Consejo de Estado negó millonaria indemnización a desmovilizado de las AUC

Archivo

La Sección Tercera del Consejo de Estado negó una demanda de reparación presentada por un ganadero procesado en 1999 por presuntamente tener vínculos con grupos paramilitares. En la acción judicial el demandante manifestaba que había estado privado injustamente un año de su libertad hasta que un juez emitió fallo absolutorio a su favor.

El juzgado especializado de Antioquia sostuvo que la Fiscalía General no recolectó elementos materiales probatorios para sustentar la acusación en contra de Héctor Evelio Vásquez Correa por el delito de concierto para delinquir para la conformación de grupos de justicia privada.  Debido a esta situación pedía una indemnización económica para él y su grupo familiar que se habían resultado afectados.

En fallo de segunda instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Nación a pagarle una indemnización de 130 millones de pesos. La Fiscalía General presentó un recurso el cual llegó al Consejo de Estado. En el debate jurídico se desestimaron las pretensiones del accionante.

¿La razón? El alto tribunal determinó que pese a que fue absuelto por la justicia ordinaria, el nombre del accionante aparecía en la lista de los desmovilizados del Bloque Héroes de Granada de las AUC en el proceso de paz que se adelantó con Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth se manifestó que los hechos que rodearon la detención del demandante se presentaron por su exclusiva culpa, hecho por el cual no había responsabilidad de la Fiscalía General ni de la Rama Judicial por el año que estuvo privado de su libertad.

En este sentido se advierte en el fallo de 32 páginas que pese a que en el proceso penal no se probó la relación del accionante con los paramilitares, la Agencia Colombiana para la Reintegración lo identificó como desmovilizado del Bloque ‘Héroes de Granada’, lo que lo convierte en contraventor de mandatos constitucionales, que prueban la actuación dolosa en la que incurrió, que eximen a la Nación de su deber de reparar el daño causado por la privación injusta de su libertad.