Contrabando de combustible, un delito fronterizo

La Guajira es uno de los departamentos donde más se registra contrabando de hidrocarburos. / Cortesía Policía Fiscal y Aduanera.

En los 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela diariamente se mueve un negocio ilegal que, aunque resulta ser muy lucrativo para muchos habitantes del norte y oriente del país, desangra poco a poco la economía colombiana. Se trata del contrabando de combustible. En cifras, este delito representa US$370 millones que se dejan de percibir e involucra a varios actores que son necesarios para ejecutar este delito.

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La mayoría del combustible ilegal que llega a Colombia proviene de Venezuela, debido a que en este país el precio de la gasolina es muy económico y su rentabilidad al pisar territorio colombiano puede llegar a incrementarse hasta en un 1.000 %. Las grandes mafias dedicadas a este tipo de negocio buscan contactos en el país vecino, especialmente en el estado de Zulia o en las provincias de La Paz, Concepción y Santa Cruz de Mara, para poder adquirir el combustible. Un galón de gasolina en Venezuela puede costar entre $800 y $900. Al llegar al país su precio se incrementa de acuerdo con el sitio en donde sea distribuido.

En el departamento de La Guajira un galón puede costar $3.600, en Norte de Santander tiene un valor de $5.500 y en Cesar de $6.500. Una vez adquirido el combustible es transportado a la frontera, generalmente en horas de la noche y en camiones de carga para evitar controles de las autoridades. Al llegar a su destino, se almacena en casas o bodegas que permitan su fácil movilización y distribución. Estos lugares son conocidos como centros de acopio y la mayoría de ellos están en los municipios de Maicao, Cuestecitas (La Guajira), Tibú, Cúcuta (Norte de Santander), entre otros.

“Las mafias se ubican en áreas tradicionalmente afectadas o catalogadas como zonas del contrabando, especialmente municipios de alto riesgo, vulnerables y ubicados en pasos fronterizos. Allí surgen unas especies de capos o de patrones que se han venido posesionando y que se hicieron contrabandistas porque se apoderaron y adquirieron el dominio de unas rutas clandestinas”, asegura el general Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y Aduanera. Además, al ser almacenado de manera irregular, este combustible se convierte en un peligro para la comunidad aledaña a estos centros de acopio.

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Según las autoridades, una sola banda dedicada al contrabando de hidrocarburos puede llegar a movilizar cerca de 20.000 galones de combustible de manera ilegal al mes, lo que significa que al año se moverían cerca de 240.000 galones. “Esas grandes mafias tienen conexiones con grupos al margen de la ley. Alias la Patrona (recientemente capturada) tenía conexiones y “el permiso” del Eln, porque el negocio es de ellos. En Norte de Santander lo tienen el Clan del Golfo y los grupos organizados. Y en La Guajira las mafias que operan sobre la frontera y los grupos de algunas comunidades indígenas, que son los que hacen protección allí”, agregó el general Buitrago a este diario.

Pero estas no son las únicas consecuencias de esta actividad ilícita. A nivel social, el contrabando de hidrocarburos también significa problemáticas como homicidios selectivos, delincuencia común, hurtos, riñas, entre otros. Uno de los hechos más recientes de este tipo tiene que ver con el ataque a varios uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera en Maicao (La Guajira) por parte de contrabandistas que incendiaron el camión en que se movilizaban los uniformados con gasolina decomisada. El atentado, ocurrido el pasado domingo 25 de noviembre, dejó a dos patrulleros gravemente heridos y se anunció una recompensa de $20 millones a quien dé información para dar con los responsables del ataque.

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Para contrarrestar este fenómeno, las autoridades pondrán en marcha el Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos (CIC2H), que estará integrado por entidades como Fiscalía, Ejército, DIAN, Policía Nacional, Ministerio de Minas, entre otros. Se espera que la próxima semana sea su lanzamiento. Otra de las estrategias para la reducción de este delito es la implementación de alternativas laborales que permitan a las personas dedicadas a este tipo de actividades regresar a la legalidad. Finalmente, las autoridades consideran también que debe darse un cambio de mentalidad de las comunidades que ven “legal” este tipo de actividad.