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10 Sep 2015 - 11:50 p. m.

Consejo de Estado da vía libre a la venta de Isagén

El alto tribunal estudió tres demandas presentadas en contra de la decisión del Gobierno de poner en venta el paquete accionario.

Redacción Judicial

Consejo de Estado da vía libre a la venta de Isagén

La Sección Cuarta del Consejo de Estado le dio vía libre a la decisión del Gobierno de poner en venta su paquete accionario (57,61%) en la empresa generadora de energía Isagén S.A.S. El alto tribunal no aceptó las pretensiones de las acciones judiciales que manifestaban que se estaba poniendo en riesgo el patrimonio de la Nación.

En la Sala celebrada este jueves se avaló la ponencia del magistrado Hugo Bastidas quien argumentó que no se justificó el daño que se enunció en las acciones judiciales. Ante esto se levantaron las medidas cautelares emitidas el pasado 14 de mayo y con las cuales se suspendió el proceso mientras se tomaba una decisión de fondo.

En el debate jurídico se indicó que el Gobierno sí tenía la facultad para enajenar la participación accionaria de la empresa. Durante cuatro meses el proceso de venta estuvo paralizado mientras se estudiaban las demandas radicadas ante el alto tribunal en las que se argumentaba puesto que prima el bien general y no el común.

“A partir de ejecutoria de esta sentencia, restituir 4 meses y 10 días al plazo establecido en el Decreto 1512 de 2014, para que el Gobierno Nacional reanude y culmine el programa de enajenación de la participación accionaria que la Nación tienen en Isagén, sin perjuicio de lo que pudiera disponer para ampliar el plazo”, señaló la presidenta de la Sección Cuarta.

Para la Sala los decretos 1609 y 2316 de 2003 “cumplieron los mandatos del artículo 60 de la Constitución y de la Ley 226” en lo que tiene referencia a los “principios de democratización, preferencia, protección del patrimonio público y continuidad del servicio”.

“Los destinatarios de condiciones especiales pudieron comprar acciones, al punto que obtuvieron 1.428.233 acciones”, explicó la magistrada en rueda de prensa celebrada en la noche de este jueves tras la decisión.

“Los decretos acusados observaron las normas de procedimiento de la ley 226, en cuanto a la competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para adoptar el programa de enajenación, el envío del diseño del programa a la Defensoría del Pueblo, la comunicación del plan, de enajenación anual global al Congreso y la fijación del precio”, explicó.

En el debate el magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez presentó salvamente parcial de voto al señalar existían razones para anular el artículo 8 del Decreto 1609, en cuanto que dicha norma habría fijado condiciones restrictivas para la compra de acciones de parte de personas naturales pertenecientes al grupo de destinatarios de condiciones especiales.
 

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