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11 Jul 2022 - 8:26 p. m.

Condenan al Estado por no haber prevenido secuestro del exdiputado Sigifredo López

El Consejo de Estado declaró que el departamento del Valle y la Policía habían sido informados del riesgo que corrían los diputados en el año 2002 y no hicieron nada para prevenir su secuestro. Si bien se reconoce que fue un crimen cometido por las Farc, el Estado omitió su responsabilidad.
Sigifredo López estuvo en la primera audiencia de reconocimiento y responsabilidad ante la JEP, por los miles de secuestros de la extinta guerrilla de las Farc.
Sigifredo López estuvo en la primera audiencia de reconocimiento y responsabilidad ante la JEP, por los miles de secuestros de la extinta guerrilla de las Farc.
Foto: Mauricio Alvarado

Durante los primeros tres meses de 2002, la Asamblea del Valle le informó a la Gobernación y a la Policía del riesgo que corrían sus diputados. Hubo comunicaciones y reuniones, pero ninguna protección efectiva que impidiera que la guerrilla de las Farc irrumpiera el 11 de abril de ese año en el edificio, en pleno centro de Cali, y secuestraran a 12 diputados. Cinco años más tarde, el exdiputado Sigifredo López, único sobreviviente, logró que la justicia declarara que el Estado colombiano fue responsable de este crimen, por omisión.

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“Pese a que el secuestro de Sigifredo López Tobón provino del actuar único y exclusivo de los miembros de las Farc, sin que en el desarrollo del daño hubiera intervenido activamente alguna autoridad estatal, los efectos patrimoniales que se derivan de esa lesión le resultan del todo imputables al Estado y, en especial a la Policía y al departamento del Valle del Cauca, porque conocían la situación de alto riesgo que (López) afrontaba no solo por ser un hecho notorio, sino porque fueron advertidas de forma directa, específica y diáfana y no desplegaron acción alguna”, dice la sentencia.

Cuando los diputados llevaban cinco años secuestrados, en 2007, fueron asesinados por la antigua guerrilla de las Farc, en un episodio sobre el que no había habido mayores claridades hasta la llegada del caso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sigifredo López fue el único sobreviviente y, tras ser liberado en 2009, terminó procesado por la Fiscalía por su supuesta complicidad en su propio secuestro. Al final fue absuelto y se probó que solo estaba siendo revictimizado. Ante la JEP, les dijo a los máximos jefes de las Farc: “Ustedes, en nombre de la libertad, secuestraron y en nombre de la vida, asesinaron”.

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La sentencia enumera cómo en el expediente hay varias pruebas de que los diputados pidieron protección ante el aumento de secuestros políticos a manos de las Farc y no la recibieron. “El 13 de febrero de 2002, los diputados solicitaron al jefe de seguridad de la Asamblea extremar las medidas de seguridad en el edificio donde se sesionaba, con la imperativa de garantizar el ejercicio de sus funciones democráticas, por medio del aseguramiento de los sujetos políticos de deliberación regional y así también del personal civil de apoyo en el funcionamiento de la actividad”, se lee en la sentencia.

A reglón seguido añade el fallo: “No hay prueba de que dicha solicitud hubiera sido atendida satisfactoriamente por parte del departamento del Valle del Cauca o por la Policía”. Ahora bien, el Consejo de Estado no desconoce que este crimen fue responsabilidad de la antigua guerrilla de las Farc —aunque no lo menciona el fallo, el hecho fue reconocido por los máximos jefes de ese grupo en junio de 2022 ante la JEP—, pero sostiene que tanto el departamento como la Fuerza Pública fueron informadas del grave riesgo que corrían los funcionarios y se quedaron inmóviles.

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Prueba de ello es que se realizaron “reuniones de seguridad con tales autoridades días antes previos al secuestro y es, precisamente ese conocimiento, lo que configura en este caso la falla del servicio dada la falta de atención suficiente y necesaria de protección que debió brindar a los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca”, continúa la sentencia. Además, en su defensa, se limitó a decir que el secuestro lo ejecutaron las Farc, “pero en ningún se dirigieron a alegar ni mucho menos a probar la satisfacción y cumplimiento de sus deberes de seguridad y protección estatal”.

Se trata de un fallo de segunda instancia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que tuvo ponencia del magistrado José Roberto Sáchica. La condena confirma parcialmente una victoria previa de Sigifredo López, que ya había logrado que el Tribunal Administrativo del Valle condenara a la Policía y al departamento del Valle por su secuestro. Sin embargo, en esta oportunidad, se ampliaron los efectos del fallo: ya no se reconocen únicamente los daños morales a López, por las conficiones inhumanas de su retención, también fueron reconocidos los daños que sufrió en su salud mental.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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