Confirman inocencia de universitarios presos por investigación de policía infiltrado

Cero y van dos. De nuevo, jueces de la República declaran inocentes a seis egresados de la Universidad Pedagógica, quienes en 2012, como denuncian, fueron llevados a un falso positivo judicial por parte de un policía infiltrado que se hizo pasar como un amigo y estudiante. El Tribunal Superior de Bucaramanga consideró que la Fiscalía no pudo probar que planeaban todo un acto terrorista en la Universidad Industrial, como lo señaló el policía de inteligencia Cuper Diomedes Díaz.

En contexto: El expediente del policía infiltrado que envió a la cárcel a seis inocentes

En agosto pasado, luego de casi una década de un dilatado proceso judicial, el Juzgado Primero de Bucaramanga los declaró inocentes. Tan largo fue el proceso que todos pagaron alrededor de un año de prisión, mientras la Fiscalía cuadraba sus pruebas para intentar demostrar que todos, amparados en un discurso de “Juventudes M-19″, iban a atacar Bucaramanga con más de 130 papa bombas. Una hipótesis que solo quedó en el escrito de acusación de la Fiscalía y en la voz del policía de inteligencia.

“No se logró el convencimiento, más allá de toda duda, acerca de la responsabilidad penal de los procesados, pues sobre el particular emergen dudas que, al ser imposibles de solventar en esta instancia, conducen a ser resueltas a favor de Carlo Alexander Carrillo Galvis, Diego Alejandro Ortega Ramírez, Erika Aguirre Rodríguez, Jaime Alexis Bueno Castro, Xiomara Alexandra Torres Jiménez y Cristian David Leyva Gutiérrez”, señaló el Tribunal.

Antecedentes: Capturan universitarios que planeaban disturbios en aniversario de muerte de ‘Mono Jojoy’

Hace una década, Colombia vivió una de las más grandes movilizaciones estudiantiles contra las reformas planeadas para la educación superior, que suponían mayor privatización y endeudamiento. En ese contexto, Érika Aguirre y Xiomara Torres conocieron a Cuper Diomedes Díaz, un estudiante de psicopedagogía que, si bien les llevaba cinco años, aseguraba tener una vida como cualquier universitario. Aparentaba preocuparse por su rendimiento, ofrecía rondas de empanadas entre clases y hasta salía a marchar.

En 2012, Díaz salió para Lebrija e invitó a su grupo de amigos. Allí llegaron el profesor Galvis y las entonces estudiantes Aguirre y Torres, así como Bueno, Ortega y Leyva. No había pasado siquiera un día cuando, en la madrugada del 26 de septiembre de ese año, decenas de policías llegaron a la finca de recreo Villa Karen y los capturaron a todos. De inmediato fueron imputados por fabricación, tráfico y porte de armas o explosivos y señalados como parte de células guerrilleras. Luego comprenderían que en el lugar había material bélico suficiente para armar un desastre en la capital santandereana.

Lea también: Paro nacional: “Mi hija es un falso positivo judicial”

En audiencias preliminares, la Fiscalía señaló que una “fuente no formal” avisó que los estudiantes preparaban un enfrentamiento en la Universidad Industrial de Santander. Fueron enviados a la cárcel y señalados como un peligro para la sociedad. Allí descubrieron que esa fuente anónima era nada más y nada menos que Cuper Díaz. La Fiscalía basó su caso en su testimonio, pues indicó que todos estaban planeando incendiar la ciudad. No obstante, los inocentes se mantienen firmes en precisar que fueron engañados por una persona que les hizo una coartada para mostrar resultados.

El Tribunal de Bucaramanga confirmó que el testimonio del policía de inteligencia no tiene validez, pues según el Código Penal ese tipo de funcionarios públicos solo pueden orientar investigaciones y evitar la comisión delitos. Su verdad no puede ser utilizada como prueba. Si la Fiscalía hubiese querido debatir las vivencias de Díaz, tenía que constatar su actividad como un “agente encubierto”, que tiene un margen más amplio para la recolección de información en Colombia.

