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Consejo de Estado negó demanda contra la Nación por explotación ilegal de mina de oro

El alto tribunal rechazó los argumentos de 24 personas que buscaban una indemnización por los daños y perjuicios que les ocasionó una obra adelantada por las autoridades locales.

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La Sección Tercera del Consejo de Estado negó la demanda presentada en contra del municipio de Guare, Antioquia, por los daños materiales y perjuicios que sufrieron 24 personas dedicadas a la explotación de una mina de oro ubicada en el paraje El Coral en 1993.

El alto tribunal rechazó los argumentos esgrimidos en la acción que buscaban una indemnización tras la construcción de una carretera que comunicaba a los municipios de Guapante-El Pinal-Santa Rita y en cuya ejecución se destruyeron los canales que transportaban agua a la mina y la planta para el lavado del material aurífero.

Los demandantes consideraban que con esto se les había afectado la actividad y el sustento de sus familias ya que no pudieron seguir explotando el mineral. En su decisión se revisaron los permisos otorgados por la Secretaria del Departamento de Antioquia en el que se estableció que existía una autorización para explorar las 100 hectáreas pero no para explotarlas.

Pese a que se consideró que pese a que el municipio y las autoridades hicieron caso omiso a las observaciones formuladas por la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare) no se puede establecer un daño a la actividad minera puesto que los permisos no avalan ninguna explotación como se manifestó en la demanda.

“Es cierto que los demandantes tenían derecho a buscar los medios para obtener su sustento, también tienen el deber correlativo de hacerlo a través de medios legítimos y es precisamente la violación de ese deber, lo que impide la reparación, pues el derecho de daños se pone en marcha para proteger un interés lesionado, pero no un interés ilícito”, precisa uno de los apartes de la decisión.

La Sala explica que las pretensiones de los accionantes están encaminadas a obtener el resarcimiento de una serie de perjuicios que no son indemnizables, puesto que los beneficios que obtenían los demandantes provenían de la realización de una actividad ilegal que no puede ser protegida por el ordenamiento jurídico.

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