La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó este 9 de junio a Juan Francisco Prada, alias Juancho Prada, excomandante del frente Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por múltiples crímenes, entre ellos homicidios, masacres y desplazamientos forzados, que dejaron 3.385 víctimas entre los años noventa y principios de los 2000 en los departamentos de Cesar y Norte de Santander.
El exjefe paramilitar y 29 de sus subordinados de esa estructura criminal fueron condenados a 480 meses de prisión, la cual se convierte en una pena alternativa de 8 años para todos los procesados pues hacen parte de Justicia y Paz la ley que promovió el gobierno de Uribe para desmovilizar a los grupos paramilitares.
La sentencia, que también incluye a 29 miembros más de esa estructura criminal, se basa en la investigación de la Fiscalía que logró documentar 465 hechos. Una magistrada de un juzgado especializado de Bogotá los condenó por los delitos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito de menores, violencia basada en género, entre otros.
De acuerdo con las pruebas recogidas por el ente inestigador se conoció que el frente Héctor Julio Peinado Becerra delinquió desde 1992 hasta marzo de 2006 en los municipios del sur de Cesar, como San Alberto, San Martín, Aguachica, Gamarra y Río de Oro; también en Ocaña, Abrego y La Playa de Belén (Norte de Santander).
Algunos de los hechos que se le atribuyeron a esa estructura paramilitar y que conllevaron a la condena, están los homicidios de Rosalba Contreras de Castro, quien fungía como secretaria del Juzgado Municipal de El Carmen, perpetrado el 25 de agosto de 2000 en la vereda Cangrejo, en el municipio de Río de Oro (Cesar). También el asesinato de María Elena Gómez Naranjo, ocurrido el 10 de junio de 1996 en San Alberto (Cesar). La víctima era la directora del hospital de ese municipio.
A este frente de los paramilitares también se le atribuye el desplazamiento masivo de la finca Bellacruz, ocurrido entre el 15 y el 16 de febrero de 1996. El pasado 10 de junio se conoció que el Consejo de Estado dejó en firme que esas tierras, ubicadas en el Cesar, son de origen baldío, es decir, que pueden ser adjudicadas a campesinos sin tierra. La disputa armada por estos predios, que están en los municipios de la Gloria, Pelaya y Pailitas, cobró la vida de varios líderes campesinos de esa región.
Prada, quien era aliado del clan paramilitar de los Castaño, dirigió ese brazo de las autodefensas y que a su vez hacía parte del Bloque Norte de ese grupo criminal liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Este mantuvo un bajo perfil durante los años que se destaparon los crímenes de los paramilitares y no fue extraditado a Estados Unidos como otros líderes de ese grupo armado.