Condenan a mayor (r) del Ejército por dos ejecuciones extrajudiciales en Meta
Wilson Orlando Lizarazo deberá cumplir una pena de 38 años y cuatro meses de cárcel por la muerte en 2004 de dos personas quienes, tras su muerte, fueron presentados como integrantes de las autodefensas. Un sargento y tres soldados también fueron condenados.
Redacción Judicial
El mayor (r) Wilson Orlando Lizarazo Cárdenas y un grupo de militares del batallón 21 Pantano de Vargas del Ejército Nacional fueron condenados por la muerte de dos jóvenes quienes, tras su muerte, fueron presentados como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A todos se les ordenó su captura inmediata.
El mayor Lizarazo Cárdenas, quien fue investigado por los delitos de homicidio en persona protegida, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, deberá pagar una pena de 38 años y cuatro meses de cárcel. Por su parte, los militares condenados a seis años, por el delito de encubrimiento, son el sargento Jader Alexander Gómez Ayala y los soldados Faiber Ceballos Gómez, Jesús Danilo Zapata y Richard Cárdenas.
(Le sugerimos: Envían a la JEP informe sobre ejecuciones extrajudiciales que señala a un general activo)
Según la Fiscalía, la investigación descubrió la existencia de una alianza entre algunos oficiales adscritos a la mencionada unidad militar y miembros del Bloque Centauros de las AUC, en la que fueron simuladas acciones operativas para recibir el reconocimiento de los comandantes y calmar las críticas de la población y de algunos sectores que exigían resultados contra las estructuras paramilitares que delinquían en el Meta.
En ese contexto, el ente investigador explicó en el juicio que el 14 de enero de 2004 Diego Édison Hernández y otro hombre, aún sin identificar, fueron contactados por integrantes de las AUC en un establecimiento nocturno en Villavicencio. Después fueron trasladados al municipio de Fuente de Oro y abandonados en la vereda Puerto Palmira.
(Lea también: CorteIDH condena a Colombia por ejecuciones extrajudiciales entre 1992 y 1997)
Hasta ese punto llegaron tropas del batallón 21 Pantano de Vargas y dispararon contra las dos personas hasta ocasionarles la muerte. Tras este hecho, los uniformados ubicaron armamento largo al lado de los cuerpos sin vida. De acuerdo con las actas oficiales, las víctimas fueron reportadas como “bajas” en combate y las armas figuraban como elementos incautados.
Todo estaba enmarcado con el nombre de operación Despegue, dirigida contra un supuesto grupo paramilitar responsable de extorsiones a transportadores de la región. “A todas luces es una falsedad, toda vez que la confrontación no se dio y, por ende, desde la orden de operaciones Despegue, su contenido es falso, tanto las víctimas como las armas fueron suministradas por las AUC bloque Centauros a los militares”, precisó el Juzgado Penal del Circuito de Granada.
(En contexto: Al menos 19 generales son investigados por ejecuciones extrajudiciales, según HRW)
Los militares condenados deberán indemnizar a los familiares de las víctimas con 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, algo más de $160 millones por concepto de perjuicios y daños morales.
El mayor (r) Wilson Orlando Lizarazo Cárdenas y un grupo de militares del batallón 21 Pantano de Vargas del Ejército Nacional fueron condenados por la muerte de dos jóvenes quienes, tras su muerte, fueron presentados como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A todos se les ordenó su captura inmediata.
El mayor Lizarazo Cárdenas, quien fue investigado por los delitos de homicidio en persona protegida, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, deberá pagar una pena de 38 años y cuatro meses de cárcel. Por su parte, los militares condenados a seis años, por el delito de encubrimiento, son el sargento Jader Alexander Gómez Ayala y los soldados Faiber Ceballos Gómez, Jesús Danilo Zapata y Richard Cárdenas.
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Según la Fiscalía, la investigación descubrió la existencia de una alianza entre algunos oficiales adscritos a la mencionada unidad militar y miembros del Bloque Centauros de las AUC, en la que fueron simuladas acciones operativas para recibir el reconocimiento de los comandantes y calmar las críticas de la población y de algunos sectores que exigían resultados contra las estructuras paramilitares que delinquían en el Meta.
En ese contexto, el ente investigador explicó en el juicio que el 14 de enero de 2004 Diego Édison Hernández y otro hombre, aún sin identificar, fueron contactados por integrantes de las AUC en un establecimiento nocturno en Villavicencio. Después fueron trasladados al municipio de Fuente de Oro y abandonados en la vereda Puerto Palmira.
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Hasta ese punto llegaron tropas del batallón 21 Pantano de Vargas y dispararon contra las dos personas hasta ocasionarles la muerte. Tras este hecho, los uniformados ubicaron armamento largo al lado de los cuerpos sin vida. De acuerdo con las actas oficiales, las víctimas fueron reportadas como “bajas” en combate y las armas figuraban como elementos incautados.
Todo estaba enmarcado con el nombre de operación Despegue, dirigida contra un supuesto grupo paramilitar responsable de extorsiones a transportadores de la región. “A todas luces es una falsedad, toda vez que la confrontación no se dio y, por ende, desde la orden de operaciones Despegue, su contenido es falso, tanto las víctimas como las armas fueron suministradas por las AUC bloque Centauros a los militares”, precisó el Juzgado Penal del Circuito de Granada.
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Los militares condenados deberán indemnizar a los familiares de las víctimas con 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, algo más de $160 millones por concepto de perjuicios y daños morales.