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El 13 de mayo de 2012 el exsenador Eduardo Merlano protagonizó un escándalo con la denominada frase “usted no sabe quién soy yo”, en medio de un procedimiento policial en el que se negó a que le inmovilizaran su vehículo y le tomaran una prueba de alcoholemia. 11 años después, el Consejo de Estado le anuló la sanción disciplinaria que le había impuesto la Procuraduría porque esta no tenía competencia para hacerlo.
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Para la época en la que ocurrieron los hechos, salió a la luz pública un video en el que el exsenador le reprochaba a los policías de tránsito hacer su trabajo mientras fue requerido en un puesto de control en el norte de Barranquilla. “¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Cómo le van a hacer una prueba de alcoholemia a un Senador de la República? 50 mil personas votaron por mí y ustedes me van a faltar al respeto?”, dijo en su momento.
El escándalo de Merlano le costó que, en octubre de 2012, la Procuraduría lo inhabilitara para ocupar cargos públicos durante 10 años. El argumento del Ministerio Público es que influyó en miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla, así como en funcionarios que laboraban en el Centro Automático de Despacho, valiéndose de la investidura de senador, para que no se continuara con el procedimiento de inmovilización de su vehículo. Dos años más tarde, el Consejo de Estado decretó la perdida de investidura por los mismos hechos.
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La decisión de la Procuraduría no dejó conforme a la defensa de Merlano, quien radicó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, advirtiendo que el Ministerio Público no podía sancionarlo disciplinariamente. Tras su estudio, el alto tribunal le dio la razón al exsenador y ordenó anular las sanciones, al considerar que el órgano de control no tenía competencia para imponer una sanción que restringiera el ejercicio de los derechos políticos de Merlano, quien fue elegido popularmente.
Esta decisión implica que la Procuraduría General de la Nación deberá pagarle a Merlano los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de su retiro hasta el 14 de noviembre de 2014, fecha en la que quedó en firme la providencia que declaró la pérdida de investidura de senador.
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A pesar de esta decisión, es importante aclarar que la perdida de investidura en su contra se mantiene, y la Corte Suprema de Justicia adelanta un proceso en su contra por el delito de tráfico de influencias de servidor público.
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