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El exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros, será condenado el próximo 24 de septiembre por las irregularidades que la Fiscalía encontró en un convenio de cooperación científica firmado en 2014 entre la administración departamental y la empresa Organización Latinoamericana para el Fortalecimiento de la Investigación en Salud (Olfis). El ente investigador determinó que Ballesteros incurrió en los delitos de de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión (cuando un funcionario exige dinero por su labor).
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El objetivo del convenio que firmó Ballesteros era investigar y determinar la manera como se podría mitigar el riesgo de dengue en La Guajira. A pesar de que la empresa Olfis, registrada como una entidad sin ánimo de lucro, “no tenía la experiencia, ni la capacidad operativa, administrativa y técnica para cumplir lo dispuesto en el convenio”, según informó la Fiscalía General, el exgobernador Ballesteros le adjudicó el contrato y, además, le exigió a cambio la suma de $200 millones al representante legal de la empresa, Fredi Alexander Díaz.
El convenio fue firmado por una suma cercana a los $18.000 millones y la Fiscalía logró encontrar que hubo malos manejos del dinero desde el comienzo, pues desde el primer avance que le giró el gobierno nacional al departamento a través del Sistema General de Participación comenzaron las irregularidades. Por ejemplo, informó el ente investigador, se reportaron cerca de siete millones de pesos como si se hubieran utilizado para comprar baldes que, aseguró la empresa, se utilizaron para trampas.
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Además, añadió la Fiscalía, se demostró que en el contrato aprobado por Ballesteros se invirtieron $151 millones para pagarle a funcionarios de papel que nunca desempeñaron las labores para las que fueron contratados y $39 millones para pagar alquileres de vehículos que no prestaron servicio alguno. Por otro lado, según el ente investigador, Olfis y la gobernación duplicaron los gastos de funcionamiento y terminaron reportando $249 millones en equipos logísticos.
Ballesteros está en la cárcel desde octubre de 2017, cuando el Tribunal Superior de Bogotá le impuso una medida de aseguramiento mientras avanzaba el proceso en su contra. El exgobernador llegó al cargo luego de que Juan Francisco Kiko Gómez fuera detenido por el asesinato de la alcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, y se convocaran unas nuevas elecciones. Sin embargo, es uno más de los exmandatarios de La Guajira con líos en la justicia pues, además de este proceso, enfrenta un juicio disciplinario en la Procuraduría por posibles hechos de corrupción en contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Por Redacción Judicial
