El Consejo de Estado ratificó la condena en contra del Estado por el asesinato del diputado de la Unión Patriótica, José García Orozco, registrada el 26 de noviembre de 1992 en Villavicencio, Meta.
Según la trascendental decisión del alto tribunal, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional le retiraron de manera “inexplicable” el esquema de seguridad al diputado pese a las amenazas que había recibido por su trabajo como diputado de la Asamblea del Departamental del Meta.
En el fallo, el Consejo de Estado se señala que pese a que no se puede acusar directamente al Ministerio de Defensa del asesinato de García Orozco, sí son culpables de omitir las medidas de protección y seguridad que debía brindarle al diputado y a los miembros del partido político debido a los señalamientos que habían recibido por grupos armados ilegales.
“Enfrentaba una situación especial de riesgo y que, por tal motivo, requería que se adoptaran medidas especiales para proteger su vida y su integridad personal”, precisó el fallo del tribunal de lo contencioso administrativo, al considerar que quedaron totalmente establecidas las amenazas contra los miembros de la UP.
El caso de García Orozco revestía de mayor gravedad, puesto que su esposa, quien también pertenecía al mismo partido político, había sido asesinada meses antes en el municipio de El Castillo, meta.
“La persecución y asesinato de los miembros de la UP es un hecho suficientemente conocido y documentado (…) existen diversas fuentes escritas que confirman que los atentados, intimidaciones y seguimientos contra sus militantes no constituyen hechos aislados sino que hicieron parte de un plan sistemático de exterminio”, se aclara.
El Consejo de Estado confirmó la multa para el Estado con el fin de que pague el equivalente a cien salarios mínimos legales vigentes para que sean pagos a las hijas del diputado asesinado.
Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las hijas recibirán entre las cuatro un poco más de 673 millones de pesos.