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El Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de 300 millones de pesos como indemnización a un agente de la policía y a su familia por la detención irregular de la que fue víctima luego de que fuera acusado por la Fiscalía General de haber asesinado a un ciudadano y herir gravemente a otros dos.
Los hechos se produjeron el 25 de marzo de 1996, cuando el uniformado fue detenido, por orden de un fiscal delegado ante Jueces Penales del Circuito Unidad de Reacción Inmediata de Kennedy.
El policía fue además suspendido en el ejercicio de sus funciones desde el 30 de marzo de 1996, un día después de que se le impusiera medida de detención sin beneficio de excarcelación por homicidio y tentativa de homicidio.
Después de un año y cuatro meses, el policía fue dejado en libertad después de que el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá lo declarara inocente de los cargos.
La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró culpable civilmente a la Nación por los perjuicios morales y materiales causados al uniformado y a sus familiares.