El Consejo de Estado tumbó la sanción que la Procuraduría le impuso en 2019 a Rodolfo Hernández. La sanción fue de ocho meses y tiene relación con la cachetada que Hernández le propinó al concejal Jhon Jairo Claro Arévalo cuando era alcalde de Bucaramanga, porque este acusó a su hijo de favorecerse con presuntos contratos con la empresa de aseo Vitalogic. Esta suspensión se tradujo en una sanción de 124 millones de pesos, porque ya no ocupaba ese cargo cuando fue sancionado.
Le puede interesar: Procuraduría sanciona a Rodolfo Hernández por tratos irrespetuosos
La decisión del alto tribunal se da luego de echar para atrás el fallo del Tribunal Administrativo de Santander, que le negó en primera instancia la suspensión de la sanción, al argumentar que en este caso no aplicaba el fallo que la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), interpuso contra Colombia por el Caso Petro. Lo anterior porque se trataba de una sanción y no una suspensión. Pero el alto tribunal no estuvo de acuerdo porque el Ministerio Público no podía sancionarlo por haber sido elegido popularmente, como lo dice la sentencia internacional.
“La Sala revocará la decisión de primera instancia y declarará la nulidad de los actos administrativos demandados por haberse impuesto por parte de la Procuraduría una sanción de inhabilidad y suspensión a un servidor público elegido popularmente (la cual, posteriormente, se convirtió en el pago de salarios), lo que conlleva una restricción de derechos políticos, que como se analizó con anterioridad, es competencia exclusiva de las autoridades judiciales competentes”, explica el Ministerio Público.
Lea además: Imputan cargos a Rodolfo Hernández por supuesta financiación irregular en campaña
El excandidato presidencial tiene, sin embargo, otra sanción pendiente que le impuso la Procuraduría. En 2023 lo sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 14 años a Hernández. Fue declarado disciplinariamente responsable por mover sus fichas en la Alcaldía de Bucaramanga en un proceso contractual de 2016. El proyecto buscaba la adquisición de tecnología de aseo para la capital santandereana y Hernández aprovechó su cargo para que su hijo, Luis Carlos Hernández, resultara beneficiado.
La Procuraduría comprobó que Hernández tuvo una reunión en Bogotá con emisarios de la compañía (Vitalogic RSU), “no como un acto de cortesía para oír propuestas”, sino para conocer como se había estructurado el proyecto que previamente había solicitado. En esa misma reunión se acordó designar la persona que elaboraría los términos que permitieran que la empresa fuera la seleccionada. Según el expediente, el hijo de Rodolfo Hernández, como intermediario, iba a obtener hasta US$100 millones si Vitalogic RSU quedaba seleccionado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.