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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez por el delito de concusión en la modalidad continuada y en concurso homogéneo. El alto tribunal confirmó que la expolítica del Centro Democrático exigió porcentajes del salario a cinco mujeres que trabajaron en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
La Corte le impuso una pena de 12 años de prisión y también compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a la excongresista por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, concusión y amenaza.
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De acuerdo con la investigación, Cabello solicitó de forma mensual a Luisa Fernanda Puerto Vela, Nelsy Tirado Chacón, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes, integrantes de su UTL, la devolución de un porcentaje de su salario. La sentencia también ordenó el pago de los perjuicios ocasionados a las cinco víctimas del caso.
Este esquema coincide con lo que ya había documentado la Sala de Instrucción en la etapa de acusación. En junio de 2021, estableció, a partir de testimonios, chats, correos y extractos bancarios, que las funcionarias entregaban parte de su sueldo oficial o lo destinaban a gastos señalados por la entonces representante.
El Espectador conoció que algunas exfuncionarias que trabajaron con Cabello debían hacerse cargo de la caja menor de la UTL o de gastos de papelería con recursos propios. En otro de los casos documentados, una estudiante que realizó su práctica en la oficina de la excongresista figuraba en la contabilidad con un pago mensual de COP 3 millones. Sin embargo, la joven declaró ante la Corte y logró demostrar que devolvió en su totalidad el dinero que le giraba el Congreso.
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De acuerdo con el alto tribunal, cuando la excongresista “solicitó directamente o por interpuesta persona a cinco de sus colaboradoras que le entregaran parte de su salario como condición para su permanencia en la Unidad de Trabajo Legislativo, lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales y consciente de la prohibición de su comportamiento”.
La Corte había vinculado a Tatiana Cabello al proceso desde junio de 2020, cuando la citó a rendir indagatoria. En su defensa, la excongresista, para entonces ya suspendida del Centro Democrático por múltiples escándalos, sostuvo que los señalamientos en su contra eran falsos y que, en los casos donde existía evidencia de pagos, estos correspondían a terceras personas ajenas a ella. Frente a ese argumento, la Corte fue clara al señalar que “la investigación halló que (las terceras personas), al parecer, recibían instrucciones de la entonces congresista”.
La Sala de Instrucción también descartó que las cinco denuncias, documentadas y soportadas en evidencia, respondieran a rencillas o intrigas políticas. Según supo este diario, la defensa de Cabello había planteado que todo se trataba de un montaje orquestado por el embajador y exvicepresidente Francisco Santos, quien supuestamente buscaba sacarla de la lista del Centro Democrático para abrirle espacio en la curul a su hijo, Gabriel Santos.
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Esa teoría, sin embargo, no logró convencer a los magistrados, pues la excongresista no aportó ninguna prueba que la respaldara. Por el contrario, la Corte concluyó que las conductas atribuidas a Cabello “revisten las características del delito por el cual fue acusada”.
Además de la condena a 12 años de prisión, a la excongresista del Centro Democrático le fue negada la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y el beneficio de prisión domiciliaria. Asimismo, fue inhabilitada para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 116 meses y 29 días, y condenada al pago de una multa de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.
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