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Los caminos judiciales se le cierran a la electa congresista Aída Merlano, hoy presa mientras avanza una investigación en su contra por supuestamente hacer parte de un entramado corrupto de compra y venta de votos en las elecciones pasadas. En días pasados el Consejo de Estado le decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura por superar los topes de la campaña y ahora acaba de admitir una demanda que busca anular su elección.
La acción judicial la radicó la Procuraduría General de la Nación. Sus pretensiones son que se anule el formulario E-26 SEN de 19 de julio de 2018, así como de la Resolución 1596 de 19 de julio de 2019, que son los actos por medio de los cuales el Consejo Nacional Electoral la declaró electa como senadora de la República para el periodo 2018-2022.
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Aunque Merlano no se ha podido posesionar, la Procuraduría busca con este recurso que Merlano no pueda ocupar su cargo, debido a que está inmersa en una investigación judicial por hacer parte de una compleja red de compra y evnta de votos, denominada por la Fiscalía como “Casa Blanca”. De fondo, la demanda busca castigar que la dirigente política haya sido elegida debido a esas maniobras irregulares.
“Este asunto es susceptible de ser considerado y estudiado bajo la perspectiva de la moralidad administrativa”, dice la Procuraduría dado que se eligió a “una ciudadana que para acceder al cargo de Senadora de la República se benefició de prácticas contrarias a la moral pública, a la ética y a la buena fe”. El caso está en manos del magistrado de la Sección Quinta, Carlos Enrique Moreno Rubio, quien admitió la demanda en auto del pasado cinco de septiembre. Ahora, el Consejo Nacional Electoral y la propia Merlano tienen 15 días para responder a la demanda.
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Las autoridades investigan su responsabilidad en la configuración de una inmensa estrategia de compra de votos. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la organización se llamó "Casa Blanca" y habría gastado más de $6.000 millones para conseguir la elección de Merlano el pasado 11 de marzo cuando alcanzó 73.250 votos.
En dichos comicios, agentes de la Sijín y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía encontraron en su sede de campaña $261 millones en efectivo, una bolsa llena de certificados electorales y armas de fuego. Merlano se entregó a las autoridades el pasado 9 de abril en la sede de la Dijín de la Policía, en el occidente de Bogotá, y fue cobijada con medida de aseguramiento diez días después.
(Lea: Corte Suprema llama a juicio a Aída Merlano por fraude electoral)
Por Redacción Judicial
