades”, agregó Petro. Esa advertencia puso en alerta a los dueños del Canal 1 y, en la tutela, sus abogados expresaron que se trata de una “clara intención de despojar” a Plural del contrato mediante una licitación que sería ilegal.
Lo que sostienen los tutelantes es que el contrato que firmaron en 2017 para usar el espacio de la televisión, aunque en un primer momento iba a durar 10 años, una reciente norma cambió las reglas del juego. Se trata de la ley 1978 de 2019 que entró en vigencia en julio de este año y que señala, de manera expresa, que las concesiones, como la que tiene Canal 1 en realidad estarán vigentes durante 20 años, y no diez. Así, se lee en la tutela, su contrato irá hasta 2037, no hasta 2027 como lo sostiene el gobierno. La orden del presidente Petro de realizar una licitación, cuando ya hay una empresa de por medio con un contrato adjudicado, recuerda el polémico caso de los pasaportes y la empresa Thomas Greg & Sons que ya va en un exalto funcionario del Ejecutivo sancionado y enfrentando un proceso penal.
Allí, como ahora, el Gobierno no solo ordenó abrir un proceso nuevo de licitación, al parecer para sacarlos del negocio, sino que también habría cambiado las reglas y realizado presiones indebidas. El canciller Álvaro Leyva ya fue destituido por esas irregularidades y esta semana la Fiscalía le imputó el delito de prevaricato por acción por presuntamente haber adelantado un proceso de contratación “caprichoso y arbitrario”. En la tutela, Canal 1 plantea que existe un patrón similar: el uso de herramientas administrativas que, más allá de su objetivo formal, generan impactos profundos en actores privados estratégicos. En este caso, con un agravante adicional: se trata de un medio de comunicación.
Para los accionantes, cuando ese tipo de disputas involucra a la prensa, el debate deja de ser solo económico y pasa a tocar la calidad del debate público y la pluralidad informativa. En medio de sus argumentos, la tutela pide medidas puntuales. Plural Comunicaciones solicitó que la SIC reevalúe su investigación y, de no hacerlo, al menos que la inicie desde el principio y cumpla con su deber de entregar la información a las partes. Además, que la justicia le ordene al Mintic que se abstenga de abrir una adjudicación para entregar la concesión que tiene Canal 1 a una nueva empresa. El escrito aclara que no busca frenar las acciones de la SIC, sino evitar que esta se convierta en un mecanismo de presión. Mientras la juez del caso decide, la confrontación sigue abierta y ya tuvo su primera respuesta: de manera sorpresiva, el pasado 5 de diciembre, la SIC le envió todo el expediente a los demandantes.
En el entretanto, el Gobierno defiende la actuación de sus entidades como parte del control legítimo de los mercados. Canal 1 insiste en que está enfrentando una presión que pone en riesgo su independencia. Como ocurrió con el caso de los pasaportes, la disputa trascendió lo técnico y se convirtió en un pulso político e institucional. El desenlace de esta tutela no solo definirá el rumbo de una investigación administrativa, sino que enviará un mensaje sobre los límites del poder estatal frente a la prensa. En esa frontera, siempre delicada, entre regulación y presión, se juega una discusión que va más allá de un canal y toca uno de los pilares de la democracia. El Espectador consultó a la SIC para conocer su versión sobre los cargos presentados en la tutela, pero no obtuvo respuesta.
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