Condenan a exmagistrado por cerrar investigación contra jueza que era su amiga
El exmagistrado Ramón de Jesús Jaller tenía la tarea de verificar si la jueza Isabela Montes, su amiga, estaba permitiendo el desfalco de los recursos de Córdoba. Sin embargo, hizo todo lo contrario y por ello recibió una pena de ocho años privado de su libertad.
Los magistrados de la Corte Suprema parecen ser los únicos funcionarios judiciales que hicieron justicia en esta historia. La alta corte condenó a ocho años de prisión domiciliaria a Ramón de Jesús Jaller Dumar, antiguo magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura en 2011. La tarea de Jaller era verificar que los jueces de Córdoba hicieran, justamente, su trabajo. Sin embargo, se hizo el de la vista gorda con una jueza amiga que, al parecer, estaba permitiendo el desfalco de los recursos del departamento.
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El expediente tiene su origen en 2011, con una denuncia de la entonces gobernadora cordobesa, Martha Sáenz Correa. En un escrito ante el Ministerio de Educación, alertó que la plata de la región estaba congelada y embargada, porque una jueza estaba repartiendo a diestra y siniestra derechos personales, a personas que no cumplirían con los requisitos. Se trataba de la jueza Isabel Loreley Montes, jefe del Juzgado Civil del municipio de Lorica.
El exmagistrado Jaller ocupaba una plaza en la Judicatura de Córdoba, por lo cual se encargaba de investigar y sancionar a jueces con un sentido de justicia torcido. La denuncia de la gobernadora llegó al despacho de Jaller, quien el 1 de abril de 2011 lo anexó a su lista de tareas. De acuerdo con el expediente, el exmagistrado, entre las múltiples herramientas que podía tomar para resolver el asunto, simplemente solicitó una prueba: le pidió a la jueza Montes que le enviara un informe.
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Con esa única y solitaria prueba, el exmagistrado Jaller se lavó las manos y el 31 de agosto de 2011 archivó la investigación disciplinaria contra la jueza Montes. Esa decisión, una década después, desembocó en una sentencia por prevaricato por acción y omisión. Es decir, hacer todo lo contrario a lo que se espera para su cargo. Nunca indagó en los procesos judiciales que tenían en alerta a la gobernación, ni constató si los reclamantes de pensión en realidad merecían gozar del derecho laboral.
Durante la investigación quedó clara la razón por la cual Jaller había solicitado solo una prueba y había archivado ese caso en concreto: la jueza Montes, identificada entonces por la gobernación, era amiga íntima del exmagistrado. Y aún más preocupante: la esposa de Jaller, Caterine Carine Cogollo, era una de las abogadas involucradas en las demandas pensionales conocidas por la jueza Montes.
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“Con todo esto, la Corte Suprema de Justicia concluyó que el exmagistrado obvió los ordenamientos que propugnan por la prevalencia de la justicia y la búsqueda de la verdad material, desconociendo los principios de legalidad, imparcialidad y el de motivación suficiente de la providencia judicial en la que dispuso el archivo de las diligencias”, concluyó la alta corte. Jaller deberá pasar los próximos ocho años preso en su casa y no podrá ocupar funciones públicas por 10 años.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Los magistrados de la Corte Suprema parecen ser los únicos funcionarios judiciales que hicieron justicia en esta historia. La alta corte condenó a ocho años de prisión domiciliaria a Ramón de Jesús Jaller Dumar, antiguo magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura en 2011. La tarea de Jaller era verificar que los jueces de Córdoba hicieran, justamente, su trabajo. Sin embargo, se hizo el de la vista gorda con una jueza amiga que, al parecer, estaba permitiendo el desfalco de los recursos del departamento.
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El expediente tiene su origen en 2011, con una denuncia de la entonces gobernadora cordobesa, Martha Sáenz Correa. En un escrito ante el Ministerio de Educación, alertó que la plata de la región estaba congelada y embargada, porque una jueza estaba repartiendo a diestra y siniestra derechos personales, a personas que no cumplirían con los requisitos. Se trataba de la jueza Isabel Loreley Montes, jefe del Juzgado Civil del municipio de Lorica.
El exmagistrado Jaller ocupaba una plaza en la Judicatura de Córdoba, por lo cual se encargaba de investigar y sancionar a jueces con un sentido de justicia torcido. La denuncia de la gobernadora llegó al despacho de Jaller, quien el 1 de abril de 2011 lo anexó a su lista de tareas. De acuerdo con el expediente, el exmagistrado, entre las múltiples herramientas que podía tomar para resolver el asunto, simplemente solicitó una prueba: le pidió a la jueza Montes que le enviara un informe.
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Durante la investigación quedó clara la razón por la cual Jaller había solicitado solo una prueba y había archivado ese caso en concreto: la jueza Montes, identificada entonces por la gobernación, era amiga íntima del exmagistrado. Y aún más preocupante: la esposa de Jaller, Caterine Carine Cogollo, era una de las abogadas involucradas en las demandas pensionales conocidas por la jueza Montes.
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