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La Sección Primera del Consejo de Estado negó una tutela interpuesta por el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro, en contra del Presidente de la República en la que pedía que no sancionara la modificación del Código Disciplinario Único. En la acción judicial radicada en julio pasado por el congresista y líder de la Colombia Humana señala que el proyecto avalado por el Congreso para modificar la ley 1952 de 2019 (Código Disciplinario) afectan directamente sus derechos fundamentales e iría en contravía de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Con los argumentos del senador el alto tribunal no solo negó sus pretensiones sino que remitió el documento a la Corte Constitucional para que realice el estudio dentro de los próximos 10 días. En concreto, Petro decía que se desconocía el fallo del 8 de julio de 2020 del organismo interamericano que en ese momento declaró responsable al Estado colombiano por vulnerar sus derechos fundamentales con el fallo emitido en 2013 por la Procuraduría General que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos por las irregularidades que se presentaron en la planeación y puesta en marcha del modelo de aseo de Bogotá cuando fue alcalde de Bogotá. Para Petro, la modificación del Código Disciplinario desconoce lo ordenado por el organismo internacional cuando se le ordenó al Estado “adecuar, en un plazo razonable su ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos”.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos también estableció que la Procuraduría no podía destituir funcionarios públicos que fueron elegidos a través de voto popular debido a que esa decisión solo puede ser tomada por un juez penal. El presidente de la Corporación Excelencia a la Justicia, Hernando Herrera Mercado le dijo a este diario hace unos meses que el proyecto radicado ante el legislativo busca “acentuar y ajustar” el esquema institucional colombiano conforme a las funciones de la Procuraduría a lo que dictaminó el fallo internacional.
“Servirá para ponderar las funciones en cuanto a las sanciones a funcionarios públicos que fueron elegidos por voto popular. El otro objetivo es evitar la prescripción de un sinnúmero de casos que si entra a regir un código disciplinario de 2014 originaría que esos casos ya no sean objetos de investigación”.bLa explicación de Herrera Mercado se suma a la que ha dado la procuradora Cabello quien entró en controversia con el Consejo de Estado debido a que este último considera que con el otorgamiento de facultades jurisdiccionales al Ministerio Público se desconoce la función constitucional de la jurisdicción administrativa y la división de los poderes públicos.
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A la postura del alto tribunal se sumaron los congresistas Roy Barreras, Angélica Lozano, Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Gustavo Bolívar, Alexander López, Guillermo García, Roosevelt Rodríguez, Wilson Arias y Alberto Castilla quienes a través de una misiva dirigida al Senado expusieron su descontento sobre la aprobación del proyecto debido a que, a su juicio, convierte a la Procuraduría en “policía política sin control” y esto conlleva a un “grave” daño a la democracia.
Para los congresistas, la Procuraduría en cabeza de Cabello, con el mandato internacional, presentó el proyecto que, a su juicio, “burla la sentencia de la CorteIDH en la medida que lo que no hace es garantizar que un juez imparcial tome las decisiones sino que decidió convertir a sus propios procuradores en jueces súper poderosos, que además, serían los únicos jueces de Colombia que no tienen control alguno, porque ni siquiera podrían ser disciplinados por la Comisión de Disciplina Judicial, recién creada”.