![Comunidades afrodescendientes, las más amenazadas por la minería a cielo abierto](https://www.elespectador.com/resizer/v2/FYXV5AVHANHX7DE3B6X4TPCZVE.jpg?auth=de671e37e700f24c6904184c0861dbb1f58fd95379d54938a9b08cd56b8c12e5&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
En una investigación elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc) y los ministerios de Justicia, Ambiente y Minas, divulgada este martes en Bogotá, quedó en evidencia que del total de las zonas del país donde se explota oro de aluvión (también llamado a cielo abierto), el 46% está concentrado en zonas de consejos comunitarios, es decir, en territorios en los que hay presencia de poblaciones y organizaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras. (Vea aquí la infografía: Minería ilegal de oro a cielo abierto: una amenaza para la naturaleza)
El documento afirma que este dato debe tomarse como una alerta para todo el país, ya que se estaría perjudicando la biodiversidad ambiental y cultural de estos territorios. De los departamentos con población afro o raizal, Chocó resultó ser el más afectado por la minería a cielo abierto al concentrar el 90% de las afecciones ambientales, según el estudio. En esta región del país hay registrados 67 consejos comunitarios. En 24 de ellos, que representan el 36% de los consejos del departamento, hay rastros de que se practica este tipo de minería.
Son más de 36 mil hectáreas que pertenecen a consejos comunitarios en las cuales hay explotación aurífera a cielo abierto. Los daños ambientales se concentran en 10 consejos chocoanos que acumulan 31 mil hectáreas: Mayor del Medio Atrato Acia, Istmina y Parte del Medio San Juan, Mayor del Municipio Condoto e Iró, Mayor del Cantón San Pablo, Mayor de Unión Panamericana, Acadesán, Mayor de Nóvita, Mayor del Alto San Juan, Cértegui y Paimadó.
Uno de los factores que recrudece la situación en estas zonas del país es la ausencia del Estado para que controle el territorio y no permita que operen grupos ilegales, según la investigación. Tanto la carencia de vías terrestres en el departamento -la mitad de los municipios chocoanos no están conectados- como que las redes fluviales no permiten el paso de embarcaciones de gran calado, son obstáculos para el ingreso de organismos de control.
De acuerdo a lo recogido por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas, la cuenca hidrográfica del río Atrato es el principal sitio donde se ejerce la minería a cielo abierto en Chocó. Igualmente, los ríos son usados como ejes de conectividad entre zonas de explotación y sitios de abastecimiento.
Además, una de las conclusiones que arroja el documento es que la minería a cielo abierto, en la mayoría de los casos, ha generado que el crimen organizado se fortalezca y se financie, pues es una actividad predominantemente ilegal. Este estudio de la ONU y el Gobierno encontró que en el país el 60% de la minería a cielo abierto se hace contra las normas. En Chocó, desde 2013 la Defensoría del Pueblo ha reportado que allí delinquen tres grupos armados organizados: los Rastrojos, el renombrado Clan del Golfo (antes clan Úsuga o Urabeños) y las Águilas Negras.
Los grupos guerrilleros también hacen presencia en esta zona. Luego de la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas de las Auc en 2006, el frente 34 de las Farc -responsable del secuestro del general Rubén Darío Alzate en noviembre de 2014- y el Eln se reacomodaron. Desde entonces varios informes de organismos gubernamentales y no gubernamentales señalan que la situación de orden público, sobre todo en Quibdó, ha empeorado. Una situación que puede explicarse, entre otros factores, con el crecimiento de los grupos ilegales a raíz del dinero que les entra por la minería ilegal a cielo abierto.