Este martes, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en audiencia virtual presentará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe de 27 páginas que conoció El Espectador en el que relata la forma en la que el órgano defensor ha procedido desde hace 28 días, momento en que fue convocado el Paro Nacional como negativa a las directrices dadas por el Gobierno de Iván Duque.
Camargo no reveló cifras diferentes a las ya entregadas con anterioridad. El informe expone que durante las manifestaciones se han registrado 43 fallecimientos de los cuales 17 tendrían nexo directo con actividades de protestas teniendo reportes en Bogotá (1), Cali (8), Cauca (1), Cundinamarca (3), Valle del Cauca (3) y Tolima (1). Al menos siete muertes están en proceso de verificación y sobre 19 más hay evidencia para establecer que no guardan vínculo con las movilizaciones. Hasta la fecha, 1.040 civiles han resultado heridos y la cifra en policías suma nueve víctimas más para un total de 1.049.
De acuerdo con la Defensoría, sobre las personas dadas por desaparecidas, a corte de 23 de mayo fueron localizadas 290 personas. Sin embargo, todavía persiste el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) para 129 manifestantes que no habrían llegado a su casa desde el pasado 28 de abril. La entidad explicó que para localizar a las posibles víctimas ha llevado a cabo un trabajo articulado con la Fiscalía, Medicina Legal y la Policía Nacional.
En cuanto a la violencia de género, la entidad explicó que han recibido 106 reportes, entre los cuales está la denuncia pública y penal de una patrullera de Cali, quien asegura que el pasado 29 de abril fue violentada sexualmente por parte de manifestantes que atacaron un CAI ubicado en el oriente de la capital del Valle. De hecho, el abogado Víctor Mosquera alertó a la CIDH la semana pasada para que atendiera el primer ataque de género contra un funcionario público en lo que va del paro.
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Según la Defensoría, de los 106 casos de violencia de género, 96 corresponden a hechos contra las mujeres y nueve contra personas con orientación sexual e identidad de género diversa. “El 23% de los hechos reportados corresponden a este tipo de violencias en las que los agresores instrumentalizan los cuerpos de las mujeres como una estrategia de poder y de control frente a la participación de las mujeres en el marco de la protesta social”, agregó la entidad.
Luego de hacer un recorrido por las primeras afectaciones a la población civil, el defensor Carlos Camargo se refirió a los “actos vandálicos” durante el paro nacional. De acuerdo con su registro, han sido afectadas 108 infraestructuras gubernamentales, 28 peajes, 61 semáforos, 96 CAI de Policía, tres distritos de Policía, cuatro subestaciones, 359 establecimientos comerciales, 433 oficinas bancarias, 1.136 vehículos de transporte público, 206 estaciones de trasporte público, 91 estaciones de servicio, 417 cajeros automáticos, 46 vehículos particulares, dos instituciones religiosas y hasta un hotel.
En relación con Bogotá, Carlos Camargo alertó que la alcaldesa Claudia López dio a entender ante la opinión pública que el sistema de trasporte está a punto de quebrar. De las 153 estaciones de Transmilenio, 139 fueron afectadas y casi 50 destruidas al punto de volverlas inoperables. “Con el daño de los vehículos, las heridas de conductores y funcionarios, y los gastos de reparación, las aseguradoras se niegan a seguir amparando el sistema y en ese orden su futuro funcionamiento está en grave riesgo”, dijo Camargo.
Respondiendo a otro de los interrogantes de la CIDH, sobre agresiones contra personal defensor de los derechos humanos, la Defensoría encontró 315 violaciones en el marco de las protestas. Entre ellas hay 118 ataques a la integridad personal, 48 a la libertad de reunión, 21 a la libertad personal y 15 a la libertad de expresión, entre otras. En cuanto a la vulneración al derecho a la vida, la entidad alertó por 25 amenazas de muerte o intimidaciones contra líderes de manifestaciones o de defensores que han participado en las mismas.
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En cuanto a los avances en las investigaciones por diversos delitos en el paro, como homicidios y agresiones sexuales, el defensor Carlos Camargo precisó que, como líder de la entidad, no puede ejercer funciones judiciales o disciplinarias. Sin embargo, explicó ante la CIDH que ha enviado solicitudes de información sobre el desarrollo de los expedientes. En este punto, la Defensoría puso de presente que rechaza tanto la violencia por extralimitación de funciones de la Policía, como los actos de vandalismo de algunos ciudadanos.
“Fruto de informaciones engañosas, se llegó a afirmar, incluso por algunos funcionarios públicos, que las ambulancias eran usadas como vehículos de transporte de miembros del ESMAD, o que eran utilizados para llevar personas detenidas y torturarlas. El resultado de esas afirmaciones es que además de daños a las ambulancias, se les ha restringido el paso generando, entre otras, que, en dos ocasiones, el 4 y el 23 de mayo, se produzca la muerte de bebés que debían ser trasladados de urgencia y quedaron atascados en el bloqueo a las ambulancias”, dijo Camargo en relación con las noticas falsas.
Ante la CIDH, el funcionario público relaciona los departamentos donde más incidentes por vandalismo se han presentado, en el paro nacional, con la presencia de grupos armados organizados denunciada a través de su sistema de alertas tempranas. El defensor explica que en las regiones donde más bloqueos se han presentado también hay una fuerte presencia de organizaciones delictivas que, en los últimos años, se han apoderado del territorio para la producción, transformación y tráfico de estupefacientes.
La Defensoría, a su vez, expresó su preocupación por los bloqueos en la mayoría de los departamentos del país, los cuales llegarían a 2.284 y habrían generado pérdidas por $10 billones desde el pasado 28 de abril. “El costo diario del paro es de $484.000 millones”, explicó ante la CIDH. De acuerdo con las estadísticas que recopiló, hay 5.500 toneladas de frutas y hortalizas que están en riesgo de perderse. Además, habría 1,2 millones de toneladas de arroz a punto de desecharse. Lo mismo pasaría con el café, la caña de azúcar, la papa, el aguacate y los lácteos.
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En cuanto al empleo, el defensor Carlos Camargo dijo que 472.139 trabajadores de la construcción no han podido realizar sus labores o llegar a sus puntos de trabajo. De hecho, alega que el 75% de los proyectos de edificación que están en proceso de construcción en todo el país han tenido que detener por completo sus actividades o han visto afectada su operación. “Todo este fenómeno de bloqueos de vías se ha convertido en una verdadera crisis humanitaria, que ha llevado a que pacientes mueran en ambulancias bloqueadas, que el oxígeno no llegue a los hospitales y, en general, las ventas de alimentos estén desabastecidos”, añadió la Defensoría.
“Como parte del Ministerio Público y órgano independiente, compartimos con ustedes la importante y urgente necesidad de acompañar estas movilizaciones y facilitar las salidas dialogadas, pacíficas, inclusivas y humanitarias, en medio de todas las demandas sociales, económicas y políticas que hoy nos convocan. Digo salidas porque los intereses que motivan este paro nacional son complejos y disímiles, y requerirán seguramente propuestas a corto y mediano plazo, atendiendo los llamados de los diversos sectores que hoy se movilizan”, concluyó Carlos Camargo.