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2 Jun 2022 - 3:18 p. m.

Consejo de Estado no suspende la elección del hijo de Jorge 40 como congresista

El Consejo de Estado admitió dos demandas que piden desligar a Jorge Rodrigo Tovar, hijo del jefe paramilitar Jorge 40, de una de las 16 curules de paz prometidas a las víctimas en el proceso de justicia transicional en La Habana. Sin embargo, por ahora no queda suspendida la elección.
Jorge 'Yoyo' Tovar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40.
Jorge 'Yoyo' Tovar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40.
Foto: Colombia+20

Jorge Rodrigo Tovar, hijo del jefe paramilitar Jorge 40, es uno de los congresistas que, por ahora, se posesionará oficialmente el próximo 20 de julio en una de las 16 curules de paz prometidas a las víctimas del conflicto armado. Aunque el Consejo de Estado admitió dos demandas que buscan declarar nula su elección, a través de las votaciones de marzo pasado, la misma corporación decidió no suspenderlo provisionalmente mientras estudia los argumentos de los demandantes.

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Una de las demandas fue presentada por la Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna (Dilo Colombia). Sobre ese radicado, el Consejo de Estado consideró que, aunque la fundación pide indagar sobre la pertenencia de Tovar al grueso de víctimas del conflicto, el hijo de Jorge 40 sí está acreditado en el Registro Único de Víctimas. Además, el mismo congresista electo aportó los certificados que avalaron su candidatura y que le podrían permitir ocupar la curul negociada desde 2016 y que tuvo luz verde el año pasado por decisión de la Corte Constitucional.

El pasado 13 de marzo, Jorge Rodrigo Tovar obtuvo una votación de 11.500 sufragios. La fundación remarca que el hijo de Jorge 40 ha trabajado en las alcaldías de Manaure (La Guajira), Valledupar y la Gobernación de Cesar y, en el último tiempo, en 2019, fue designado por el gobierno de Iván Duque como coordinador de la Oficina de Víctimas del Ministerio de Interior. Un nombramiento que levantó polémica y la indignación de varias víctimas y organizaciones sociales, que terminó con la salida de su cargo.

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Esa trayectoria, dice la demanda, es incompatible con el cargo que ocuparía como representante de las víctimas de la circunscripción 12, que comprende los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira. Precisamente territorios donde su padre dejó cientos de víctimas mientras lideró el bloque Norte de los paramilitares. De hecho, Jorge 40 ordenó en abril de 2004 la masacre de Bahía Portete, en la alta Guajira, que dejó un saldo de 12 personas asesinadas, integrantes de la comunidad indígena Wayuu. Otra de las masacres que se le imputan ocurrió en noviembre de 2000, cuando los paramilitares a su mando asesinaron a 40 pescadores en Sitio Nuevo, Magdalena.

De acuerdo con la demanda de la Fundación, las curules de paz tienen como propósito “corregir el hecho de que las víctimas de la violencia no pudieron gozar de sus derechos políticos. Esto implica que los destinatarios de estas medidas son, en esencia, aquellas personas que han sido históricamente excluidas del poder político debido a que hayan habitado regularmente en los territorios más afectados por el conflicto o que hayan sido desplazados de ellos”.

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El Espectador se comunicó en abril pasado con Tovar, quien respondió que jamás ha hecho parte de un partido político: “en Colombia no existen víctimas de primera, segunda y hasta tercera categoría. Todas las víctimas en este país, que oficialmente somos más de 9 millones -pero en realidad son más del doble de esa cifra- tenemos los mismos derechos. Soy víctima del conflicto porque en varias ocasiones fui desplazado, incluso al llegar al punto de tener que salir del país como única posibilidad de seguir con vida. Desde que tengo siete años vengo siendo víctima de amenazas en contra de mi vida y la de mi familia”.

La otra demanda es obra de la ciudadana Blanca Elva Puentes, quien explicó ante el Consejo de Estado que el hijo de Jorge 40 podría estar inhabilitado para ejercer como congresista. Todo porque se desempeñó como funcionario del Ministerio del Interior “hasta cuatro meses y medio antes del proceso electoral en el que obtuvo la curul en disputa”. Según la demanda, el tiempo mínimo era de 12 meses. Además, también duda en si Tovar representa a las víctimas del conflicto armado y, por tanto, debe ser su voz en el Congreso.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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