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La Sección Tercera del Consejo de Estado ratificó una condena contra la Nación, representada por el Ministerio de Defensa y Policía Nacional por los daños y perjuicios causados a la familia de un comerciante que falleció en el marco de la toma de la guerrilla a las Farc al municipio de Guaca (Santander).
La acción, registrada el 11 de diciembre de 1997, tenía como objetivo atacar el cuartel de la Policía Nacional, destruir el cuartel, tomar a los policías como rehenes, robar sus armas de dotación y destruir el Palacio Municipal. En el ese momento el comerciante se encontraba en su establecimiento que estaba ubicado en su casa.
Cuando se inició el ataque los agentes de Policía que se encontraban en la estación “saltaron los muros colindantes de las casas vecinas” entre ellas las del comerciante “ingresando al patio del inmueble y desde allí, intentaron repelar la toma guerrillera”. Los subversivos se ubicaron cerca de la vivienda.
“Esta acción desde todo punto de vida, resultó negligente e imprudente, toda vez que, por ser altos objetivos militares, hizo que los insurgentes señalaran el ataque hacía el lugar donde ellos se encontraban, generando un fuego cruzado”. En la acción el comerciante resultó gravemente herido.
Debido a las lesiones sufridas falleció. El inmueble donde se encontraba su vivienda y su establecimiento comercial fue destruido en el desarrollo del combate entre los miembros de la Fuerza Pública y el grupo guerrillero.
En este sentido se considera que con su actuar los agentes de policía pusieron en una situación de riesgo a los pobladores. Igualmente se omitieron las funciones de salvaguardar la tranquilidad en todo momento, al defensa de los bienes y de la vida de las personas cuando se desarrollan ataques desbordados contra la población civil y autoridades legalmente constituidas”.
El Consejo de Estado modificó el fallo emitido por los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar frente a la liquidación de perjuicios morales y materiales.
Por Redacción Judicial