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Luego de ello, aunque el Tribunal consideró que algunos jóvenes podrían estar vinculados con grupos revolucionarios, regañó a la Fiscalía por no aportar pruebas suficientes que demuestren que ellos podían ir más allá del discurso. Es decir, que existe un vacío enorme entre las ideas que pudiesen tener, como universitarios, y las supuestas capacidades como terroristas. Según los inocentes, este vacío se llenaría con la puesta en marcha de un falso positivo judicial, en el cual la misma Policía hubiese puesto los elementos que los vincularían con un ataque a la ciudad.

“Existe un vacío para conectar dichas circunstancias con el delito endilgado (fabricación de explosivos), pues a partir de ello no puede establecerse con certeza que la totalidad de los procesados, conociesen de la existencia de los artefactos explosivos ubicados en la finca Villa Karen -que valga precisar era un inmueble de descanso que no era el domicilio de ninguno de ellos-. Y a partir de ese conocimiento, hubiesen querido su conservación y mucho menos que estos hubiesen fabricado los artefactos explosivos hallados en la diligencia de registro y allanamiento”, se lee en la decisión.

Al final, el Tribunal Superior de Bucaramanga consideró que el caso está navegando en un mar de dudas que, según la legislación colombiana, siempre deben ser resueltas a favor de los investigados. No solo envió llamados de atención a la Fiscalía por la falta de rigurosidad en el caso, también al Juzgado Primero de la capital santandereana por casi dejar prescribir el expediente. Los egresados hoy continúan su vida, algunos de ellos dictando clase y otros formándose en carreras de posgrado. Bautizaron el proceso penal como “el caso Lebrija”.

“Nos sentimos felices y tranquilos. Consideramos que los fallos brindan elementos suficientes para comprender el papel de los agentes infiltrados en las universidades públicas. Creemos que en estas dos instancias los jueces decidieron no creer en todo lo que Díaz y la Fiscalía presentaron. Esperamos que no haya repercusiones negativas contra nosotros o nuestras familias. Esperamos que esta sentencia sirva para seguir demostrando la inocencia de otros compañeros detenidos por motivos políticos”, concluyó Xiomara Torres.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Cero y van dos. De nuevo, jueces de la República declaran inocentes a seis egresados de la Universidad Pedagógica, quienes en 2012, como denuncian, fueron llevados a un falso positivo judicial por parte de un policía infiltrado que se hizo pasar como un amigo y estudiante. El Tribunal Superior de Bucaramanga consideró que la Fiscalía no pudo probar que planeaban todo un acto terrorista en la Universidad Industrial, como lo señaló el policía de inteligencia Cuper Diomedes Díaz.

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En agosto pasado, luego de casi una década de un dilatado proceso judicial, el Juzgado Primero de Bucaramanga los declaró inocentes. Tan largo fue el proceso que todos pagaron alrededor de un año de prisión, mientras la Fiscalía cuadraba sus pruebas para intentar demostrar que todos, amparados en un discurso de “Juventudes M-19″, iban a atacar Bucaramanga con más de 130 papa bombas. Una hipótesis que solo quedó en el escrito de acusación de la Fiscalía y en la voz del policía de inteligencia.

“No se logró el convencimiento, más allá de toda duda, acerca de la responsabilidad penal de los procesados, pues sobre el particular emergen dudas que, al ser imposibles de solventar en esta instancia, conducen a ser resueltas a favor de Carlo Alexander Carrillo Galvis, Diego Alejandro Ortega Ramírez, Erika Aguirre Rodríguez, Jaime Alexis Bueno Castro, Xiomara Alexandra Torres Jiménez y Cristian David Leyva Gutiérrez”, señaló el Tribunal.

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Hace una década, Colombia vivió una de las más grandes movilizaciones estudiantiles contra las reformas planeadas para la educación superior, que suponían mayor privatización y endeudamiento. En ese contexto, Érika Aguirre y Xiomara Torres conocieron a Cuper Diomedes Díaz, un estudiante de psicopedagogía que, si bien les llevaba cinco años, aseguraba tener una vida como cualquier universitario. Aparentaba preocuparse por su rendimiento, ofrecía rondas de empanadas entre clases y hasta salía a marchar.

