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La Corte Suprema confirmó una decisión del Tribunal Superior de Cartagena en la que condenó al exjuez Fabio Cabarcas Pardo a 12 años y 8 meses de prisión. El motivo de la condena fue su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por omisión. El exfuncionario judicial favoreció cobros irregulares de pensiones.
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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dijo que trabajó junto a la Fiscalía General y Colpensiones, para demostrar que durante 2010 y 2011 el juez Cabarcas Pardo auspició el cobro irregular de pensiones por la suma de $30.820.819.888. La cifra se consideró como “uno de los más grandes casos de corrupción pensional del país”.
El condenado Cabarcas Pardo fue Juez Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, y, según las autoridades, conoció demandas presentadas contra el Instituto de los Seguros Sociales (ISS), con las que se pretendía el reconocimiento y pago de pensiones de jubilación vitalicia acordes con la Ley. Aunque a los demandantes en esa ocasión ya se les había reconocido y ordenado el pago de la pensión de jubilación por parte de las empresas que los habían empleado, el entonces juez “profirió dolosamente decisiones contrarias a la ley”.
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Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las sentencias condenatorias que emitió el entonces juez “fueron empleadas como títulos de recaudo para formular demandas ejecutivas y perseguir con ello un pago de manera irregular”. Por la acción de Cabarcas, los demandantes recibieron, de forma turbia, entre 6 mil y 10 mil millones de pesos cada uno.
Así como Cabarcas, en 2017 fueron enviados a prisión 11 personas implicadas en otro desfalco a Colpensiones. En esa ocasión, los 11 contratistas fueron capturados y señalados de realizar fraudes por más de $5.100 millones a Colpensiones mediante los delitos de estafa agravada, violación de datos personales, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.
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En junio de 2017, fueron enviados a la cárcel por el desfalco Johana Torres Parada, Leidy Viviana Ayala Bonilla, Humberto Hernando Vallejo, Alejandra Morillo Torres, Iván Leonardo Lyons Molano, Jenny López Barrios, David Fernando Norato y Diana Marcela Rojas por el reconocimiento de 174 pensiones de manera ilícita. Según dijo la Fiscalía en ese momento, esas personas, que fueron contratados por una empresa de servicios temporales para prestar su servicio en la entidad, se aprovechaban de los accesos que tenían a los sistemas de información y bases de datos para cometer estos fraudes, cobrando entre 10 y 100 millones de pesos según el monto al derecho pensional.
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