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El Consejo de Estado admitió una demanda contra el Decreto 802 del 23 de julio de 2023 y suspendió, de manera provisional, dos normas que regulan las condiciones para el traslado de recursos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el marco de la declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño.
La demanda fue presentada por la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, quien alegó que dichas normas vulneraban la Constitución al permitir modificar el Presupuesto General de la Nación sin aval del Congreso ni la declaratoria de un estado de excepción. Según detalló la congresista en el recurso, el decreto 802 permitía al Ejecutivo facultades que iban en contra del principio de legalidad presupuestal y deliberación democrática.
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En ese contexto, el Consejo de Estado concedió una medida cautelar de urgencia que suspende el parágrafo del artículo 4 y el inciso 2 del artículo 5 del decreto. En efecto, según el despacho ponente, el Gobierno invadió una competencia exclusiva del legislador.
“Esas disposiciones no se limitaron a regular la ejecución de recursos ya aprobados por ley, sino que habilitaron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para modificar la distribución de las apropiaciones fijadas por el Congreso en la Ley Anual de Presupuesto de 2026 mediante traslados indeterminados”, explicó el Consejo de Estado.
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“La norma obliga al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a garantizar que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuente con los recursos necesarios dentro del proceso ordinario de programación y aprobación del presupuesto, y no le confiere facultades para realizar traslados fuera de ese trámite”, se lee en el documento.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado también advirtió que el Gobierno autorizó, mediante ese decreto ordinario, traslados presupuestales indeterminados sin encontrarse en un estado de excepción, sin identificar la partida afectada y sin contar con autorización legal previa.
Y agregó que el decreto autoriza a la Ungrd a ejecutar los rubros sin adelantar licitaciones, permitiendo negociaciones directas en los precios. Por ello se decretó la suspensión provisional de los apartes.
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