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La Sección Quinta del Consejo de Estado reprogramó para el próximo año la continuación del estudio de la demanda contra la elección de Alejandro Ordóñez Maldonado como procurador General de la Nación para un segundo periodo.
El alto tribunal tomó esta decisión después de ordenar la práctica de pruebas documentales en este caso, en el cual se busca establecer si se presentaron irregularidades en el proceso de votación y elección del jefe del Ministerio Público en el senado de la República.
La elección de Ordóñez Maldonado fue demandada argumentando que se presentaron vicios en el trámite, irregularidades en la votación y una especie de tráfico de influencias en su nombramiento.
En la acción judicial se señala que el Procurador General no contó con los votos exigidos, igualmente se argumenta que no se aceptaron los impedimentos y las recusaciones presentadas por los senadores que argumentaron conflicto de intereses.
"El proceso de elección de Ordóñez como Procurador General de la Nación violó el artículo 126 de la Constitución es decir que tenía que ser una elección de una terna", indicando que el mismo día de la elección se presentó la renuncia a la terna de la magistrada María Mercedes López.
Igualmente se argumenta que Ordóñez Maldonado usó su facultad “de nombrar discrecionalmente a funcionarios para beneficiar en el acceso a cargos públicos a los familiares de las personas competentes que intervinieron en su designación, específicamente a los familiares de magistrados” de la Corte Suprema de Justicia.