En 2012, Díaz salió para Lebrija e invitó a su grupo de amigos. Allí llegaron el profesor Galvis y las entonces estudiantes Aguirre y Torres, así como Bueno, Ortega y Leyva. No había pasado siquiera un día cuando, en la madrugada del 26 de septiembre de ese año, decenas de policías llegaron a la finca de recreo Villa Karen y los capturaron a todos. De inmediato fueron imputados por fabricación, tráfico y porte de armas o explosivos y señalados como parte de células guerrilleras. Luego comprenderían que en el lugar había material bélico suficiente para armar un desastre en la capital santandereana.

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En audiencias preliminares, la Fiscalía señaló que una “fuente no formal” avisó que los estudiantes preparaban un enfrentamiento en la Universidad Industrial de Santander. Fueron enviados a la cárcel y señalados como un peligro para la sociedad. Allí descubrieron que esa fuente anónima era nada más y nada menos que Cuper Díaz. La Fiscalía basó su caso en su testimonio, pues indicó que todos estaban planeando incendiar la ciudad. No obstante, los inocentes se mantienen firmes en precisar que fueron engañados por una persona que les hizo una coartada para mostrar resultados.

El Tribunal de Bucaramanga confirmó que el testimonio del policía de inteligencia no tiene validez, pues según el Código Penal ese tipo de funcionarios públicos solo pueden orientar investigaciones y evitar la comisión delitos. Su verdad no puede ser utilizada como prueba. Si la Fiscalía hubiese querido debatir las vivencias de Díaz, tenía que constatar su actividad como un “agente encubierto”, que tiene un margen más amplio para la recolección de información en Colombia.

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Luego de ello, aunque el Tribunal consideró que algunos jóvenes podrían estar vinculados con grupos revolucionarios, regañó a la Fiscalía por no aportar pruebas suficientes que demuestren que ellos podían ir más allá del discurso. Es decir, que existe un vacío enorme entre las ideas que pudiesen tener, como universitarios, y las supuestas capacidades como terroristas. Según los inocentes, este vacío se llenaría con la puesta en marcha de un falso positivo judicial, en el cual la misma Policía hubiese puesto los elementos que los vincularían con un ataque a la ciudad.

“Existe un vacío para conectar dichas circunstancias con el delito endilgado (fabricación de explosivos), pues a partir de ello no puede establecerse con certeza que la totalidad de los procesados, conociesen de la existencia de los artefactos explosivos ubicados en la finca Villa Karen -que valga precisar era un inmueble de descanso que no era el domicilio de ninguno de ellos-. Y a partir de ese conocimiento, hubiesen querido su conservación y mucho menos que estos hubiesen fabricado los artefactos explosivos hallados en la diligencia de registro y allanamiento”, se lee en la decisión.

Al final, el Tribunal Superior de Bucaramanga consideró que el caso está navegando en un mar de dudas que, según la legislación colombiana, siempre deben ser resueltas a favor de los investigados. No solo envió llamados de atención a la Fiscalía por la falta de rigurosidad en el caso, también al Juzgado Primero de la capital santandereana por casi dejar prescribir el expediente. Los egresados hoy continúan su vida, algunos de ellos dictando clase y otros formándose en carreras de posgrado. Bautizaron el proceso penal como “el caso Lebrija”.

“Nos sentimos felices y tranquilos. Consideramos que los fallos brindan elementos suficientes para comprender el papel de los agentes infiltrados en las universidades públicas. Creemos que en estas dos instancias los jueces decidieron no creer en todo lo que Díaz y la Fiscalía presentaron. Esperamos que no haya repercusiones negativas contra nosotros o nuestras familias. Esperamos que esta sentencia sirva para seguir demostrando la inocencia de otros compañeros detenidos por motivos políticos”, concluyó Xiomara Torres.

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