El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución de la Presidencia de la República con la que se autorizaron las negociaciones y acercamientos para buscar la paz con la Segunda Marquetalia, disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Márquez. El alto tribunal accedió a la medida, mientras revisa de fondo una demanda que pide tumbar toda la resolución.
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El eje central de la decisión provisional de la Sección Primera de alto tribunal está en una demanda presentada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz en la que pide que se anule la totalidad de la resolución 064 de 2024 por, supuestamente, ir en contra de la ley. Lo que señala el exjefe de la cartera es que la ley de paz total (2272 de 2022) establece rutas para las negociaciones políticas para grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) y acercamientos para el sometimiento en el caso de estructuras de crimen de alto impacto (EAOCAI).
Según expuso, las disidencias de las Farc son EAOCAI, por lo que el único camino que tendrían sería el sometimiento y no la negociación, pero que esa resolución los ubicaba en otra categoría con más beneficios que no merecían. Por eso, pidió al alto tribunal suspender provisionalmente los efectos, mientras se decide de fondo si la resolución pude continuar o debe caerse en su totalidad.
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En su decisión, el Consejo de Estado determinó que cuando la Corte Constitucional le dio su visto bueno a la llamada ley de paz total, admitió la posibilidad de adelantar diálogos o negociaciones orientados al fin de la violencia. Sin embargo, que fue clara al decir que tales procesos tienen naturaleza política. En contraste, frente a las EAOCAI, los acercamientos y conversaciones están dirigidos a lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento.
Por otra parte, el análisis estuvo en que la ley define que los desmovilizados que regresan a las armas pertenecen a la categoría de EAOCAI y no pueden ser objeto de nuevas negociaciones de paz. El alto tribunal señaló incluso un apartado de la norma en el que se lee que “se entenderá como parte de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto a los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado Colombiano”.
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El Consejo de Estado determinó que la calificación de cada grupo no puede darla el presidente de la República, sino que “su naturaleza jurídica queda directamente determinada por el legislador, sin que dicha calificación esté sujeta a condición alguna ni a una valoración discrecional adicional”. Asimismo, se tuvo en cuenta que videos y comunicados que le permitieron confirmar que los líderes del grupo armado son disidentes de las antiguas Farc y que ya habían firmado un acuerdo en 2016.
“Se evidencia que se trata de una organización criminal conformada por exmiembros de las FARC-EP que, tras haberse desmovilizado, decidieron retornar a la confrontación armada en contra del Estado colombiano”, dice la decisión de la medida cautelar. También, el documento del Consejo de Estado señala que “admitir la instalación de una Mesa de Diálogos de Paz dirigida a lograr pactos de acuerdos de paz con ex miembros de grupos armados supondría un claro desconocimiento de las garantías y, en especial, del derecho de las víctimas del conflicto armado a la no repetición”.
Tras conocerse la decisión del Consejo de Estado, Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Segunda Marquetalia, habló con este diario y dijo que “no estamos en negociación con la Segunda Marquetalia desde noviembre de 2024. El acto administrativo que da origen a nuestras conversaciones con la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano (grupo que se mantuvo en diálogos tras la división con Iván Márquez) fue en el 2025. Se trató de una segunda decisión con un grupo con el que ya hemos suscrito varios acuerdos”. Asimismo, Novoa manifestó que “la suspensión provisional no tendría por qué afectar nuestro diálogo porque no estamos negociando con Iván Márquez ni con el Zarco Aldinever”.
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